Modelos importados
¿Quién en nuestro país puede defender y aceptar que las antiguas entidades nacionales de servicios públicos, ahora desafortunadamente privatizadas, realmente satisfacen a sus usuarios? Por eliminación veamos quiénes la defienden: Primero, los dueños y accionistas que, en su mayoría, son personas extranjeras; segundo, aquellos malos panameños que de una u otra forma avalaron tales privatizaciones; tercero, uno que otro privatizado empleado bien remunerado.
Cualquiera de estas tres clases son en definitiva la minoría, mientras que los afectados, explotados, abusados y desencantados, son la mayoría; entiéndase que más del 90%.
Dado que la lista de hechos, pruebas y situaciones desagradables que hemos experimentado, pudieran ocupar todo el espacio de este escrito, no nos detendremos a enumerarlos, puesto que ya a escasos tres años de estar operando las susodichas empresas, no cabe la menor duda que los panameños estamos de acuerdo en que las mismas sean nuevamente administradas por el estado panameño.
Tampoco debemos dedicar líneas, explicando y sustentando que, de acuerdo a la globalización, que la experiencia de tal o cual país, que las finanzas y aportes de aquéllas no eran suficientes, que la fluctuación de la economía, etc., ya conocimos lo bueno y lo malo de lo que fueron bajo nuestra administración.
Tenemos que hacernos el firme propósito de que las empresas privatizadas vuelvan a ser de propiedad estatal, estructurar la ley o leyes que contemplen pena de cárcel máxima, sin beneficio alguno, para los administradores que cometan el delito de desfalco, peculado o malversación de fondos; que dicha ley contemple el mecanismo de remoción y nombramiento del administrador (a) para que la mano tenebrosa de los politiqueros no las intoxique.
Claro que nada de lo que propongo es fácil, también sé que la nacionalización de los servicios públicos representaría sumas millonarias en concepto de indemnización a los dueños; sin embargo, por qué tenemos los panameños que someternos y aguantarnos el yugo explotador y abusivo de los pésimos servicios de luz y teléfono. ¿Qué impide que una empresa estatal no pueda invertir en tecnología, recursos humanos, todo bajo el paraguas nacional? Lo único que lo impide es el espíritu proteccionista, el complejo de rebaño, ambas expresiones y norte de la mediocridad. ¿Somos inútiles acaso? Aquí tenemos sino el menor, por lo menos uno de los mejores ejemplos de administración, la obra que es considerada la octava maravilla del mundo: el Canal de Panamá, y no necesariamente tuvimos que privatizarlo. ¿Por qué tenemos que permitir que nos sigan abusando? ¿A santo de qué debemos quedarnos sometidos y callados para con los excesivos costos que no fallan mensualmente en los recibos y que encarecen nuestra vida? Enmendemos el error, cueste lo que cueste; no tengamos duda, miedo, ni temor. Enfrentemos el mal. Sí tenemos la capacidad, y eliminemos ese tabú de que los panameños sólo servimos para los carnavales.
Todas esas privatizaciones son productos de modelos económicos impuestos por los intereses de compañías trasnacionales, lo que muchos denominamos “modelos importados” que, en definitiva, no son ni serán nunca la solución de nada, sólo de los que se benefician directamente con tales millonarias negociaciones a costillas de nuestros pequeños salarios y arduos esfuerzos. Lastimosamente, los más grandes y suertudos holgazanes sólo viven de un toque de gracia del destino, nunca de su gran sacrificio y menos de sus aportes.
Ya en otros países, las privatizaciones no se aguantan; los pueblos han salido a las calles a protestar. No estoy de acuerdo conque manifestantes tengan que atacar a pedradas las instalaciones de las oficinas de quienes los han explotados y sé que ganas no le faltan a quienes se han sentido avasallados por dichas compañías; sin embargo, tenemos la obligación de hacer valer nuestros derechos y reclamos, como seres pacifistas, no sin olvidarnos de que la revolución es hija de la crítica. Tampoco nos esperancemos a la oficina del Ente Regulador de los Servicios Públicos, que siempre que emite un fallo, lo hace en estricto apego al derecho, olvidándose siempre que existe un principio jurídico que obliga a que, “cuando se encuentre en lucha el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Eso nunca lo hemos podido constatar departe de dicha oficina, peor aún resulta conocer los elevadísimos salarios que ostentan sus directores y demás funcionarios. Me comentó una cliente que se había acercado allí buscando ayuda, y sintió que la mandaron a hacer una especie de manda, seguidamente me comenta: “¿ Y esa gente del Ente Regulador para qué sirve?”. Con tal de no darle una explicación legal de su origen y demás funciones y atribuciones, no me quedó más que decirle que no sabía para qué servían.
Tenemos que priorizar uno de los males de la sociedad panameña: las empresas privatizadas. Acabemos con ellas, antes de que éstas nos extingan a nosotros. Echémoslas, junto con sus modelos importados.
Cualquiera de estas tres clases son en definitiva la minoría, mientras que los afectados, explotados, abusados y desencantados, son la mayoría; entiéndase que más del 90%.
Dado que la lista de hechos, pruebas y situaciones desagradables que hemos experimentado, pudieran ocupar todo el espacio de este escrito, no nos detendremos a enumerarlos, puesto que ya a escasos tres años de estar operando las susodichas empresas, no cabe la menor duda que los panameños estamos de acuerdo en que las mismas sean nuevamente administradas por el estado panameño.
Tampoco debemos dedicar líneas, explicando y sustentando que, de acuerdo a la globalización, que la experiencia de tal o cual país, que las finanzas y aportes de aquéllas no eran suficientes, que la fluctuación de la economía, etc., ya conocimos lo bueno y lo malo de lo que fueron bajo nuestra administración.
Tenemos que hacernos el firme propósito de que las empresas privatizadas vuelvan a ser de propiedad estatal, estructurar la ley o leyes que contemplen pena de cárcel máxima, sin beneficio alguno, para los administradores que cometan el delito de desfalco, peculado o malversación de fondos; que dicha ley contemple el mecanismo de remoción y nombramiento del administrador (a) para que la mano tenebrosa de los politiqueros no las intoxique.
Claro que nada de lo que propongo es fácil, también sé que la nacionalización de los servicios públicos representaría sumas millonarias en concepto de indemnización a los dueños; sin embargo, por qué tenemos los panameños que someternos y aguantarnos el yugo explotador y abusivo de los pésimos servicios de luz y teléfono. ¿Qué impide que una empresa estatal no pueda invertir en tecnología, recursos humanos, todo bajo el paraguas nacional? Lo único que lo impide es el espíritu proteccionista, el complejo de rebaño, ambas expresiones y norte de la mediocridad. ¿Somos inútiles acaso? Aquí tenemos sino el menor, por lo menos uno de los mejores ejemplos de administración, la obra que es considerada la octava maravilla del mundo: el Canal de Panamá, y no necesariamente tuvimos que privatizarlo. ¿Por qué tenemos que permitir que nos sigan abusando? ¿A santo de qué debemos quedarnos sometidos y callados para con los excesivos costos que no fallan mensualmente en los recibos y que encarecen nuestra vida? Enmendemos el error, cueste lo que cueste; no tengamos duda, miedo, ni temor. Enfrentemos el mal. Sí tenemos la capacidad, y eliminemos ese tabú de que los panameños sólo servimos para los carnavales.
Todas esas privatizaciones son productos de modelos económicos impuestos por los intereses de compañías trasnacionales, lo que muchos denominamos “modelos importados” que, en definitiva, no son ni serán nunca la solución de nada, sólo de los que se benefician directamente con tales millonarias negociaciones a costillas de nuestros pequeños salarios y arduos esfuerzos. Lastimosamente, los más grandes y suertudos holgazanes sólo viven de un toque de gracia del destino, nunca de su gran sacrificio y menos de sus aportes.
Ya en otros países, las privatizaciones no se aguantan; los pueblos han salido a las calles a protestar. No estoy de acuerdo conque manifestantes tengan que atacar a pedradas las instalaciones de las oficinas de quienes los han explotados y sé que ganas no le faltan a quienes se han sentido avasallados por dichas compañías; sin embargo, tenemos la obligación de hacer valer nuestros derechos y reclamos, como seres pacifistas, no sin olvidarnos de que la revolución es hija de la crítica. Tampoco nos esperancemos a la oficina del Ente Regulador de los Servicios Públicos, que siempre que emite un fallo, lo hace en estricto apego al derecho, olvidándose siempre que existe un principio jurídico que obliga a que, “cuando se encuentre en lucha el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Eso nunca lo hemos podido constatar departe de dicha oficina, peor aún resulta conocer los elevadísimos salarios que ostentan sus directores y demás funcionarios. Me comentó una cliente que se había acercado allí buscando ayuda, y sintió que la mandaron a hacer una especie de manda, seguidamente me comenta: “¿ Y esa gente del Ente Regulador para qué sirve?”. Con tal de no darle una explicación legal de su origen y demás funciones y atribuciones, no me quedó más que decirle que no sabía para qué servían.
Tenemos que priorizar uno de los males de la sociedad panameña: las empresas privatizadas. Acabemos con ellas, antes de que éstas nos extingan a nosotros. Echémoslas, junto con sus modelos importados.
