Ministerio Público: Crisis y sistemas
QUIEN PRETENDA hacer creer que la "crisis" del Ministerio Público panameño es, exclusivamente, la que patrocina la crisis del sistema judicial nuestro, incurre en el grave error de perder, objetivamente, la integralidad del problema por advertir tan sólo aspectos particulares como es el caso de la reciente renuncia del Fiscal de Drogas, Licdo, Patricio Candanedo y lo que, hasta el momento, demuestra ser la muerte dolosa del inspector Brewster encargado de la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial. Consideramos, en ese sentido, que la situación demanda análisis muchos más serios y científicos, por lo que el problema debe abordarse desde la perspectiva sistémica. Y volvemos a una cuestión polémica que es de vieja data: cuáles son nuestros métodos y nuestras metas en materia de combate o lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales, la corrupción o explotación sexual de menores, la trata ilícita de personas, el tráfico ilegal de nacionalidades, la redes del crimen organizado juvenil y adulto, en fin. Por otro lado, señalar que hay crisis en virtud del problema de la supuesta infiltración de los tentáculos del narcotráfico en los estamentos de gobierno, constituye una cuestión muy seria y delicada que debe advertirse con mucha rigurosidad política y jurídica. Retornamos entonces al problema de las políticas de seguridad nacional, de seguridad ciudadana y de la administración de justicia. Consideramos que para abordar un análisis serio y objetivo debemos considerar lo anacrónico del sistema de justicia que impera en nuestro medio. La realidad va por delante de la legalidad y de la judicialidad. Los resortes jurídicos se han quedado desfasados e insertos en un sistema procesal o judicial que permanece quieto ante situaciones muy concretas que demandan soluciones igualmente concretas. Se trata del análisis objetivo y de las soluciones objetivas a esa realidad social.
Por ello, las propuestas de códigos, tanto en lo penal y procesal punitivo, pretenden paliar o atenuar los rigores perversos de esa realidad delincuencial que se advierte a lo largo y ancho del país. Pero no solamente ello: también procuramos dotar a la nación de auténticos resortes normativos o legales que acreditarán la transparencia del juicio, la defensa de la libertad, el ataque a la impunidad, el respeto al debido proceso, la defensa de la libertad ambulatoria, el incremento de penas para los delitos de mayor reprochabilidad penal, la tutela efectiva de los derechos, libertades y garantías constitucionales, atacar de modo efectivo la mora judicial, producir condenas racionales y probadas en juicio, reconocimiento de los derechos humanos en la secuela del proceso y en cualquier otra esfera, justicia expedita, creíble y transparente, oralidad de los procesos punitivos, etc.
Como se podrá comprender, es un engaño señalar o expresar que hay crisis merced a la renuncia o investigación que se surte en contra de un determinado fiscal o juez. Las crisis, desde la perspectiva de un análisis objetivo, tienden a darse a nivel del fracaso de los sistemas. Advertir, insisto, cuestiones particulares de los problemas que se dan o producen en el seno de nuestra sociedad, conlleva a análisis errados y enfoques impropios que nada aportan a la discusión, debate y solución del tema. El hacer mera referencia a un determinado o específico problema, tan sólo tiene el carácter de ilustrativo o ejemplificativo, pero corriendo el error de no precisar el foco principal de la crisis del sistema. Por ello, es menester aclarar que el sistema judicial patrio ha fracasado. Que se requiere el advenimiento de nuevos paradigmas penales y judiciales. Naciones como Colombia, Chile, España, Guatemala, Honduras, Brasil, México, etc., por citar unos cuantos ejemplos tan sólo, han podido captar esta necesidad y procedieron a modificar o reorientar sus sistemas punitivos.
En otro orden de ideas, es importante aclarar que el derecho penal ni el procesal punitivo constituyen la panacea de posibles soluciones, en el sentido de lo absoluto, de nuestros problemas de administración de legalidad. No, de ninguna manera. Téngase presente que ambas ramas del ordenamiento jurídico de un Estado entran en la calificación doctrinaria de ser meros "controles externos" de la sociedad. No podemos, en consecuencia, en ese orden de ideas, generar un derecho penal del enemigo, como han criticado algunos autores y un derecho penal para los delincuentes buenos. No se trata de eso. Hay que aunar esfuerzos gubernamentales y sociales en la lucha contra el crimen organizado y producirle a la sociedad en general réditos que tranquilicen a nuestra gente. De lo contrario, el caos, la anarquía y la inseguridad seguirán ganando terreno en nuestro medio. La política criminal patria demanda, luego un enfoque integral de nuestra criminalidad, convocar a las naciones circunvecinas, a sus gobernantes, para aunar esfuerzos en esa lucha es una tarea impostergable. De lo contrario, seguiremos en un círculo vicioso, perverso, que nos matará lentamente a través de un letargo social que anquilosará toda perspectiva de desarrollo de nuestro pueblo. Sería injusto, luego, decir que la culpa de tal o cual persona, independientemente del rango o cargo que ostente. Se trata de unir esfuerzos y no tener miedo.
(stekrakri@hoptmail.com)
Por ello, las propuestas de códigos, tanto en lo penal y procesal punitivo, pretenden paliar o atenuar los rigores perversos de esa realidad delincuencial que se advierte a lo largo y ancho del país. Pero no solamente ello: también procuramos dotar a la nación de auténticos resortes normativos o legales que acreditarán la transparencia del juicio, la defensa de la libertad, el ataque a la impunidad, el respeto al debido proceso, la defensa de la libertad ambulatoria, el incremento de penas para los delitos de mayor reprochabilidad penal, la tutela efectiva de los derechos, libertades y garantías constitucionales, atacar de modo efectivo la mora judicial, producir condenas racionales y probadas en juicio, reconocimiento de los derechos humanos en la secuela del proceso y en cualquier otra esfera, justicia expedita, creíble y transparente, oralidad de los procesos punitivos, etc.
Como se podrá comprender, es un engaño señalar o expresar que hay crisis merced a la renuncia o investigación que se surte en contra de un determinado fiscal o juez. Las crisis, desde la perspectiva de un análisis objetivo, tienden a darse a nivel del fracaso de los sistemas. Advertir, insisto, cuestiones particulares de los problemas que se dan o producen en el seno de nuestra sociedad, conlleva a análisis errados y enfoques impropios que nada aportan a la discusión, debate y solución del tema. El hacer mera referencia a un determinado o específico problema, tan sólo tiene el carácter de ilustrativo o ejemplificativo, pero corriendo el error de no precisar el foco principal de la crisis del sistema. Por ello, es menester aclarar que el sistema judicial patrio ha fracasado. Que se requiere el advenimiento de nuevos paradigmas penales y judiciales. Naciones como Colombia, Chile, España, Guatemala, Honduras, Brasil, México, etc., por citar unos cuantos ejemplos tan sólo, han podido captar esta necesidad y procedieron a modificar o reorientar sus sistemas punitivos.
En otro orden de ideas, es importante aclarar que el derecho penal ni el procesal punitivo constituyen la panacea de posibles soluciones, en el sentido de lo absoluto, de nuestros problemas de administración de legalidad. No, de ninguna manera. Téngase presente que ambas ramas del ordenamiento jurídico de un Estado entran en la calificación doctrinaria de ser meros "controles externos" de la sociedad. No podemos, en consecuencia, en ese orden de ideas, generar un derecho penal del enemigo, como han criticado algunos autores y un derecho penal para los delincuentes buenos. No se trata de eso. Hay que aunar esfuerzos gubernamentales y sociales en la lucha contra el crimen organizado y producirle a la sociedad en general réditos que tranquilicen a nuestra gente. De lo contrario, el caos, la anarquía y la inseguridad seguirán ganando terreno en nuestro medio. La política criminal patria demanda, luego un enfoque integral de nuestra criminalidad, convocar a las naciones circunvecinas, a sus gobernantes, para aunar esfuerzos en esa lucha es una tarea impostergable. De lo contrario, seguiremos en un círculo vicioso, perverso, que nos matará lentamente a través de un letargo social que anquilosará toda perspectiva de desarrollo de nuestro pueblo. Sería injusto, luego, decir que la culpa de tal o cual persona, independientemente del rango o cargo que ostente. Se trata de unir esfuerzos y no tener miedo.
(stekrakri@hoptmail.com)
