Mucho poder y poca participación
Esta declaración de organizaciones de la sociedad civil, que suscribimos recientemente, expresa el punto de vista de un número plural de entidades y personas comprometidas con la democracia y el desarrollo nacional desde hace muchos años. Invitamos a otros y otras a apoyarla, y al Gobierno a meditarla con miras a una necesaria democratización del poder en Panamá. Nuestra constitución política es clara al definir en su artículo 2 que el poder público solo emana del pueblo, y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
Dicho precepto, durante la campaña electoral, fue un compromiso del actual Presidente con todos los panameños. El compromiso incluía que las organizaciones ciudadanas serían tomadas en cuenta en los asuntos públicos del país.
Para consternación de la ciudadanía, los hechos parecen ir en dirección opuesta a estos principios. La Sociedad Civil ha visto limitada sus funciones para la escogencia de magistrados, donde la meritocracia se supeditó al amiguismo. Conceptos fundamentales del derecho han sido olvidados durante la discusión de leyes como las escuchas telefónicas; postergación de la descentralización municipal; la prolongación de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, causa principal de la mora judicial y al desconocer los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y del Pacto de Estado por la Justicia.
Hemos sido excluidos del Consejo Nacional de Transparencia y no vemos espacios de diálogo para evaluar los proyectos de desarrollo depredadores del ambiente, los temas de seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, la salud, la carrera administrativa, el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las víctimas del crimen y de la violencia femicida.
Con respecto al juicio que se sigue contra la Procuradora General de la Nación, somos del criterio que todos los servidores públicos tienen que responder ante la ley por violaciones a la misma, sin embargo, percibimos un ambiente totalmente politizado y una situación de fragilidad de la imagen de independencia del poder judicial frente a los otros Órganos del Estado, que afecta la credibilidad en este proceso. En lo referente al aspecto jurídico, revisaremos todos los detalles del mismo y emitiremos opinión en su momento. Si es necesario acudiremos a los organismos internacionales.
Definitivamente, uno de los grandes problemas de la democracia panameña es el exceso de poder presidencialista y esto es parte de la crisis institucional que hoy vivimos. Si a esta situación le unimos la intolerancia frente a las críticas ciudadanas y los pocos espacios de diálogo nacional, la situación se torna mucho más difícil para la democracia panameña.
Debemos recordar que los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir democráticamente el poder del Estado para gobernar velando por el bien de la colectividad. La sociedad civil, por su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo fundamental incidir en los gobernantes para que actúen conforme a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y las exigencias del bien común. El derecho de asociarnos para opinar e incidir en la cosa pública es un derecho humano de todos los habitantes y este es un derecho irrenunciable.
El fortalecimiento de la democracia, como meta para alcanzar un desarrollo socioeconómico sostenido, se logra mediante el debate público de las ideas, por lo que hacemos un llamado al Gobierno para que reactive los espacios de participación ciudadana, entre ellos la Comisión de Estado por la Justicia y todos los espacios de diálogo que se requieran para discutir los temas que más angustian a la población panameña. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía que asuma su rol mandante y ejerza su derecho a opinar, a exigir, a disentir y a pedir cuentas a nuestros funcionarios.
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