Mujeres vulnerables (IV)
La quiebra de bancos en Panamá no es cosa reciente. Ha habido ruina de bancos de capital ecuatoriano, venezolano y colombiano, entre otros. Sin embargo, uno de los casos más sonados fue el colapso de una entidad financiera, Banaico, de capitales mixtos que trajo como consecuencia todo un escándalo en virtud de que, como derivación de su cierre, se perdieron millones de dólares de sus cuenta habientes. Recientemente, vimos a un ex presidente del Colegio Nacional de Abogados manifestar ante la opinión pública en una entrevista televisiva la conveniencia de solicitar la prescripción de la acción penal de los responsables del inadecuado manejo de este banco.
Lo extraño de este asunto es que la acción punitiva por la cual podrían ser sancionados sus integrantes, señala e involucra a una mujer que en el expediente de este caso es señalada de manera particular con nombre propio, como la responsable directa del descalabro de la entidad financiera.
Alguna de las razones por las cuales se dice que ella debe encabezar la lista de los responsables es porque manejaba cuentas relacionadas con el narcolavado. Sin embargo, es interesante destacar que la responsabilidad legal del banco no era de la mencionada ejecutiva ya que, jerárquicamente, por encima de ella había un presidente de Junta Directiva, su representante legal y un gerente general, ciudadanos que poco fueron víctimas del escarnio y a los cuales ahora, seguramente, a través de la acción del ex presidente del Colegio Nacional de Abogados se les pretende declarar extinguida la acción legal en su contra.
Nunca antes, en ninguno de los casos de las bancas venezolana, ecuatoriana y colombiana, ni aún en la nuestra, hasta donde recuerdo, se hicieron señalamientos tan específicos como los endosados a la Lic. Irasema Subía, y no sé si en este caso, al igual que los otros tantos que he mencionado, como los de las alcaldesas, las funcionarias y las celestinas, todos recaen siempre en una mujer, quien es la que sale como chivo expiatorio exonerándose seguramente a los supuestos responsables. Por cierto, se dice que en el caso Banaico, parte de los capitales que se manejaron pertenecieron a un ciudadano colombiano de nombre José Castrillón Henao, deportado a Estados Unidos, vinculado al tráfico de drogas que según se dice, las autoridades norteamericanas le convencieron de ser testigo de Estado para, a través de ese mecanismo jurídico, exonerarlo de su responsabilidad o disminuirle la pena. Sin embargo, nuestra compatriota, Irasema Subía no ha tenido la misma suerte y ahora espera la sanción que le pudiera corresponder en este juicio penal por parte de nuestras autoridades judiciales.
Manteniéndonos en el mismo tema, de los malos manejos de fondos, nos viene a la memoria el que se suscitó aproximadamente hace un año, cuando sale a la luz pública la noticia sobre la quiebra de un grupo empresarial denominado Adelag, S.A. Este grupo corporativo era investigado desde el mes de diciembre del año 2000 por la Comisión Nacional de Valores, y sus responsables legales enfrentan una investigación por la supuesta comisión de actos fraudulentos, omisión de información, falsificación de libros y documentos, todo esto según lo dispuesto por la Ley de Valores de nuestro país. En este caso, cuya vigencia noticiosa fue rápidamente disipada en los medios de comunicación, no se han conocido los resultados de las investigaciones y es curioso que quienes en esta ocasión protagonizan estos actos censurables, son del género masculino y han terminado por disponer como recurso protector el silencio que sobre este caso ha caído. ¿Acaso puede percibir el lector, al igual que nosotros, un indicio de impunidad en este incidente pericial en el que podrían estar siendo afectados numerosos grupos de personas y entidades comerciales, financieras y bancarias? ¿No será acaso que algunos de estos bancos afectados no han hecho mucho por protestar debido a una especie de temor cómplice?
Casi al final de este artículo, viene a nuestro recuerdo, el caso del llamado Grupo Estrella Mar, en el que uno de los dueños de la entidad, Sebastián Méndez se dice que dilapidó en especulaciones bursátiles, al menos 24 millones de balboas y salió del país, sin conocerse su paradero de manera oficial. Este grupo corporativo, con más de cuatrocientos clientes, dilapidó los ahorros de toda la vida a centenares de personas que confiaron en su voluntad y experiencia. Ahora, los inversionistas privados han visto esfumarse sus capitales, casi sin la esperanza de que la justicia pueda imperar. Curiosamente, alguien del género masculino es el responsable de estas operaciones y es prófugo de la ley y no se encuentra la fórmula propicia para traerlo ante los tribunales para responder por su transgresión.
Finalmente: ¿Por qué en muchas ocasiones, en el caso de que haya mujeres involucradas, los tribunales actúan de manera más expedita y en el de nuestros compañeros de género muchos logran encontrar la manera de liberarse de sanciones? ¿Existirá o no, entonces, impunidad en estos casos?.
Lo extraño de este asunto es que la acción punitiva por la cual podrían ser sancionados sus integrantes, señala e involucra a una mujer que en el expediente de este caso es señalada de manera particular con nombre propio, como la responsable directa del descalabro de la entidad financiera.
Alguna de las razones por las cuales se dice que ella debe encabezar la lista de los responsables es porque manejaba cuentas relacionadas con el narcolavado. Sin embargo, es interesante destacar que la responsabilidad legal del banco no era de la mencionada ejecutiva ya que, jerárquicamente, por encima de ella había un presidente de Junta Directiva, su representante legal y un gerente general, ciudadanos que poco fueron víctimas del escarnio y a los cuales ahora, seguramente, a través de la acción del ex presidente del Colegio Nacional de Abogados se les pretende declarar extinguida la acción legal en su contra.
Nunca antes, en ninguno de los casos de las bancas venezolana, ecuatoriana y colombiana, ni aún en la nuestra, hasta donde recuerdo, se hicieron señalamientos tan específicos como los endosados a la Lic. Irasema Subía, y no sé si en este caso, al igual que los otros tantos que he mencionado, como los de las alcaldesas, las funcionarias y las celestinas, todos recaen siempre en una mujer, quien es la que sale como chivo expiatorio exonerándose seguramente a los supuestos responsables. Por cierto, se dice que en el caso Banaico, parte de los capitales que se manejaron pertenecieron a un ciudadano colombiano de nombre José Castrillón Henao, deportado a Estados Unidos, vinculado al tráfico de drogas que según se dice, las autoridades norteamericanas le convencieron de ser testigo de Estado para, a través de ese mecanismo jurídico, exonerarlo de su responsabilidad o disminuirle la pena. Sin embargo, nuestra compatriota, Irasema Subía no ha tenido la misma suerte y ahora espera la sanción que le pudiera corresponder en este juicio penal por parte de nuestras autoridades judiciales.
Manteniéndonos en el mismo tema, de los malos manejos de fondos, nos viene a la memoria el que se suscitó aproximadamente hace un año, cuando sale a la luz pública la noticia sobre la quiebra de un grupo empresarial denominado Adelag, S.A. Este grupo corporativo era investigado desde el mes de diciembre del año 2000 por la Comisión Nacional de Valores, y sus responsables legales enfrentan una investigación por la supuesta comisión de actos fraudulentos, omisión de información, falsificación de libros y documentos, todo esto según lo dispuesto por la Ley de Valores de nuestro país. En este caso, cuya vigencia noticiosa fue rápidamente disipada en los medios de comunicación, no se han conocido los resultados de las investigaciones y es curioso que quienes en esta ocasión protagonizan estos actos censurables, son del género masculino y han terminado por disponer como recurso protector el silencio que sobre este caso ha caído. ¿Acaso puede percibir el lector, al igual que nosotros, un indicio de impunidad en este incidente pericial en el que podrían estar siendo afectados numerosos grupos de personas y entidades comerciales, financieras y bancarias? ¿No será acaso que algunos de estos bancos afectados no han hecho mucho por protestar debido a una especie de temor cómplice?
Casi al final de este artículo, viene a nuestro recuerdo, el caso del llamado Grupo Estrella Mar, en el que uno de los dueños de la entidad, Sebastián Méndez se dice que dilapidó en especulaciones bursátiles, al menos 24 millones de balboas y salió del país, sin conocerse su paradero de manera oficial. Este grupo corporativo, con más de cuatrocientos clientes, dilapidó los ahorros de toda la vida a centenares de personas que confiaron en su voluntad y experiencia. Ahora, los inversionistas privados han visto esfumarse sus capitales, casi sin la esperanza de que la justicia pueda imperar. Curiosamente, alguien del género masculino es el responsable de estas operaciones y es prófugo de la ley y no se encuentra la fórmula propicia para traerlo ante los tribunales para responder por su transgresión.
Finalmente: ¿Por qué en muchas ocasiones, en el caso de que haya mujeres involucradas, los tribunales actúan de manera más expedita y en el de nuestros compañeros de género muchos logran encontrar la manera de liberarse de sanciones? ¿Existirá o no, entonces, impunidad en estos casos?.
