Morosidad estatal con la CSS
La Ley Orgánica de la CSS dispone que la Dirección de la Caja de Seguro Social está obligada a publicar cada seis meses la lista de los patronos morosos con la institución. Además, también hoy existe el delito de retención indebida para permitir al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a cualquier particular que se sienta afectado por su empresa, al no llegarle la ficha de la CSS, a presentar las acciones correspondientes, sin que el Seguro Social tenga que interceder. Con estas normas se busca dar la alerta a los que están trabajando en las empresas morosas para que puedan eventualmente ejercer cualquier recurso legal para proteger sus derechos laborales.
Hasta la fecha se han realizado tres publicaciones de las mencionadas listas (24 de noviembre de 1999, 14 de junio de 2000, y 18 de diciembre de 2000). A más tardar el próximo mes se debe publicar la cuarta.
Todavía no se conoce de condena alguna por el delito de retención indebida. Pero esas normas están dirigidas al sector privado, contra el cual la institución siempre ha contado con la jurisdicción coactiva, una herramienta judicial que puede ser muy efectiva si es utilizada en forma ordenada e indiscriminada. Pero el Estado continúa manteniendo elevadas e injustificables morosidades con la primera institución pública de seguridad y salud, sin que ésta tenga recurso alguno en su contra.
En la primera publicación de la lista, el sector público adeudaba poco más de B/.35 millones, mientras que la última, publicada en diciembre pasado, la morosidad ascendió a B/.55 millones; es decir, un aumento de más del 50% en menos de dos años.
No abogamos por encarcelar a los funcionarios que no realicen los pagos a la CSS, porque sería imposible aprobar legislación en ese sentido. Pero sí promovemos la verdadera independencia y autonomía entre el Gobierno Nacional y las autoridades municipales y la CSS. Si existiera tal independencia y autonomía, la CSS no compraría bonos a quien le adeuda millones en cuotas.
Al continuar con la morosidad, el Estado pierde autoridad para exigirle al sector privado, incluyendo empresarios y gremios del país, que cumplan con sus obligaciones legales. Pongan en orden primero la casa, prediquen con el ejemplo y luego exijan con autoridad moral.
Hasta la fecha se han realizado tres publicaciones de las mencionadas listas (24 de noviembre de 1999, 14 de junio de 2000, y 18 de diciembre de 2000). A más tardar el próximo mes se debe publicar la cuarta.
Todavía no se conoce de condena alguna por el delito de retención indebida. Pero esas normas están dirigidas al sector privado, contra el cual la institución siempre ha contado con la jurisdicción coactiva, una herramienta judicial que puede ser muy efectiva si es utilizada en forma ordenada e indiscriminada. Pero el Estado continúa manteniendo elevadas e injustificables morosidades con la primera institución pública de seguridad y salud, sin que ésta tenga recurso alguno en su contra.
En la primera publicación de la lista, el sector público adeudaba poco más de B/.35 millones, mientras que la última, publicada en diciembre pasado, la morosidad ascendió a B/.55 millones; es decir, un aumento de más del 50% en menos de dos años.
No abogamos por encarcelar a los funcionarios que no realicen los pagos a la CSS, porque sería imposible aprobar legislación en ese sentido. Pero sí promovemos la verdadera independencia y autonomía entre el Gobierno Nacional y las autoridades municipales y la CSS. Si existiera tal independencia y autonomía, la CSS no compraría bonos a quien le adeuda millones en cuotas.
Al continuar con la morosidad, el Estado pierde autoridad para exigirle al sector privado, incluyendo empresarios y gremios del país, que cumplan con sus obligaciones legales. Pongan en orden primero la casa, prediquen con el ejemplo y luego exijan con autoridad moral.
