Midamos el rendimiento escolar
Sabemos que Panamá gasta mucho y produce poco en educación. Dicho de otro modo, tenemos el peor producto por balboa invertido. Muchas son las causas pero, en esencia, todas apuntan al mismo mal que aqueja a todo el aparato estatal panameño, no sabe gastar y, si se quiere, no hace otra cosa que dilapidar. Hay demasiada burocracia y pocos educadores; mucha cantidad y pobre calidad, poco trabajo y mucho robo. El 80% del presupuesto universitario, por ejemplo, se destina a planilla; y lo mismo en el resto de la educación nacional. La inversión y los resultados no se ven.
Para mejorar la situación debemos hacer dos cosas: ser más eficientes con el gasto y, al mismo tiempo, medir sus resultados. A este último rubro nos referiremos en esta ocasión. Empezaremos con señalar que hay que prestar atención a Nivia Roxana Castrellón, dirigente del Círculo Empresarial en pro del Mejoramiento de la Calidad de la Educación.
Ella es una profunda conocedora del tema porque, entre sus actividades empresariales, incluye desde hace años el negocio de la educación particular. Su gestión dentro del programa de escuelas hermanas, conforme al cual algunos colegios privados colaboran voluntariamente a la elevación del nivel y la calidad de uno similar público, es admirable.
Castrellón sugiere que, en nuestro país, se apliquen las pruebas de medición de rendimiento escolar internacional denominadas bajo las siglas TIMSS, IEAA y FISA las cuales, salvando diferencias, equivalen en materia educativa a lo que que en producción industrial o de servicios son las normas internacionales ISO, reconocidas como instrumentos uniformes de medición en el sector.
Si no aplicamos estos sistemas de medición al rendimiento escolar, nunca sabremos si mejoramos o empeoramos con relación a nosotros mismos y con relación a otros países que lo aplican.Gracias a las pruebas, se sabe, por ejemplo, que Cuba marcha a la cabeza en rendimiento escolar en la región y que la educación pública en Estados Unidos está por encima de la particular.
Aunque su costo es módico, de sólo B/.50 mil anual, algunos gobiernos son renuentes en aplicar las pruebas porque expondrían su ineficiencia en el sector. Para nosotros eso es inconcebible, pues sería tanto como obviar las auditorías que velan por un recto manejo de fondos, bienes y negocios en un negocio cualquiera.
No aplicar las pruebas sería, como dice Castrellón, hacer las veces del avestruz que, metiendo la cabeza en la arena, pretende que no hay tormenta. Conviene al país comprar sus derechos y hacer su aplicación regular y obligatoria tanto a nivel público como privado. Sólo así sabremos los padres de familia y los contribuyentes que cargamos con el costo de la educación nacional, cuán bien o cuán mal estamos, para poder, con fundado conocimiento de causa, hacer los ajustes y mejorar.
Para mejorar la situación debemos hacer dos cosas: ser más eficientes con el gasto y, al mismo tiempo, medir sus resultados. A este último rubro nos referiremos en esta ocasión. Empezaremos con señalar que hay que prestar atención a Nivia Roxana Castrellón, dirigente del Círculo Empresarial en pro del Mejoramiento de la Calidad de la Educación.
Ella es una profunda conocedora del tema porque, entre sus actividades empresariales, incluye desde hace años el negocio de la educación particular. Su gestión dentro del programa de escuelas hermanas, conforme al cual algunos colegios privados colaboran voluntariamente a la elevación del nivel y la calidad de uno similar público, es admirable.
Castrellón sugiere que, en nuestro país, se apliquen las pruebas de medición de rendimiento escolar internacional denominadas bajo las siglas TIMSS, IEAA y FISA las cuales, salvando diferencias, equivalen en materia educativa a lo que que en producción industrial o de servicios son las normas internacionales ISO, reconocidas como instrumentos uniformes de medición en el sector.
Si no aplicamos estos sistemas de medición al rendimiento escolar, nunca sabremos si mejoramos o empeoramos con relación a nosotros mismos y con relación a otros países que lo aplican.Gracias a las pruebas, se sabe, por ejemplo, que Cuba marcha a la cabeza en rendimiento escolar en la región y que la educación pública en Estados Unidos está por encima de la particular.
Aunque su costo es módico, de sólo B/.50 mil anual, algunos gobiernos son renuentes en aplicar las pruebas porque expondrían su ineficiencia en el sector. Para nosotros eso es inconcebible, pues sería tanto como obviar las auditorías que velan por un recto manejo de fondos, bienes y negocios en un negocio cualquiera.
No aplicar las pruebas sería, como dice Castrellón, hacer las veces del avestruz que, metiendo la cabeza en la arena, pretende que no hay tormenta. Conviene al país comprar sus derechos y hacer su aplicación regular y obligatoria tanto a nivel público como privado. Sólo así sabremos los padres de familia y los contribuyentes que cargamos con el costo de la educación nacional, cuán bien o cuán mal estamos, para poder, con fundado conocimiento de causa, hacer los ajustes y mejorar.
