Mireya vs. la nueva Constitución
Constantemente oímos las voces de los que, descontentos por los males de la actual administración, claman por una nueva Constitución. Recientemente, el aparente uso de actos y recursos públicos para promover la legislatura del legislador Afú -un legislador quien hace unos meses había confesado haber recibido sobornos para la aprobación de leyes-, ha vuelto a revolver el caldero político y nuevamente algunos comentaristas piden que esto se corrija a través de en una nueva Constitución.
Sin embargo, si analizamos profundamente, veremos que el problema no es una nueva Constitución, el problema es la presidenta Moscoso. En el caso más reciente, no requerimos de una nueva Constitución para prohibirle a la Presidenta el uso de los recursos del Estado para proselitismo político, ya que la actual Carta Magna prohíbe ese uso. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Veamos los otros casos que han originado el clamor de algunos por reformas constitucionales. En el caso de los nombramientos de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, muchos dicen que el problema es que hay que cambiar el método de selección. Aunque, en efecto, un método mejorado de selección de los magistrados sería positivo, el actual no fue el problema.
El actual método tiene como contrapeso a la designación de los magistrados por parte de la presidencia a la ratificación de esos nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.
El pueblo, en su gran sabiduría, eligió a una asamblea de oposición que hiciera contrapeso a los excesos de la actual presidenta. ¿Qué falló en el nombramiento de los magistrados? Lo que falló fue el hecho de que, aparentemente, hubo compra de legisladores, que inclusive el mismo magistrado Cigarruista confirmó posteriormente. Esto es ilegal en base a la Constitución y las leyes actuales.
No se necesitan reformas a la Constitución para juzgar el soborno de legisladores, ya que actualmente eso es ilegal. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Igual con el control inconstitucional de los órganos Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo. La Constitución actual obliga a la separación de poderes; por lo tanto, el aparente control por parte de la presidenta sobre el Legislativo y el Judicial, y más cuando ese control se ha dado en medio de serias acusaciones de compra de legisladores, es ilegal e inconstitucional. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la Presidenta.
En cuanto a los privilegios de los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, éstos, en su gran mayoría, se pueden eliminar con sólo modificar el reglamento de la Asamblea y, quizá, hacer algunos cambios en las leyes. Sin embargo, el Legislativo controlado por la presidencia no ha hecho nada al respecto. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Finalmente, volviendo al tema del proselitismo político por parte de la presidenta a favor del Sr. Alemán, del confesado Afú, y de otros, vemos que los dos presidentes que la precedieron no hicieron lo mismo. Queda claro, entonces señores: no es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Sin embargo, si analizamos profundamente, veremos que el problema no es una nueva Constitución, el problema es la presidenta Moscoso. En el caso más reciente, no requerimos de una nueva Constitución para prohibirle a la Presidenta el uso de los recursos del Estado para proselitismo político, ya que la actual Carta Magna prohíbe ese uso. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Veamos los otros casos que han originado el clamor de algunos por reformas constitucionales. En el caso de los nombramientos de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, muchos dicen que el problema es que hay que cambiar el método de selección. Aunque, en efecto, un método mejorado de selección de los magistrados sería positivo, el actual no fue el problema.
El actual método tiene como contrapeso a la designación de los magistrados por parte de la presidencia a la ratificación de esos nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.
El pueblo, en su gran sabiduría, eligió a una asamblea de oposición que hiciera contrapeso a los excesos de la actual presidenta. ¿Qué falló en el nombramiento de los magistrados? Lo que falló fue el hecho de que, aparentemente, hubo compra de legisladores, que inclusive el mismo magistrado Cigarruista confirmó posteriormente. Esto es ilegal en base a la Constitución y las leyes actuales.
No se necesitan reformas a la Constitución para juzgar el soborno de legisladores, ya que actualmente eso es ilegal. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Igual con el control inconstitucional de los órganos Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo. La Constitución actual obliga a la separación de poderes; por lo tanto, el aparente control por parte de la presidenta sobre el Legislativo y el Judicial, y más cuando ese control se ha dado en medio de serias acusaciones de compra de legisladores, es ilegal e inconstitucional. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la Presidenta.
En cuanto a los privilegios de los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, éstos, en su gran mayoría, se pueden eliminar con sólo modificar el reglamento de la Asamblea y, quizá, hacer algunos cambios en las leyes. Sin embargo, el Legislativo controlado por la presidencia no ha hecho nada al respecto. No es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
Finalmente, volviendo al tema del proselitismo político por parte de la presidenta a favor del Sr. Alemán, del confesado Afú, y de otros, vemos que los dos presidentes que la precedieron no hicieron lo mismo. Queda claro, entonces señores: no es asunto de cambiar la Constitución, es asunto de cambiar a la presidenta.
