En términos numéricos hay una ecuación muy simple y sencilla que todo gobierno debe tomar en cuenta antes de iniciar sus proyectos económicos y sociales más=menos delincuencia. Está comprobado que en aquellos países en donde hay una alta tasa de desempleo, la delincuencia no representa el mayor reto para esas autoridades.

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Para nadie es un secreto que el gobierno varelista dejó un desastre total al cumplir su periodo de cinco años. Prueba de ello son las denuncias que han estado haciendo actuales funcionarios de varias instituciones como: Aduanas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Conades y muchas otras más, cuyo escenario de corrupción tendrá que investigarse a fondo y deslindar las responsabilidades que le correspondan al exfuncionario de esa dependencia estatal.

Si existe algo que hay que reconocerle a la pasada administración es que muy frecuentemente utilizaba la retórica en sus discursos sobre la honestidad y la transparencia. En innumerables ocasiones vimos al gobernante usar constantemente estos conceptos como pretendiendo convencer a la población que el impoluto era él y el resto un grupo de corruptos. Sin embargo, las bellezas que están reluciendo en algunas instituciones dan a entender todo lo contrario.

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Es importante que dejemos al Gobierno pasado a un lado, que sean las autoridades judiciales quienes se encarguen de hacer su trabajo, respetando el debido proceso de los sindicados, pero que exista una verdadera certeza de castigo, tal como ellos pregonaban. No podemos seguir perdiendo el tiempo en tratar de enfocarnos en asuntos de venganza o de pretender que se siga con una estructura de persecución, tal como le sucedió al anterior Gobierno.

Todo el esfuerzo que haga el sector público y el privado debe estar encaminado a robustecer la economía del país para que vuelva a existir una mejor calidad de vida que nos merecemos todos los panameños. Aquí no deben darse espacios para las equivocaciones, dudas o improvisaciones. Debemos actuar con pasos firmes para forjar y promover los programas y proyectos que generen nuevas plazas de trabajo. Cada año se gradúan alrededor de 30 mil estudiantes en todo el país, ávidos de encontrar una fuente de empleo.

En estos 100 días del gobierno del presidente Laurentino Cortizo hay que reconocerle que ha dado algunos pasos importantes en el marco de sus proyecciones de políticas públicas con la finalidad de incentivar y promover las oportunidades de plazas de empleos en el país. Las reformas a la ley de intereses preferenciales es una de ellas, porque es imperativo fomentar en el área de bienes y raíces la generación de empleos en el sector de la construcción, una industria que representa el 31 por ciento del producto interno bruto.

Elevar el rango para adquirir viviendas en un precio que va de 120 mil a 180 mil, naturalmente es una manera correcta para promover no solamente el empleo, sino la oportunidad para que cientos de familias puedan conseguir viviendas a mejores precios y mejorar su calidad de vida. Estas reformas también tendrán un impacto importante en el sector bancario del país, nervio motor de la economía nacional. Un ejemplo del alcance de las reformas a la ley de intereses preferenciales se vio recientemente con la celebración de la feria ExpoCapc que realizó transacciones por el orden de los 170 millones de dólares.

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Hay sectores económicos que coinciden en que sería positivo la iniciativa gubernamental de presentar un proyecto de ley que eleve el tope del déficit fiscal para no violar la ley actual, equilibrar las finanzas del país y ofrecer garantías a las inversiones nacionales y extranjeras.

Concluimos con este artículo expresando nuestro respaldo a las políticas de promover la generación en los sectores público y privado con inversiones que estén bajo la protección de un verdadero régimen jurídico. De esta manera, le cortamos los tentáculos a las organizaciones del crimen organizado para evitar que sigan reclutando a futuras generaciones huérfanas de apoyo económico y moral.

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