Modelos para el Programa de IVM
El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) es el único régimen del Estado que ofrece jubilaciones y pensiones a la población trabajadora del país, y, generalmente, funciona como un seguro colectivo, donde el costo de cubrir los riesgos individuales se distribuye entre todos los afiliados por igual. Este sistema tienen como base la solidaridad entre los afiliados (los activos aportan en beneficio de los retirados y los que aportan más compensan a los que menos).
En cuanto a la salud financiera del PIVM, las valuaciones actuariales realizadas coinciden en diagnosticar una situación deficitaria que, en el mediano plazo, podría llegar a comprometer las finanzas públicas del país. Entre las principales críticas a tipo de sistemas, están: dificultades para alcanzar el ideal de cobertura universal, la recaudación completa y oportuna de las contribuciones; proteger el valor real de los fondos de reserva; realizar ajustes en las contribuciones y beneficios según los cambios demográficos y la maduración de los sistemas.
Por éstas y otras razones, en el mundo se han propuesto reformas a lo sistemas de pensiones de reparto. En Panamá, desde 1994, con Bambito III hasta el reciente Diálogo Nacional por el Seguro Social, se han buscado distintas fórmulas de cambio.
Como referentes principales, presentamos dos modelos divergentes. Uno fundamentado en las técnicas del ahorro individual, Capitalización en Cuentas Individuales (CCI) y, otro, solidario con base en la tradición social europea. Esta última surge como resultado de dos concepciones: el sistema bismarckiano de fines del siglo XIX originario de los seguros sociales de carácter profesional y obligatorio, y el sistema de beneficio universal propuesto por Beveridge en la II Guerra Mundial. El primero de los modelos se instauró en Chile en 1981. La reforma estructural realizada buscó sustituir completamente el sistema de reparto por uno del tipo CCI (Uthoff, 2001). El modelo de CCI se fundamenta en la administración privada de los fondos para la vejez, donde las cotizaciones de los trabajadores (más la rentabilidad lograda neta de comisiones) pasan a ser de beneficio individual exclusivo. Una variante es el modelo mixto o de pilares, el cual sustituye sólo una parte del sistema de reparto al introducir el componente de CCI. Se divide el salario del trabajador en dos partes. La cotización sobre la primera parte se mantiene en el sistema de reparto, mientras que la cotización sobre la segunda se asigna al sistema CCI.
Otra variantes es el sistema de Capitalización por Cuentas Individuales Teóricas o nocionales (CCIT) donde, dentro del sistema de reparto, se adopta "teóricamente" para cada trabajador un sistema de CCI. Se da de manera teórica porque las cotizaciones son utilizadas en el pago de las prestaciones corrientes. En América Latina el modelo más influyente es el de CCI. Pero, conlleva altos costos y riesgos para el Estado y los trabajadores.
Reformar el PIVM, según el modelo de CCI, tendría un costo fiscal de cerca de B/.8,500 millones (OIT, 1998) lo que es inviable y poco conveniente para el país.
A continuación algunas características del modelo europeo de pensiones:
Prestaciones asistenciales universales no contributivas. Son las que ofrece el Estado a todos los residentes mayores independientemente de si contribuyeron o no al sistema de seguridad social. En algunos casos, se otorgan sujetas a revisión de medios económicos o inclusive sin que importe el nivel de ingreso del ciudadano. En nuestro caso, esto no sería responsabilidad de la seguridad social, en cambio, sí del Estado, ya que por diversas razones, más de la mitad de los adultos mayores no logra acceder a las prestaciones de IVM de la CSS. Por tanto, guardando proporciones fiscales, se debería ejecutar un programa similar financiado con impuestos generales u otras fuentes de ingresos. Este programa sería dirigido a los adultos mayores en situación de pobreza y sus prestaciones, al igual que en la experiencia latinoamericana, podrían fijarse en un 50% de la pensión mínima del régimen contributivo.
Prestaciones contributivas (sistema de reparto). Destacamos el fin de los países europeos de acercar la relación entre lo aportado y lo recibido a través de ajustes progresivos a los parámetros del sistema de pensiones. En Panamá, esto debería hacerse sin perjudicar a los grupos vulnerables o a los de mayor edad, quienes tendrían pocas oportunidades de adaptarse a nuevas reglas del juego. En Europa se le da importancia al estricto control contributivo de las aportaciones a la seguridad social. En nuestro caso, propuestas como el combate a la evasión, la ampliación de la base contributiva (gastos de representación) y la detección de cotizaciones no reportadas, serían consistentes con este concepto.
Prestaciones complementarias. Los países europeos dan mayor importancia a la acumulación de recursos complementarios para la vejez a través de sistemas voluntarios u obligatorios del tipo individual o colectivo. En Panamá, estos ahorros facilitarían recursos que complementarían las prestaciones, cada vez con mayores posibilidades de sufrir reducciones en el largo plazo. Y constituirían una fuente importante de financiamiento para cubrir el costo de anticipar la jubilación. Esto es pertinente, sobre todo para los grupos vulnerables o en profesiones penosas que no logran mantenerse empleados a edades avanzadas. Estos grupos, inclusive, necesitarían recibir apoyo fiscal. Como experiencia tenemos la Ley No. 54 de 2000, que crea el sistema de jubilación autofinanciable de los educadores.
La principal variable que afecta, por igual, a todos los modelos de pensiones es la implementación de políticas públicas que incentiven el empleo y la formalización de las relaciones laborales. Una creciente informalización laboral (por sobre el 40%) y una tasa de desocupación por arriba del 10% durante los últimos 20 años, son restricciones importantes para el país, las que de no corregirse en el mediano plazo, pueden hacer peligrar el éxito de cualquier tipo de modelo que se implemente.
En cuanto a la salud financiera del PIVM, las valuaciones actuariales realizadas coinciden en diagnosticar una situación deficitaria que, en el mediano plazo, podría llegar a comprometer las finanzas públicas del país. Entre las principales críticas a tipo de sistemas, están: dificultades para alcanzar el ideal de cobertura universal, la recaudación completa y oportuna de las contribuciones; proteger el valor real de los fondos de reserva; realizar ajustes en las contribuciones y beneficios según los cambios demográficos y la maduración de los sistemas.
Por éstas y otras razones, en el mundo se han propuesto reformas a lo sistemas de pensiones de reparto. En Panamá, desde 1994, con Bambito III hasta el reciente Diálogo Nacional por el Seguro Social, se han buscado distintas fórmulas de cambio.
Como referentes principales, presentamos dos modelos divergentes. Uno fundamentado en las técnicas del ahorro individual, Capitalización en Cuentas Individuales (CCI) y, otro, solidario con base en la tradición social europea. Esta última surge como resultado de dos concepciones: el sistema bismarckiano de fines del siglo XIX originario de los seguros sociales de carácter profesional y obligatorio, y el sistema de beneficio universal propuesto por Beveridge en la II Guerra Mundial. El primero de los modelos se instauró en Chile en 1981. La reforma estructural realizada buscó sustituir completamente el sistema de reparto por uno del tipo CCI (Uthoff, 2001). El modelo de CCI se fundamenta en la administración privada de los fondos para la vejez, donde las cotizaciones de los trabajadores (más la rentabilidad lograda neta de comisiones) pasan a ser de beneficio individual exclusivo. Una variante es el modelo mixto o de pilares, el cual sustituye sólo una parte del sistema de reparto al introducir el componente de CCI. Se divide el salario del trabajador en dos partes. La cotización sobre la primera parte se mantiene en el sistema de reparto, mientras que la cotización sobre la segunda se asigna al sistema CCI.
Otra variantes es el sistema de Capitalización por Cuentas Individuales Teóricas o nocionales (CCIT) donde, dentro del sistema de reparto, se adopta "teóricamente" para cada trabajador un sistema de CCI. Se da de manera teórica porque las cotizaciones son utilizadas en el pago de las prestaciones corrientes. En América Latina el modelo más influyente es el de CCI. Pero, conlleva altos costos y riesgos para el Estado y los trabajadores.
Reformar el PIVM, según el modelo de CCI, tendría un costo fiscal de cerca de B/.8,500 millones (OIT, 1998) lo que es inviable y poco conveniente para el país.
A continuación algunas características del modelo europeo de pensiones:
Prestaciones asistenciales universales no contributivas. Son las que ofrece el Estado a todos los residentes mayores independientemente de si contribuyeron o no al sistema de seguridad social. En algunos casos, se otorgan sujetas a revisión de medios económicos o inclusive sin que importe el nivel de ingreso del ciudadano. En nuestro caso, esto no sería responsabilidad de la seguridad social, en cambio, sí del Estado, ya que por diversas razones, más de la mitad de los adultos mayores no logra acceder a las prestaciones de IVM de la CSS. Por tanto, guardando proporciones fiscales, se debería ejecutar un programa similar financiado con impuestos generales u otras fuentes de ingresos. Este programa sería dirigido a los adultos mayores en situación de pobreza y sus prestaciones, al igual que en la experiencia latinoamericana, podrían fijarse en un 50% de la pensión mínima del régimen contributivo.
Prestaciones contributivas (sistema de reparto). Destacamos el fin de los países europeos de acercar la relación entre lo aportado y lo recibido a través de ajustes progresivos a los parámetros del sistema de pensiones. En Panamá, esto debería hacerse sin perjudicar a los grupos vulnerables o a los de mayor edad, quienes tendrían pocas oportunidades de adaptarse a nuevas reglas del juego. En Europa se le da importancia al estricto control contributivo de las aportaciones a la seguridad social. En nuestro caso, propuestas como el combate a la evasión, la ampliación de la base contributiva (gastos de representación) y la detección de cotizaciones no reportadas, serían consistentes con este concepto.
Prestaciones complementarias. Los países europeos dan mayor importancia a la acumulación de recursos complementarios para la vejez a través de sistemas voluntarios u obligatorios del tipo individual o colectivo. En Panamá, estos ahorros facilitarían recursos que complementarían las prestaciones, cada vez con mayores posibilidades de sufrir reducciones en el largo plazo. Y constituirían una fuente importante de financiamiento para cubrir el costo de anticipar la jubilación. Esto es pertinente, sobre todo para los grupos vulnerables o en profesiones penosas que no logran mantenerse empleados a edades avanzadas. Estos grupos, inclusive, necesitarían recibir apoyo fiscal. Como experiencia tenemos la Ley No. 54 de 2000, que crea el sistema de jubilación autofinanciable de los educadores.
La principal variable que afecta, por igual, a todos los modelos de pensiones es la implementación de políticas públicas que incentiven el empleo y la formalización de las relaciones laborales. Una creciente informalización laboral (por sobre el 40%) y una tasa de desocupación por arriba del 10% durante los últimos 20 años, son restricciones importantes para el país, las que de no corregirse en el mediano plazo, pueden hacer peligrar el éxito de cualquier tipo de modelo que se implemente.
