Maximizar oportunidades de aprendizaje
Recientemente participé en la VI CONFINTEA Conferencia Internacional de Educación de Adultos, antecedida por un Foro de la Sociedad Civil, realizadas ambas en la Ciudad de Belem en el amazónico estado de Pará, Brasil. Compartimos algunas de las ideas elaboradas por la sociedad civil que creemos deberían desarrollarse en Panamá.
La educación de personas jóvenes y adultas EPJA es un derecho humano y social fundamental que viene siendo sistemáticamente violado. Todos los gobiernos deberían tener legislaciones para que la EPJA sea considerada en su integralidad como un derecho justiciable.
La EPJA es clave para enfrentar la actual crisis sistémica y global (alimentaria, energética, financiera, situaciones de conflicto o climática), y construir un futuro sustentable y trabajar hacia la igualdad y justicia de género. La educación popular es fundamental para la renovación de la educación de las personas adultas como mecanismo de transformación social y política.
La EPJA debe ser inclusiva y diversa abarcando todas las áreas de la actividad humana, promoviendo el bienestar y no solamente el desarrollo económico. Por tanto, debe basarse en una acción intersectorial e interministerial, liderado por el Ministerio de Educación. La sociedad civil, representantes de los educandos y educadores, deben ser incluidos/as en los procesos de toma de decisiones, junto con los gobiernos.
La EPJA debe ser reconocida como condición para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Por tanto, debe ser priorizada en los planes nacionales y en la revisión del progreso hacia este logro. Todos los gobiernos deben desarrollar políticas que cuenten con pleno financiamiento, planes claramente orientados y legislación que garantice la alfabetización de personas adultas y el aprendizaje a lo largo de la vida, antes del 2012. Estos planes deben estar basados en evidencias creíbles (por ejemplo, nuevas encuestas nacionales), sobre los niveles de alfabetización y sobre los índices actuales de participación en el aprendizaje de personas jóvenes y adultas; debiendo considerarse como parte integral de los planes sectoriales de educación o de los planes de reducción de la pobreza. Deben reconocer el rol de la educación en la transformación de los valores y las actitudes, y deben enfrentar todo tipo de prácticas discriminatorias, por ejemplo, las basadas en el género. Deben tomar en cuenta los nuevos desafíos de la inclusión digital, la necesidad urgente de mejorar las capacidades para la investigación y la evaluación, así como la necesidad de formación de calidad y una mejor remuneración para educadoras de personas adultas.
Los gobiernos deben maximizar las oportunidades de aprendizaje disponibles para todas las personas y que se maximice la inversión sostenible por parte de individuos, empleadoras/es y el Estado para asegurar que ninguna persona quede excluida, por ello los gobiernos deben, incluir por lo menos el 6% de los presupuestos nacionales de educación destinados a la EPJA; y los empleadoras invertir como mínimo el 1% de su nómina de pagos en educación y capacitación relacionadas con el trabajo. Los recursos deben canalizarse correctamente para asegurar que lleguen a las personas más desfavorecidas o excluidas, y los propios educandos adultos deben tener voz en el desarrollo de políticas y prácticas que les afecten.
La sociedad civil juega un rol central en el monitoreo riguroso, y debe ser un socio crítico en el desarrollo de políticas y prácticas de la educación de personas adultas. (raulleisr@hotmail.com)
