Megapuertos y otros males
Reza un proverbio popular que "todo lo que mal empieza, mal acaba". Al parecer los gobiernos de mi país se les ha olvidado esta vieja enseñanza popular e insisten a hacer sin seguir las reglas de transparencia, la claridad para la natural confianza ciudadana.
Este gobierno viene acumulando un rosario de situaciones que ameritan corregirse, enmendarse y en otras explicaciones a la ciudadanía que alejen de una buena vez la suspicacia. El tema del transporte público masivo es una calamidad, trampas de muerte y una vergüenza nacional. El gobierno, luego de tragedias tras tragedia, anunció que eliminaría el actual sistema, pero sin mayores explicaciones salvo comprar 400 autobuses.
De igual suerte está el tema de la contrucción de la Cinta Costera por la empresa Odebrecht-Cusa que ofreció 189.1 millones de dólares para construir la obra. El precio base establecido por el Gobierno era 137 millones de dólares. El ministro de Obras Públicas explicó que en una "licitación por mejor valor" el precio no es el factor determinante para que una empresa se adjudique.
Y para rematar, surge el tema del Club de Yates y Pesca, que por fuerza de la razón y la justicia, debe irse a otro lado, se pretende justificar su estadía y otorgarle más espacio.
La eventual venta del 49% de las acciones de la empresa Cable & Wireless que posee el Estado panameño y la poca transparencia con la que el Gobierno ha manejado el caso de la consultoría que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar la rentabilidad a futuro de esas acciones.
El escandaloso robo de 832 mil dólares del Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), por funcionarios del Ministerio de Educación y miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Las misteriosas concesiones de trabajos para la remoción de la fibra de vidrio de los centros escolares del país. El Meduca invirtió 10 millones de dólares en la remoción del aislante en 685 planteles y aún persisten escuelas y colegios denunciando los problemas por lo mismo.
Ahora interponen demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución de Gabinete número 24 del 7 de abril del presente año, que autoriza a la Ministra de Comercio e Industrias, en coordinación con AMP, para que en nombre del Estado proceda a la negociación directa de un contrato para el diseño, construcción y administración de una terminal de contenedores en el área de Farfán al consorcio conformados por las empresas COSCO Pacífico Limited y Ports America Group.
Y así seguimos en este país de desaciertos con otros temas, como la inseguridad ciudadana, los oficiales y policías metidos a ladrones y traficantes de drogas, la usurpación de bienes públicos. La carencia de una política de seguridad alimentaría, la falta de energía eléctrica, las nubosas informaciones sobre la transformación del sistema de salud panameño y otras más, que atribulan el alma del panameño.
