Medidas para preservar el ambiente
Las políticas de dirección y control se fundamentan en la fijación de estándares de contaminación de forzoso cumplimiento. Esto implica que las autoridades determinan objetivos, en ocasiones arbitrariamente, sin tomar en consideración normas diferentes para sitios distintos, las cuales las empresas están obligadas a cumplir adoptando la tecnología necesaria; de lo contrario, se expondrían a enfrentar severas penalidades, ya sea administrativas o judiciales. Se trata pues de un régimen inflexible, de alto costo y beneficios limitados.
La nueva generación de medidas ambientales pretenden influenciar el comportamiento mediante la alteración de las señales de precios a las empresas y a los consumidores. Quizá la medida más conocida es el sistema internacional de negociación de permisos adoptado mediante el Protocolo de Montreal, creado para salvar la capa de ozono mediante permisos negociables de utilización del floruro de carbón. Chile y Estados Unidos también han tenido éxito utilizando este tipo de medida, éste último en el uso de dióxido de sulfuro, adoptado hace una década por George Bush padre.
Europa ha utilizado con mayor intensidad los impuestos y tasas, como medida para proteger el medio ambiente. Esta herramienta altera el precio de bienes y servicios para reflejar los efectos dañinos sobre el medio ambiente. La deficiencia de esta última se refleja usualmente en las exenciones, que en ocasiones abren la puerta para abusos excesivos. Igual ocurre con los subsidios especiales como en los pesticidas y el uso de agua para los agricultores.
Otra herramienta de nueva generación es la divulgación oportuna y transparente de información. En este frente, Europa ha liderado al mundo con reglamentos, por ejemplo, sobre el etiquetado explicativo sobre efectos al medio ambiente. Pero quizá la fórmula probada por el Banco Mundial en Indonesia resultará ser aún más efectiva. Allá se crearon cinco niveles, de oro hasta negro, y se encajaron a las empresas en cada uno de esas calificaciones en base a estudios sobre sus políticas ambientales. En primera instancia, se revelaron los nombres de las empresas en la categoría de oro y se dio un plazo para la divulgación de las demás listas. Para sorpresa de pocos, las empresas con las calificaciones bajas rápidamente adoptaron medidas correctivas.
En Panamá, es obvio que las autoridades carecen de los recursos para adoptar medidas de dirección y control. Quizá deban concentrarse en esta nueva generación de medidas ambientalistas antes de gastar sus escasos recursos implementando medidas que han demostrado ser parcialmente ineficaces.
La nueva generación de medidas ambientales pretenden influenciar el comportamiento mediante la alteración de las señales de precios a las empresas y a los consumidores. Quizá la medida más conocida es el sistema internacional de negociación de permisos adoptado mediante el Protocolo de Montreal, creado para salvar la capa de ozono mediante permisos negociables de utilización del floruro de carbón. Chile y Estados Unidos también han tenido éxito utilizando este tipo de medida, éste último en el uso de dióxido de sulfuro, adoptado hace una década por George Bush padre.
Europa ha utilizado con mayor intensidad los impuestos y tasas, como medida para proteger el medio ambiente. Esta herramienta altera el precio de bienes y servicios para reflejar los efectos dañinos sobre el medio ambiente. La deficiencia de esta última se refleja usualmente en las exenciones, que en ocasiones abren la puerta para abusos excesivos. Igual ocurre con los subsidios especiales como en los pesticidas y el uso de agua para los agricultores.
Otra herramienta de nueva generación es la divulgación oportuna y transparente de información. En este frente, Europa ha liderado al mundo con reglamentos, por ejemplo, sobre el etiquetado explicativo sobre efectos al medio ambiente. Pero quizá la fórmula probada por el Banco Mundial en Indonesia resultará ser aún más efectiva. Allá se crearon cinco niveles, de oro hasta negro, y se encajaron a las empresas en cada uno de esas calificaciones en base a estudios sobre sus políticas ambientales. En primera instancia, se revelaron los nombres de las empresas en la categoría de oro y se dio un plazo para la divulgación de las demás listas. Para sorpresa de pocos, las empresas con las calificaciones bajas rápidamente adoptaron medidas correctivas.
En Panamá, es obvio que las autoridades carecen de los recursos para adoptar medidas de dirección y control. Quizá deban concentrarse en esta nueva generación de medidas ambientalistas antes de gastar sus escasos recursos implementando medidas que han demostrado ser parcialmente ineficaces.
