MIDES: Mucho ruido y pocos hechos
Hace ya seis meses que la Ministra de Desarrollo Social presentó -con ruido de bombos y platillos- el proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez. Inmediatamente, sin siquiera haber leído y analizado el mismo, saltaron a adversarlo quienes por afanes politiqueros o desviaciones fanáticas se oponen a cualquier medida social que atienda las necesidades de los grupos más indefensos, como son los niños y las mujeres. Esta reacción no debió tomar por sorpresa a la proponente y requería salir a defender la necesidad de articular las disposiciones vigentes en materia de niñez, así como de recabar el apoyo de la bancada de gobierno y de algunos diputados de oposición que han demostrado capacidad y compromiso social, en lugar de optar por un cauteloso silencio y desvincularse del tema.
Como resultado de esta inercia, un proyecto tan importante, con el que se comprometieron decenas de expertos y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez, se archivó sin ninguna justificación y se escondió en el limbo al que van a parar las iniciativas legislativas huérfanas de la voluntad política requerida para convertirse en leyes de la República. Además, se pospusieron muchas iniciativas y acciones que dependen del ordenamiento, reglamentación, divulgación y fiel cumplimiento de las leyes existentes, de forma que la protección de la niñez sea completa, articulada y coherente para que llegue a todos los niños en esa etapa de sus vidas.
La situación de pobreza, abandono, maltrato y abuso de menores no admite más improvisaciones ni puede corregirse con enmiendas que no consideran el conjunto de disposiciones orgánicamente formuladas. No es otra cosa lo que se pretende al colar -en el mayor secretismo- un mediocre proyecto de modificación de la ley de adopciones que lleva tres años engavetado, porque con la presentación del Proyecto de Protección Integral de la Niñez se abría la oportunidad de adecuar diferentes aspectos legales evitando duplicaciones, redundancias y hasta contradicciones entre leyes y decretos aprobados en diferentes momentos.
No parecen serias ni coherentes las explicaciones que ha dado la ministra para justificar este desmembramiento del Proyecto de Protección Integral para discutir un tema que es parte del mismo -como son las adopciones- argumentando que se necesita endurecer los procesos para evitar que hipotéticas mafias internacionales trafiquen con niños panameños, cuando la realidad es que las situaciones irregulares que se han dado en esta materia son resultado de la ineptitud y la demora en cumplir con las disposiciones legales vigentes. Es bien sabido que mientras más complicados y poco transparentes son los trámites de adopción, mayor es la posibilidad de que éstos se contaminen con prácticas de corrupción.
En materia social el país sigue esperando, que sin tanto ruido publicitario, comencemos a ver hechos que evidencien algo más que buenas intenciones.
