Más sobre el caso Pinochet
Como es sabido, el apretado fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Inglaterra revocó la decisión de la Alta Corte de Londres que le concedía inmunidad de jefe de Estado al general y senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte. Por sus implicancias jurídicas, a la virtual extradición de Pinochet para ser sometido a la jurisdicción de la justicia española crea un precedente histórico para juzgar a los incriminados de actos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado, en cualquier lugar del mundo donde hayan cometido los delitos, invocándose tratados supranacionales que sancionan los atropellos a los derechos humanos.
De acuerdo a los expertos en Derecho Internacional Público, el fallo británico establece una jurisprudencia fundamental: el delito de genocidio no puede tener impunidad para jefes de Estado extranjeros y abre el camino para que otros dictadores y autores de delitos de lesa humanidad, puedan ser procesados ante tribunales internacionales o de naciones con alguna conexión con el lugar de los crímenes, ya que en sus propios países resulta imposible hacerlo.
Asimismo, el recurso de eludir la justicia nacional mediante leyes ad hoc de amnistía, análogas a las que determinaron la inmunidad de Pinochet y Cedras, pierde consistencia jurídica ante los principios universales que protegen la libertad de pensamiento y el derecho a una existencia como valores supremos. Ese es precisamente el caso planteado ayer con el general uruguayo retirado Gregorio Alvarez, requerido ahora por tribunales franceses por la desaparición de un ciudadano franco uruguayo hace treinta años.
Desde el punto de vista jurídico, es seguro que el fallo de los lores ingleses será debatido largamente por los eruditos, especialmente en lo que atiende a la supuesta vulneración de la soberanía por iniciativas y decisiones de tribunales foráneos, y los alcances y límites del concepto de inmunidad diplomática. Sin embargo, desde la perspectiva política, el fallo constituye una victoria trascendente en la medida que fortalece el libre juego de las ideologías sin riesgos de ataques físicos o de exterminio.
En este sentido el fallo camina a convertirse en una advertencia mundial para los conductores de los regímenes políticos erigidos en base a la violencia, la tortura y los asesinatos. Puede decirse que estamos en los umbrales de una justicia penal universal para los delitos de genocidio.
Hay quienes creen que el proceso chileno de reconciliación queda seriamente debilitado por un fallo que podría encrespar a las fuerzas armadas y a los sectores conservadores. Quizás el tiempo dictaminará que la reconciliación no puede asumir el precio de la impunidad genocida y que si alguien, militar o civil, se atreviera a seguir las violaciones de Pinochet ya está enterado de los riesgos a los que se expondría. Pensamos que la democracia chilena se consolidará a la larga con la extracción de la estaca que hería profundamente la legitimidad moral y jurídica de sus basamentos.
De acuerdo a los expertos en Derecho Internacional Público, el fallo británico establece una jurisprudencia fundamental: el delito de genocidio no puede tener impunidad para jefes de Estado extranjeros y abre el camino para que otros dictadores y autores de delitos de lesa humanidad, puedan ser procesados ante tribunales internacionales o de naciones con alguna conexión con el lugar de los crímenes, ya que en sus propios países resulta imposible hacerlo.
Asimismo, el recurso de eludir la justicia nacional mediante leyes ad hoc de amnistía, análogas a las que determinaron la inmunidad de Pinochet y Cedras, pierde consistencia jurídica ante los principios universales que protegen la libertad de pensamiento y el derecho a una existencia como valores supremos. Ese es precisamente el caso planteado ayer con el general uruguayo retirado Gregorio Alvarez, requerido ahora por tribunales franceses por la desaparición de un ciudadano franco uruguayo hace treinta años.
Desde el punto de vista jurídico, es seguro que el fallo de los lores ingleses será debatido largamente por los eruditos, especialmente en lo que atiende a la supuesta vulneración de la soberanía por iniciativas y decisiones de tribunales foráneos, y los alcances y límites del concepto de inmunidad diplomática. Sin embargo, desde la perspectiva política, el fallo constituye una victoria trascendente en la medida que fortalece el libre juego de las ideologías sin riesgos de ataques físicos o de exterminio.
En este sentido el fallo camina a convertirse en una advertencia mundial para los conductores de los regímenes políticos erigidos en base a la violencia, la tortura y los asesinatos. Puede decirse que estamos en los umbrales de una justicia penal universal para los delitos de genocidio.
Hay quienes creen que el proceso chileno de reconciliación queda seriamente debilitado por un fallo que podría encrespar a las fuerzas armadas y a los sectores conservadores. Quizás el tiempo dictaminará que la reconciliación no puede asumir el precio de la impunidad genocida y que si alguien, militar o civil, se atreviera a seguir las violaciones de Pinochet ya está enterado de los riesgos a los que se expondría. Pensamos que la democracia chilena se consolidará a la larga con la extracción de la estaca que hería profundamente la legitimidad moral y jurídica de sus basamentos.
