Nadando entre tintoreras
Cuentan que en política hay sorprendidos y no sorpresas. Escuchamos con preocupación las declaraciones del candidato a la Presidencia del PRD, para las elecciones de 2004, Martín Torrijos Espino, sobre el caso del honorable Legislador Afú. La persecución desatado contra este legislador por la dirigencia del PRD, contrasta con el silencio y complacencia de la misma con respecto a los otros dos legisladores que fueron acusados junto con Tito Afú, por la Presidenta del PRD, la cual señala que los tres serían juzgados y expulsados del colectivo por, entre otras cosas, haber votado en contra de la línea del partido. Desconocemos el porqué de esta "justicia" selectiva, pero podemos especular... ¿será porque creen que el cholito tableño no tiene respaldo político de sus coterráneos?...O peor aún... No tiene la alcurnia o bille de sus coacusados, siendo así el más infeliz de los tres.
Creemos firmemente que Martín Torrijos, sus asesores y el PRD han equivocado el camino una vez más. El dirigir sus cañones en contra de Afú le resta méritos al "delicado" liderazgo de Martín... liderazgo que le cuestiona con frecuencia un "Toro", un "Bin-Bin" y otros animalejos que escapan a nuestra memoria. Con esta actitud Martín se proyecta como perseguidor y muy distante del trato humano que dispensó su padre a muchos de sus adversarios políticos. ¿Tiene derecho Tito Afú a defenderse?... Pues claro que sí... sobre todo porque le asiste la razón... Entonces, ¿por qué Martín quiere negarle ese derecho?. Cómo es posible que Afu denuncie un acto de corrupción de algunos de sus compañeros legisladores, presente las pruebas, con testigos como el H.L. Altamirano Duque, y resulte que él es el único acusado / responsable. Afú no solicitó que se le pagara, ni antes ni después de la votación. Él (Afu) señala que se le acercó un legislador de nombre Mateo Castillero a ofrecerle plata por su voto, ya emitido... y mostró públicamente en conferencia de prensa, los fondos que respaldan su denuncia.
Así las cosas, por qué la Procuraduría de la Nación deja pasar el tiempo y no planifica debida y oportunamente los interrogatorios de los legisladores...Prueba de lo anterior lo representa el hecho de que han transcurrido más de diez días desde la fecha que se le venció la inmunidad a los legisladores y la Procuraduría no ha llamado a un solo legislador...Es más, varios de ellos se han quitado la inmunidad desde hace meses y no han sido llamados a declarar...
Lo que escuchamos de boca del propio Procurador en entrevista televisiva, define una actitud de mucha calma... no tengo prisa, cógelo suave. Esta actitud mantiene a la comunidad en ascuas, haciendo todo tipo de especulaciones negativas con respecto a la justicia, conduciéndonos a pensar que todo quedará en nada, que no se hará justicia y que la misma es selectiva. Y en consecuencia de esta realidad, se monta una campaña para desviar la atención y culpar al Ejecutivo de la demora... sin embargo si el Ejecutivo en algún momento se desviara de la Constitución y tratara de inmiscuirse en el Poder Judicial, los mismos que hoy lo hacen responsable de la falta de acción del Procurador, entonces lo acusarían de intervenir en las decisiones del Poder Judicial y de violar la Constitución...
¿Está el Ejecutivo nadando entre tintoreras? ... Yo creo que sí; veamos el caso de la "equiparación" de Panamá Ports... Primero les recomiendo la lectura de la "Respuesta a la señorita Mónica Palm" suscrita por Carlos Ernesto González de la Lastra, aparecida el 9 de julio en "La Prensa". Está de más indicar que estoy 100% de acuerdo con su contenido, el cual comprende el total de los ángulos que encierran los hechos, por lo que me permitiré breves comentarios sobre la "equiparación". Si el Ejecutivo, vía el Consejo de Gabinete, no toma la acción de "Equiparar" contemplada en el Contrato, estaba en violación del mismo. La petición es real e irrefutable y no tiene nada que ver con equivocaciones en las"proyecciones económicas desarrolladas por la empresa" previo a su adjudicación como quiere hacer ver Ricardo Arias Calderón. Sí tiene que ver con que otros puertos en el área inmediata (Colón) están cobrando tarifas de manejo y operación menores que las que cobra Panamá Ports, perdiendo clientes e ingresos. También tiene que ver con que esta cláusula de equiparación, así como todo el Contrato de Concesión, fue pactado, aprobado y refrendado en el gobierno de Pérez Balladares, por la maquinaria de aprobación genuflexa, que tenía con la "mayoría pro gubernamental" de la Asamblea Legislativa.
El equiparar los pagos anuales y aumentar la inversión garantiza la presencia de la empresa en territorio nacional, los 5,000 empleos actuales y lo que es más importante, se garantiza el desarrollo de los puertos creando más fuentes de trabajo, ubicando al país en materia portuaria, a la altura de puertos de países más desarrollados.
Si el Ejecutivo no ejerce su obligación contractual y derecho Constitucional, y permite que el desarrollo portuario se deteriore hasta el punto que la empresa solicite rescindir el Contrato, con la consecuente pérdida de más de 5,000 empleos y millones de balboas en inversión, entonces aparecerían las tintoreras de siempre acusando al Ejecutivo de incapaz. Como éste no fue el caso, sino todo lo contrario, se logró salvar el desarrollo portuario y los puestos de trabajo, entonces las tintoreras tiran a morder señalando que la desprestigiada y corrupta Asamblea Legislativa debía "aprobar" lo actuado... ¿Para qué, para morder más? Así lo percibo, así lo escribo.
(delegado@sinfo.net)
Anticiparse al desastre y tomar las iniciativas supone que los panameños tengamos una ética de futuro que al mismo tiempo que nos permita tener una permanente conciencia de que sin valores éticos no se puede tener cohesión social, nos permita calcular el precio de castigo derivado de la inercia y de la inacción.
Después del 31 de diciembre de 1999 las presentes generaciones de panameños y panameñas estamos comprometidos a seguir la consigna de don Justo Arosemena: "Hemos avanzado lo bastante para que una retrogradación se haga impracticable; mientras que por otro lado, tampoco marchamos derechamente. De todos modos, lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moral pública.
Para el régimen a que estábamos sometidos... nuestra educación era adecuada, puesto que llenaba las miras de nuestros opresores. Mas después que hemos sido arrojados de improviso a un orden de cosas tan diverso, nuestras ideas deben ser otras; deben estar acordes con la nueva vida política, si es que deseamos realmente sacar fruto de ella." (Dr. Justo Arosemena, "Principios de Moral Política redactados en un Catecismo", Editado por Imprenta de Cualla, Bogotá 1849".De ahí que los valores éticos sean asidero y cimiento de la sociedad y sean agentes, talvez los más activos, de cambio y de transformación. Los valores morales son los soportes de la esperanza cívica y de la paz social.
Sobre la petición de la AMIFUP, El Panamá América contactó al contralor de entonces, Rubén Darío Carles, quien se limitó a decir "no me acuerdo, cuando tú averigûes en la Contraloría, háblame".
No obstante, el Informe del Contralor General de la República del 1 de marzo de 1991, en su Capítulo 1 sobre la Situación de las Finanzas Públicas, expone la Situación de Ingresos y Gastos del Gobierno Central, estableciendo como Ingresos No Tradicionales-No Recurrentes los que fueron producto de fondos, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias, encontrados después del 20 de diciembre de 1989.
"Los fondos en efectivo corresponden al dinero decomisado por las autoridades de los Estados Unidos en poder de altos personeros del régimen anterior y a los encontrados en la bóveda de la Lotería Nacional. El resto está compuesto por los excesos encontrados en las cuentas bancarias de algunas entidades descentralizadas y otros fondos que no se justificaba su existencia. Estos ingresos No Tradicionales-No Recurrentes, también fueron incorporados a los ingresos presupuestarios del año 1990", subraya el informe.
El actual contralor, Alvin Weeden, no accedió a hacer comentarios sobre el caso de la AMIFUP, a diferencia del ex presidente de la república, Guillermo Endara, quien sí se pronunció señalando que los altos miembros de las antiguas Fuerzas de Defensa se apoderaban de la plata de esa asociación.
"Lo que me viene a la memoria es que cuando llegué al poder, esa asociación estaba totalmente saqueada, fue una canallada, pues le robaron a los guardias que son personas humildes", declaró Endara a El Panamá América.
A juicio del ex gobernante panameño los "grandes jefazos" del Estado Mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa hacían lo que "les daba la gana" con los dineros de la AMIFUP.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
Creemos firmemente que Martín Torrijos, sus asesores y el PRD han equivocado el camino una vez más. El dirigir sus cañones en contra de Afú le resta méritos al "delicado" liderazgo de Martín... liderazgo que le cuestiona con frecuencia un "Toro", un "Bin-Bin" y otros animalejos que escapan a nuestra memoria. Con esta actitud Martín se proyecta como perseguidor y muy distante del trato humano que dispensó su padre a muchos de sus adversarios políticos. ¿Tiene derecho Tito Afú a defenderse?... Pues claro que sí... sobre todo porque le asiste la razón... Entonces, ¿por qué Martín quiere negarle ese derecho?. Cómo es posible que Afu denuncie un acto de corrupción de algunos de sus compañeros legisladores, presente las pruebas, con testigos como el H.L. Altamirano Duque, y resulte que él es el único acusado / responsable. Afú no solicitó que se le pagara, ni antes ni después de la votación. Él (Afu) señala que se le acercó un legislador de nombre Mateo Castillero a ofrecerle plata por su voto, ya emitido... y mostró públicamente en conferencia de prensa, los fondos que respaldan su denuncia.
Así las cosas, por qué la Procuraduría de la Nación deja pasar el tiempo y no planifica debida y oportunamente los interrogatorios de los legisladores...Prueba de lo anterior lo representa el hecho de que han transcurrido más de diez días desde la fecha que se le venció la inmunidad a los legisladores y la Procuraduría no ha llamado a un solo legislador...Es más, varios de ellos se han quitado la inmunidad desde hace meses y no han sido llamados a declarar...
Lo que escuchamos de boca del propio Procurador en entrevista televisiva, define una actitud de mucha calma... no tengo prisa, cógelo suave. Esta actitud mantiene a la comunidad en ascuas, haciendo todo tipo de especulaciones negativas con respecto a la justicia, conduciéndonos a pensar que todo quedará en nada, que no se hará justicia y que la misma es selectiva. Y en consecuencia de esta realidad, se monta una campaña para desviar la atención y culpar al Ejecutivo de la demora... sin embargo si el Ejecutivo en algún momento se desviara de la Constitución y tratara de inmiscuirse en el Poder Judicial, los mismos que hoy lo hacen responsable de la falta de acción del Procurador, entonces lo acusarían de intervenir en las decisiones del Poder Judicial y de violar la Constitución...
¿Está el Ejecutivo nadando entre tintoreras? ... Yo creo que sí; veamos el caso de la "equiparación" de Panamá Ports... Primero les recomiendo la lectura de la "Respuesta a la señorita Mónica Palm" suscrita por Carlos Ernesto González de la Lastra, aparecida el 9 de julio en "La Prensa". Está de más indicar que estoy 100% de acuerdo con su contenido, el cual comprende el total de los ángulos que encierran los hechos, por lo que me permitiré breves comentarios sobre la "equiparación". Si el Ejecutivo, vía el Consejo de Gabinete, no toma la acción de "Equiparar" contemplada en el Contrato, estaba en violación del mismo. La petición es real e irrefutable y no tiene nada que ver con equivocaciones en las"proyecciones económicas desarrolladas por la empresa" previo a su adjudicación como quiere hacer ver Ricardo Arias Calderón. Sí tiene que ver con que otros puertos en el área inmediata (Colón) están cobrando tarifas de manejo y operación menores que las que cobra Panamá Ports, perdiendo clientes e ingresos. También tiene que ver con que esta cláusula de equiparación, así como todo el Contrato de Concesión, fue pactado, aprobado y refrendado en el gobierno de Pérez Balladares, por la maquinaria de aprobación genuflexa, que tenía con la "mayoría pro gubernamental" de la Asamblea Legislativa.
El equiparar los pagos anuales y aumentar la inversión garantiza la presencia de la empresa en territorio nacional, los 5,000 empleos actuales y lo que es más importante, se garantiza el desarrollo de los puertos creando más fuentes de trabajo, ubicando al país en materia portuaria, a la altura de puertos de países más desarrollados.
Si el Ejecutivo no ejerce su obligación contractual y derecho Constitucional, y permite que el desarrollo portuario se deteriore hasta el punto que la empresa solicite rescindir el Contrato, con la consecuente pérdida de más de 5,000 empleos y millones de balboas en inversión, entonces aparecerían las tintoreras de siempre acusando al Ejecutivo de incapaz. Como éste no fue el caso, sino todo lo contrario, se logró salvar el desarrollo portuario y los puestos de trabajo, entonces las tintoreras tiran a morder señalando que la desprestigiada y corrupta Asamblea Legislativa debía "aprobar" lo actuado... ¿Para qué, para morder más? Así lo percibo, así lo escribo.
(delegado@sinfo.net)
Anticiparse al desastre y tomar las iniciativas supone que los panameños tengamos una ética de futuro que al mismo tiempo que nos permita tener una permanente conciencia de que sin valores éticos no se puede tener cohesión social, nos permita calcular el precio de castigo derivado de la inercia y de la inacción.
Después del 31 de diciembre de 1999 las presentes generaciones de panameños y panameñas estamos comprometidos a seguir la consigna de don Justo Arosemena: "Hemos avanzado lo bastante para que una retrogradación se haga impracticable; mientras que por otro lado, tampoco marchamos derechamente. De todos modos, lo que hoy nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad, es la falta de moral pública.
Para el régimen a que estábamos sometidos... nuestra educación era adecuada, puesto que llenaba las miras de nuestros opresores. Mas después que hemos sido arrojados de improviso a un orden de cosas tan diverso, nuestras ideas deben ser otras; deben estar acordes con la nueva vida política, si es que deseamos realmente sacar fruto de ella." (Dr. Justo Arosemena, "Principios de Moral Política redactados en un Catecismo", Editado por Imprenta de Cualla, Bogotá 1849".De ahí que los valores éticos sean asidero y cimiento de la sociedad y sean agentes, talvez los más activos, de cambio y de transformación. Los valores morales son los soportes de la esperanza cívica y de la paz social.
Sobre la petición de la AMIFUP, El Panamá América contactó al contralor de entonces, Rubén Darío Carles, quien se limitó a decir "no me acuerdo, cuando tú averigûes en la Contraloría, háblame".
No obstante, el Informe del Contralor General de la República del 1 de marzo de 1991, en su Capítulo 1 sobre la Situación de las Finanzas Públicas, expone la Situación de Ingresos y Gastos del Gobierno Central, estableciendo como Ingresos No Tradicionales-No Recurrentes los que fueron producto de fondos, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias, encontrados después del 20 de diciembre de 1989.
"Los fondos en efectivo corresponden al dinero decomisado por las autoridades de los Estados Unidos en poder de altos personeros del régimen anterior y a los encontrados en la bóveda de la Lotería Nacional. El resto está compuesto por los excesos encontrados en las cuentas bancarias de algunas entidades descentralizadas y otros fondos que no se justificaba su existencia. Estos ingresos No Tradicionales-No Recurrentes, también fueron incorporados a los ingresos presupuestarios del año 1990", subraya el informe.
El actual contralor, Alvin Weeden, no accedió a hacer comentarios sobre el caso de la AMIFUP, a diferencia del ex presidente de la república, Guillermo Endara, quien sí se pronunció señalando que los altos miembros de las antiguas Fuerzas de Defensa se apoderaban de la plata de esa asociación.
"Lo que me viene a la memoria es que cuando llegué al poder, esa asociación estaba totalmente saqueada, fue una canallada, pues le robaron a los guardias que son personas humildes", declaró Endara a El Panamá América.
A juicio del ex gobernante panameño los "grandes jefazos" del Estado Mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa hacían lo que "les daba la gana" con los dineros de la AMIFUP.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
