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Milanés y los filisteos


La legisladora Haydée Milanés de Lay ha amenazado con desatar un escándalo peor al del CEMIS, el cual afectará por igual tanto a sus colegas del gobierno como de la oposición. El motivo de la insólita amenaza es el hecho que el Tribunal Electoral ha admitido, para darle curso, la demanda de impugnación interpuesta contra su proclamación como legisladora reelecta por el circuito 5-1 de Darién.
Se recordará que el escándalo del CEMIS envolvió a parlamentarios de ambas bancadas, quienes intercambiaron acusaciones recíprocas sobre el cobro de coimas para aprobar un centro multimodal en Colón y el nombramiento de dos magistrados políticos en la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué propone Milanés? ¡Asombroso! Plantea que los principales partidos políticos del país se pongan de acuerdo para buscar una solución al juicio que enfrenta. Se le acusa de ser beneficiaria del uso de dineros del Estado, supuestamente destinados para becas a estudiantes pobres, con el real propósito de ayudar a su reelección.
Durante un allanamiento televisado, practicado por el Fiscal Electoral, Gerardo Solís, a una Junta Comunal del lugar, se exhibieron libretas de cheques firmados en blanco por valor de varias decenas de miles de balboas. El fiscal sugiere que los cheques tenían por objeto la compra de votos o favores electorales. En uno de ellos se explicaba que era para reparar un vehículo que no existe.
Lo más irregular, a nuestro juicio, no es tanto la difícil situación en que se encuentra la legisladora en el juicio, sino la forma como propone salir del aprieto, esto es, mediante un arreglo político entre partidos de signos opuestos que, según ella, tienen en común ser vulnerables al chantaje y compartir el mismo estercolero.
Nos llama la atención la ausencia de los esperados argumentos de inocencia y de las confabulaciones ciertas o falsas para hacerle daño. Nada de eso. Aquí, o le quitan la demanda o le confirman su legislatura o, de lo contrario, hablará para hacer hundir, junto con ella, al resto de la clase política sin importar si es de signo propio o ajeno.
¿Qué clase de democracia tenemos que nos da legisladores así? Porque no sólo es ella.
En tal sentido, el diseño y reformulación de cambios no debiera producir grandes divergencias en sus objetivos: fomentar un marco competitivo, siempre y cuando la tecnología así lo permita, y garantizar un retorno que sea razonable en función de los costos operativos y de los costos de capital, lo cual parecería bastante obvio, pero también debe contemplarse una real defensa del consumidor y establecer normas que se adapten a la realidad del país y que velen y cumplan con esos intereses.
Tales hechos son totalmente genuinos dadas las condiciones actuales en las que se encuentra Panamá y no debiera ser, desde ninguna óptica, señales de inversión incongruentes con la de tener un marco de precios óptimos.

101 años de Panamá América

 
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