Modernizar la investigación criminal
La criminalidad se ha modernizado y globalizado en los últimos tiempos, mientras que la investigación para combatirla y juzgarla ha quedado atrás. Hoy día, las bandas de delincuentes cuentan con recursos técnicos, financieros y humanos superiores a los de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y el Ministerio Público.
En efecto, en delitos altamente lucrativos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de autos, el tráfico de armas y asalto de bancos, los delincuentes suelen contar con cuerpos de contadores, abogados, asesores financieros, técnicos en computación y gruesas sumas de dinero que mueven electrónicamente a través de distintos países en cuentas que abren, cierran e invierten en distintas naciones tras la fachada de negocios, compañías y testaferros de apariencia legítima.
Ahora alquilan apartamentos y viviendas caras de barrios exclusivos, que permanecen vacíos la mayor parte del año, salvo en ocasiones, donde suelen ocultarse, circulando y moviéndose entre varios lugares en distintos países. Ya no usan hoteles, donde se exponen a registros, cámaras de vídeo, observación no deseada y tarjetas de crédito. Ahora tienen una red de inmuebles propios y últimamente están comprando fincas a orillas del mar, donde descansan, desembarcan mercancías y la distribuyen hacia otros destinos.
Cuando uno de los suyos es apresado, mueven rápidamente a hábiles abogados con vasta experiencia, además de muchos contactos con las autoridades a las que, si es preciso, sobornan. Sólo así se explican los expedientes sospechosamente mal armados, los hábeas cuestionables y los escapes de delincuentes de manos de la Policía. Algunos cuentan con legisladores, a quienes han financiado sus campañas, y la colaboración de banqueros inescrupulosos. El dinero les abre todas las puertas.
Un desafío de tal envergadura sólo puede ser enfrentado con inteligencia, recursos técnicos modernos, personal capacitado, información y cooperación internacional. Nuestra legislación, además, debe dar cabida a medios probatorios de actualidad como el testimonio por teleconferencia que se usa en Costa Rica, además de la introducción de más instrumentos de protección a los testigos y la posibilidad de rebaja o exoneración de penas para quienes cooperen en el desmantelamiento de redes o la captura de cabecillas.
Para combatir el hambre y la pobreza, el gobierno debe generar confianza entre todos los sectores sociales, los actores políticos y construir capital social. El éxito de las políticas públicas no está en efímeros resultados comunicacionales sino en resolver los problemas de la población, en estimular los valores de la gente, el sentido de comunidad, de ciudadanía.
El país demanda un gobierno que mantenga una sintonía fina con la gente y que cumpla su compromiso de dotar a la población de trabajo, comida, agua, salud, educación, casa, jubilación asegurada, un mejor futuro y dignidad.
En efecto, en delitos altamente lucrativos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de autos, el tráfico de armas y asalto de bancos, los delincuentes suelen contar con cuerpos de contadores, abogados, asesores financieros, técnicos en computación y gruesas sumas de dinero que mueven electrónicamente a través de distintos países en cuentas que abren, cierran e invierten en distintas naciones tras la fachada de negocios, compañías y testaferros de apariencia legítima.
Ahora alquilan apartamentos y viviendas caras de barrios exclusivos, que permanecen vacíos la mayor parte del año, salvo en ocasiones, donde suelen ocultarse, circulando y moviéndose entre varios lugares en distintos países. Ya no usan hoteles, donde se exponen a registros, cámaras de vídeo, observación no deseada y tarjetas de crédito. Ahora tienen una red de inmuebles propios y últimamente están comprando fincas a orillas del mar, donde descansan, desembarcan mercancías y la distribuyen hacia otros destinos.
Cuando uno de los suyos es apresado, mueven rápidamente a hábiles abogados con vasta experiencia, además de muchos contactos con las autoridades a las que, si es preciso, sobornan. Sólo así se explican los expedientes sospechosamente mal armados, los hábeas cuestionables y los escapes de delincuentes de manos de la Policía. Algunos cuentan con legisladores, a quienes han financiado sus campañas, y la colaboración de banqueros inescrupulosos. El dinero les abre todas las puertas.
Un desafío de tal envergadura sólo puede ser enfrentado con inteligencia, recursos técnicos modernos, personal capacitado, información y cooperación internacional. Nuestra legislación, además, debe dar cabida a medios probatorios de actualidad como el testimonio por teleconferencia que se usa en Costa Rica, además de la introducción de más instrumentos de protección a los testigos y la posibilidad de rebaja o exoneración de penas para quienes cooperen en el desmantelamiento de redes o la captura de cabecillas.
Para combatir el hambre y la pobreza, el gobierno debe generar confianza entre todos los sectores sociales, los actores políticos y construir capital social. El éxito de las políticas públicas no está en efímeros resultados comunicacionales sino en resolver los problemas de la población, en estimular los valores de la gente, el sentido de comunidad, de ciudadanía.
El país demanda un gobierno que mantenga una sintonía fina con la gente y que cumpla su compromiso de dotar a la población de trabajo, comida, agua, salud, educación, casa, jubilación asegurada, un mejor futuro y dignidad.
