Modernización de los gobiernos locales
Una gran cantidad de países europeos y asiáticos, igual que la mayoría en la región, iniciaron sus respectivos procesos de modernización del Estado -para combatir la pobreza y mediocridad de sus pueblos- a través de los municipios, que son la primera instancia político-administrativa de gobierno en el distrito, por tanto, la más ligada a la comuna, a sus problemas y a una posible solución de los mismos. De aquí su posición como vía para canalizar con el gobierno central e instituciones no gubernamentales, más recursos y mejor información hacia puntos críticos de la sociedd.
La decisión exigirá cambios sustanciales, los cuales van ligados a la actualización de los estatutos que rigen la vida y funcionamiento de los gobiernos locales. Se requiere para iniciar, de una legislación orgánica que vea el municipio como una corporación y a su vez, lo dote de la fórmula y las herramientas necesarias para su funcionamiento sostenible e independiente para que accione en armonía con su carácter autónomo. Esto no significa la creación de más estructuras municipales donde ya las hay, ni tampoco demandar aumento al subsidio estatal, el cual no cuenta con reserva presupuestaria ni asidero legal.
El proceso de descentralización municipal, es -según las experiencias en países del área- el inicio del final de los estilos de administración centralistas, ya caducos en el tiempo y en el espacio. El nuevo paradigma apunta hacia una apertura que involucra las estructuras del gobierno local, por muy apartado que quede un asentamiento humano del centro urbano.
En las últimas administraciones de gobierno ha existido la voluntad, al menos para hablar sobre descentralización y reformas al régimen municipal. El actual, ratifica esos amagos y presenta un proyecto, que aunado a anteriores iniciativas -y las sugerencias que un grupo de municipalistas independiente, le vamos hacer al ejecutivo- complementa la primera etapa de un proceso de factibilidad, encaminado a modernizar el viejo modelo de administración local y dar paso a un sistema más efectivo que dinamice la gestión burocrática de la administración pública del Estado.
Desafortunadamente existe un atascamiento en las deliberaciones con respecto al liderazgo que puedan lograr algunas instancias de los gobiernos locales (la Gobernación, por ejemplo), cuyo status desprovisto de respaldo popular, la inhabilita -según estudiosos del tema- para ejercer actividades de carácter político-administrativas, por encima de otras del mismo colegiado municipal, como lo son: la Junta Comunal, la Alcaldía y el honorable Consejo Municipal. Habría que revisar nuevamente, inclusive pensar hasta en elecciones -separadas de las presidenciales y legislativas -, ya que una de las propuestas de reformas (la de oposición) le garantiza mucho poder, el cual debe ser avalado por el voto popular.
La mayoría de nuestros municipios -específicamente las alcaldías, como máximas dependencias administrativas de los gobiernos locales- sólo ejercen la bucólica actividad de cobrar impuestos y a cambio no devuelven ningún servicio a la comunidad que paga y demanda. No son capaces ni de administrar la recolección de su propia basura. Esto se debe a su frágil economía (subsidio estatal), a su estructura organizacional no definida, y en especial a una legislación desfasada que lo margina a la incapacidad y le niega cumplir su rol, de servidor de la comuna.
La iniciativa de reformar los regímenes provincial, distrital y de corregimiento (una de gobierno y otra de oposición) es muy acertada, aunque deberían ser más elocuentes -al menos la que actualmente se está divulgando-, pues habre un compás de dudas sobre la capacidad del municipio para administrar de manera transparente los recursos que le transferirá el Estado de forma porcentual. He de pensar que se estará trabajando en un intensivo programa de capacitación sobre elaboración y ejecución de proyectos, que luego se transformarán en obras comunitarias construida de manera estrategia para que beneficie a la mayor cantidad posible de ciudadanos.
El cabildeo político -entre los diversos intereses de por medio- debe manejarse en ambas direcciones, pero con un solo objetivo: La creación de una ley orgánica que modernice y fortalezca a los gobiernos locales en este país. Los intereses mezquinos -en el pasado gobierno- privó al municipalismo de la creación de esta ley de gran importancia para el desarrollo social sostenible. La actual administración de gobierno es consciente que el municipio y su modernización es parte de su agenda social y por tanto, lo atenderá como un tema de Estado, en beneficio de una institución ligada a la comuna, a sus problemas y la posible solución de los mismos.
La decisión exigirá cambios sustanciales, los cuales van ligados a la actualización de los estatutos que rigen la vida y funcionamiento de los gobiernos locales. Se requiere para iniciar, de una legislación orgánica que vea el municipio como una corporación y a su vez, lo dote de la fórmula y las herramientas necesarias para su funcionamiento sostenible e independiente para que accione en armonía con su carácter autónomo. Esto no significa la creación de más estructuras municipales donde ya las hay, ni tampoco demandar aumento al subsidio estatal, el cual no cuenta con reserva presupuestaria ni asidero legal.
El proceso de descentralización municipal, es -según las experiencias en países del área- el inicio del final de los estilos de administración centralistas, ya caducos en el tiempo y en el espacio. El nuevo paradigma apunta hacia una apertura que involucra las estructuras del gobierno local, por muy apartado que quede un asentamiento humano del centro urbano.
En las últimas administraciones de gobierno ha existido la voluntad, al menos para hablar sobre descentralización y reformas al régimen municipal. El actual, ratifica esos amagos y presenta un proyecto, que aunado a anteriores iniciativas -y las sugerencias que un grupo de municipalistas independiente, le vamos hacer al ejecutivo- complementa la primera etapa de un proceso de factibilidad, encaminado a modernizar el viejo modelo de administración local y dar paso a un sistema más efectivo que dinamice la gestión burocrática de la administración pública del Estado.
Desafortunadamente existe un atascamiento en las deliberaciones con respecto al liderazgo que puedan lograr algunas instancias de los gobiernos locales (la Gobernación, por ejemplo), cuyo status desprovisto de respaldo popular, la inhabilita -según estudiosos del tema- para ejercer actividades de carácter político-administrativas, por encima de otras del mismo colegiado municipal, como lo son: la Junta Comunal, la Alcaldía y el honorable Consejo Municipal. Habría que revisar nuevamente, inclusive pensar hasta en elecciones -separadas de las presidenciales y legislativas -, ya que una de las propuestas de reformas (la de oposición) le garantiza mucho poder, el cual debe ser avalado por el voto popular.
La mayoría de nuestros municipios -específicamente las alcaldías, como máximas dependencias administrativas de los gobiernos locales- sólo ejercen la bucólica actividad de cobrar impuestos y a cambio no devuelven ningún servicio a la comunidad que paga y demanda. No son capaces ni de administrar la recolección de su propia basura. Esto se debe a su frágil economía (subsidio estatal), a su estructura organizacional no definida, y en especial a una legislación desfasada que lo margina a la incapacidad y le niega cumplir su rol, de servidor de la comuna.
La iniciativa de reformar los regímenes provincial, distrital y de corregimiento (una de gobierno y otra de oposición) es muy acertada, aunque deberían ser más elocuentes -al menos la que actualmente se está divulgando-, pues habre un compás de dudas sobre la capacidad del municipio para administrar de manera transparente los recursos que le transferirá el Estado de forma porcentual. He de pensar que se estará trabajando en un intensivo programa de capacitación sobre elaboración y ejecución de proyectos, que luego se transformarán en obras comunitarias construida de manera estrategia para que beneficie a la mayor cantidad posible de ciudadanos.
El cabildeo político -entre los diversos intereses de por medio- debe manejarse en ambas direcciones, pero con un solo objetivo: La creación de una ley orgánica que modernice y fortalezca a los gobiernos locales en este país. Los intereses mezquinos -en el pasado gobierno- privó al municipalismo de la creación de esta ley de gran importancia para el desarrollo social sostenible. La actual administración de gobierno es consciente que el municipio y su modernización es parte de su agenda social y por tanto, lo atenderá como un tema de Estado, en beneficio de una institución ligada a la comuna, a sus problemas y la posible solución de los mismos.
