Meta, boquete y gobernabilidad
Entre los hechos dignos de ser resaltados, ocurridos en el año que termina, está el importante cambio que se produjo en la correlación de las fuerzas políticas en el Organo Legislativo. Hasta agosto de 2002 los sectores de la oposición política, el PRD y la Democracia Cristiana, ahora rebautizada como Partido Popular, aliadas en el pacto META, que no transformó nada y realizó menos, habían mantenido el control del Organo Legislativo, que aprovecharon para entorpecer la gobernabilidad. La prueba más evidente fue su obstinada resistencia aprobar los presupuestos generales, lo que obligó a prorrogar la vigencia del año anterior, comprometiendo el normal funcionamiento de las finanzas públicas.
Gracias a la actitud asumida por algunos legisladores del PRD, que desafiaron las amenazas de sus dirigentes, el control de los extraños aliados del pacto META se fracturó y fue posible la elección de una directiva legislativa de tono neutral. A pesar de todas las afirmaciones en contrario, la nueva dirección del Organo Legislativo no es incondicional del Organo Ejecutivo. El denominado pacto de Boquete garantiza objetividad y normalidad en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, lo que no era posible bajo el pacto META.
El resultado del cambio en la conducción de la Asamblea Legislativa tuvo efectos inmediatos de la mayor importancia. Gracias al mismo, después de muchos años, el Presupuesto General del Estado se aprobó con suficiente anticipación para que su ejecución pueda iniciarse desde el primer día del año 2003. La incertidumbre que existió en los años anteriores, en los que el presupuesto se aprobaba después de enormes pugilatos en las últimas horas del último día del año, quedó atrás. La aprobación oportuna del presupuesto, a parte de devolver certidumbre a las finanzas públicas, ha contribuido a mejorar la percepción de nuestro país en el exterior.
También, gracias al cambio en la correlación de fuerzas en el Organo Legislativo, fue posible la aprobación de importantes reformas a la legislación electoral. El sistema todavía requiere de otros ajustes, pero, en términos generales, su funcionalidad ha mejorado sustantivamente.
Como resultado de los cambios introducidos al Código Electoral, se ha eliminado la obligatoriedad de escoger los candidatos de los partidos mediante elecciones primarias. Esta reforma, referida al escogimiento de los candidatos presidenciales, ha dado espacio para la polémica.
El sistema de elecciones primarias es una importación del modelo norteamericano que, a decir verdad, tiene poco arraigo en nuestra tradición electoral, pero, por razones conocidas, su modificación, como era de esperar, ha producido algunas protestas, a mi juicio infundadas.
Las elecciones primarias si bien puedan ser positivas, también tienen el inconveniente de que pueden provocar la desestabilización de las partidas en su funcionamiento interno y, además, encarecer y alargar las campañas políticas.
Uno de los vicios políticos que afectan negativamente a las democracias latinoamericanas es que las campañas electorales son muy prolongadas, y al iniciarse con demasiada antelación con respecto a la fecha de las elecciones contribuyen a la inestabilidad institucional y alterar el normal desempeño de la gestión de gobierno.
La eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias podría dar paso a que los partidos políticos acordaran reducir el período de las campañas electorales y, consecuentemente, sus costos. En varios países europeos y ya en algunos latinoamericanos se han dado pasos para limitar las campañas electorales a semanas o como máximo dos o tres meses. Si en Panamá adoptáramos ese camino, todo el año 2003 podría liberarse de las presiones que ellas producen. Respetuosamente sugiero a los partidos políticos considerar esa posibilidad y adoptar de común acuerdo un calendario que proponga hasta el año 2004 el inicio de la campaña electoral.
Gracias a la actitud asumida por algunos legisladores del PRD, que desafiaron las amenazas de sus dirigentes, el control de los extraños aliados del pacto META se fracturó y fue posible la elección de una directiva legislativa de tono neutral. A pesar de todas las afirmaciones en contrario, la nueva dirección del Organo Legislativo no es incondicional del Organo Ejecutivo. El denominado pacto de Boquete garantiza objetividad y normalidad en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, lo que no era posible bajo el pacto META.
El resultado del cambio en la conducción de la Asamblea Legislativa tuvo efectos inmediatos de la mayor importancia. Gracias al mismo, después de muchos años, el Presupuesto General del Estado se aprobó con suficiente anticipación para que su ejecución pueda iniciarse desde el primer día del año 2003. La incertidumbre que existió en los años anteriores, en los que el presupuesto se aprobaba después de enormes pugilatos en las últimas horas del último día del año, quedó atrás. La aprobación oportuna del presupuesto, a parte de devolver certidumbre a las finanzas públicas, ha contribuido a mejorar la percepción de nuestro país en el exterior.
También, gracias al cambio en la correlación de fuerzas en el Organo Legislativo, fue posible la aprobación de importantes reformas a la legislación electoral. El sistema todavía requiere de otros ajustes, pero, en términos generales, su funcionalidad ha mejorado sustantivamente.
Como resultado de los cambios introducidos al Código Electoral, se ha eliminado la obligatoriedad de escoger los candidatos de los partidos mediante elecciones primarias. Esta reforma, referida al escogimiento de los candidatos presidenciales, ha dado espacio para la polémica.
El sistema de elecciones primarias es una importación del modelo norteamericano que, a decir verdad, tiene poco arraigo en nuestra tradición electoral, pero, por razones conocidas, su modificación, como era de esperar, ha producido algunas protestas, a mi juicio infundadas.
Las elecciones primarias si bien puedan ser positivas, también tienen el inconveniente de que pueden provocar la desestabilización de las partidas en su funcionamiento interno y, además, encarecer y alargar las campañas políticas.
Uno de los vicios políticos que afectan negativamente a las democracias latinoamericanas es que las campañas electorales son muy prolongadas, y al iniciarse con demasiada antelación con respecto a la fecha de las elecciones contribuyen a la inestabilidad institucional y alterar el normal desempeño de la gestión de gobierno.
La eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias podría dar paso a que los partidos políticos acordaran reducir el período de las campañas electorales y, consecuentemente, sus costos. En varios países europeos y ya en algunos latinoamericanos se han dado pasos para limitar las campañas electorales a semanas o como máximo dos o tres meses. Si en Panamá adoptáramos ese camino, todo el año 2003 podría liberarse de las presiones que ellas producen. Respetuosamente sugiero a los partidos políticos considerar esa posibilidad y adoptar de común acuerdo un calendario que proponga hasta el año 2004 el inicio de la campaña electoral.
