Mr. Magoo
Primeramente debo expresar que somos partidarios de la permanencia de tropas norteamericanas en suelo patrio después del 31 de diciembre de este año, sobre todo si ello responde a una decisión soberana del pueblo que debe ser consultada en una encuesta pública o referéndum y, además, que Panamá reciba a cambio beneficios económicos que no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo. No consultar la voluntad del pueblo en un referéndum, además de crear una permanente causa de conflicto, equivale a la imposición de una decisión por parte de los actuales administradores del Estado, que no necesariamente cuenta con el aval de la mayoría de la ciudadanía. Corremos, incluso, el peligro de dejarnos influir por la voluntad minoritaria de los escandalosos de siempre, obviamente una minoría, que dicen representar no sé cuántos cientos de asociaciones que no son más que tigres de papel, pues sólo existen de nombre y no tienen ninguna representatividad. Tanto esto es así que ahora, con motivo de las protestas que se están dando contra el alto costo de la vida, valiéndose del apoyo que la ciudadanía brinda a esta causa, se han infiltrado en el movimiento a fin de contabilizar, a su favor, la concurrencia en las calles de gente ajena a su movimiento. Fuera de la decena de jóvenes que cierran calles y de los dos o tres que escriben en algunos medios y lanzan toda clase de epítetos contra los que no se muestran de acuerdo con sus agotadas ideologías, no cuentan con más nadie. En Panamá somos casi tres millones de personas y no se puede permitir que la voluntad de unos cuantos predomine sobre la de la inmensa mayoría, aun cuando sean los más escandalosos, porque eso sí son.
Aclarado lo anterior, queremos referirnos al Plan de Seguridad, dado a conocer por el Gobierno Nacional, que debemos admitir ha tenido la entereza de hacerlo público a la ciudadanía, contrario al escondrijo como la pasada administración condujo las negociaciones del CMA.
Hemos intitulado este escrito Mr. Magoo para referirnos al embajador de los EE. UU. en Panamá, el Honorable Señor Simón Ferro y sus acólitos que opinan que el Plan Estratégico de Seguridad Nacional no representa peligro de remilitarizar al país, considerando que se tiene una policía y no un ejército. ¡Por favor, señor embajador! Tiene plumas, tiene dos alas y patas también, vuela y hace cuac, cuac, ¿qué será? Se trata de llenar el vacío que va a ocasionar la salida de tropas de los EE. UU. de Panamá, que obviamente crea un elemento de riesgo para Panamá, países del área y la seguridad de los intereses de los EE.UU., ya que Panamá no está preparada para llenar este vacío, ¿y todavía nos dice usted que no se trata de remilitarizar el país?
Si realmente se trata de llenar el vacío que va a ocasionar la salida de las tropas norteamericanas de nuestro territorio, el costo de la implementación del Plan de Seguridad debe ser cubierto por todos los que se beneficiarán con el mismo y no sólo por Panamá. A través de diversos medios se ha dado a conocer que un total de 29 millones del presupuesto anual de la vía acuática se destinarán para el año 2000 para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Nacional y que serán usados para pagarle, al gobierno central, los distintos servicios de seguridad que proporcionará el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN), y el Servicio de Protección Institucional (SPI). Surgen varias preguntas en torno a esto.
Primeramente, debe aclararse si esos 29 millones de dólares es la cantidad total que costarán los servicios de seguridad o tan sólo es la parte que el Canal pagará. Nos parece que lo más correcto es que los países del área y los Estados Unidos paguen una proporción de dichos servicios. No puede ser que Panamá, además de ofrecer su territorio y otros recursos naturales, como lo es el agua, por la que no cobramos nada, tenga también que sufragar en forma exclusiva los gatos de defensa del canal, para que otros países puedan desarrollar eficientemente su comercio exterior. Está bien lo de pro-mundi, pero a cambio de beneficios. Panamá no es la Cruz Roja Internacional ni ninguna entidad benéfica. Si lo fuimos, ya no más después del 31 de diciembre de 1999. Si las circunstancias actuales han cambiado las condiciones de navegabilidad, pues se hace riesgosa y peligrosa por las condiciones políticas y sociales del área y de las que no somos responsables los panameños, entonces los usuarios del Canal deben afrontar el pago de un incremento en el peaje que se destinará únicamente a brindarle seguridad a la vía acuática y a todos los barcos que transiten por el Canal.
En segundo lugar, nos luce un error de enormes proporciones comprometer los ingresos provenientes de los peajes de los barcos que transiten por el Canal para financiar las tropas, sean nacionales o internacionales, que combatirán las guerrillas, los paramilitares o el narcotráfico, pues con esta acción se viola el pacto de neutralidad de la vía acuática y la convertiremos en blanco directo y estratégico de esas fuerzas que a no dudar tratarán infringirle daños al Canal para restar su efectividad y con ello, la capacidad de generación de fondos. Estamos de acuerdo con la permanencia de tropas al servicio del Canal, pero no poner el Canal al servicio de las tropas.
Aclarado lo anterior, queremos referirnos al Plan de Seguridad, dado a conocer por el Gobierno Nacional, que debemos admitir ha tenido la entereza de hacerlo público a la ciudadanía, contrario al escondrijo como la pasada administración condujo las negociaciones del CMA.
Hemos intitulado este escrito Mr. Magoo para referirnos al embajador de los EE. UU. en Panamá, el Honorable Señor Simón Ferro y sus acólitos que opinan que el Plan Estratégico de Seguridad Nacional no representa peligro de remilitarizar al país, considerando que se tiene una policía y no un ejército. ¡Por favor, señor embajador! Tiene plumas, tiene dos alas y patas también, vuela y hace cuac, cuac, ¿qué será? Se trata de llenar el vacío que va a ocasionar la salida de tropas de los EE. UU. de Panamá, que obviamente crea un elemento de riesgo para Panamá, países del área y la seguridad de los intereses de los EE.UU., ya que Panamá no está preparada para llenar este vacío, ¿y todavía nos dice usted que no se trata de remilitarizar el país?
Si realmente se trata de llenar el vacío que va a ocasionar la salida de las tropas norteamericanas de nuestro territorio, el costo de la implementación del Plan de Seguridad debe ser cubierto por todos los que se beneficiarán con el mismo y no sólo por Panamá. A través de diversos medios se ha dado a conocer que un total de 29 millones del presupuesto anual de la vía acuática se destinarán para el año 2000 para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Nacional y que serán usados para pagarle, al gobierno central, los distintos servicios de seguridad que proporcionará el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN), y el Servicio de Protección Institucional (SPI). Surgen varias preguntas en torno a esto.
Primeramente, debe aclararse si esos 29 millones de dólares es la cantidad total que costarán los servicios de seguridad o tan sólo es la parte que el Canal pagará. Nos parece que lo más correcto es que los países del área y los Estados Unidos paguen una proporción de dichos servicios. No puede ser que Panamá, además de ofrecer su territorio y otros recursos naturales, como lo es el agua, por la que no cobramos nada, tenga también que sufragar en forma exclusiva los gatos de defensa del canal, para que otros países puedan desarrollar eficientemente su comercio exterior. Está bien lo de pro-mundi, pero a cambio de beneficios. Panamá no es la Cruz Roja Internacional ni ninguna entidad benéfica. Si lo fuimos, ya no más después del 31 de diciembre de 1999. Si las circunstancias actuales han cambiado las condiciones de navegabilidad, pues se hace riesgosa y peligrosa por las condiciones políticas y sociales del área y de las que no somos responsables los panameños, entonces los usuarios del Canal deben afrontar el pago de un incremento en el peaje que se destinará únicamente a brindarle seguridad a la vía acuática y a todos los barcos que transiten por el Canal.
En segundo lugar, nos luce un error de enormes proporciones comprometer los ingresos provenientes de los peajes de los barcos que transiten por el Canal para financiar las tropas, sean nacionales o internacionales, que combatirán las guerrillas, los paramilitares o el narcotráfico, pues con esta acción se viola el pacto de neutralidad de la vía acuática y la convertiremos en blanco directo y estratégico de esas fuerzas que a no dudar tratarán infringirle daños al Canal para restar su efectividad y con ello, la capacidad de generación de fondos. Estamos de acuerdo con la permanencia de tropas al servicio del Canal, pero no poner el Canal al servicio de las tropas.
