Nadie sabe que estamos aquí
EL ESCÁNDALO del negociado de la alimentación existente en la mayoría de las cárceles del país, se suma a una situación carcelaria que debería llenar de oprobio y vergüenza tanto a las autoridades gubernamentales como a la sociedad panameña. La controlada y manipulada información que se ha divulgado sobre el tema por los principales medios de comunicación, comparte su situación con el viaje clandestino del señor presidente de la República de Panamá a Punta del Este, en compañía de un estrechísimo círculo de socios y allegados, que motivó de uno de ellos la afirmación: "Nadie sabe que estamos aquí".
Efectivamente, de igual forma que se ocultó a la población el viaje clandestino a Uruguay, realizado mientras no se demuestre lo contrario, con fondos del erario, que no está obligado a sufragar las francachelas y caprichos del ´jetset´ presidencial; a los panameños se nos oculta el hacinamiento, las penas crueles, inhumanas y degradantes que se practican en las cárceles panameñas. Esto, con el aval de las autoridades penitenciarias, judiciales y gubernamentales, en flagrante violación de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los reclusos también podrían decir: "Nadie sabe que estamos aquí".
La prolongada ausencia y el desinterés en nuestro país por establecer claras y definidas políticas criminológicas integrales, con acciones específicas y permanentes en los niveles legislativo, judicial, policial, penitenciario, está ocasionando un daño irreparable en la sociedad panameña, muy particularmente por el hecho de la ausencia, también, de un marco de políticas sociales y económicas que reduzcan de verdad la inmensa brecha entre ricos y pobres, y ponga coto a la creciente exclusión que se practica.
En más de una ocasión a lo largo de los últimos diez años, he insistido en mis intervenciones públicas escritas u orales, que la situación en las cárceles en Panamá requiere de un interés especial y que debería hacerse de obligatorio cumplimiento las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, realizado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977. Sin embargo, vemos cómo se suceden los gobiernos y el sistema penitenciario no hace más que degradarse en la totalidad de sus funciones: salud, higiene, alimentación, capacitación, recreación, trabajo y, seguridad, tanto de los privados de libertad como del personal penitenciario. Igual acontece con las sobrepoblación penitenciaria y el hacinamiento.
Estamos, aunque las autoridades se apresuren a ocultarlo o negarlo, en presencia de casos masivos de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos por una situación carcelaria, que encuentra en la Fiscalía Auxiliar y su permanente violación de los Derechos Humanos, su principal auxiliar (valga la redundancia), que implica la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes por lo que se impone una multiplicación de las acciones de los afectados y de la ciudadanía, ante la vergonzosa indiferencia de las autoridades, así como solicitar la presencia de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Hago un llamado urgente al Colegio Nacional de Abogados y a las diversas agrupaciones que dicen ocuparse de los Derechos Humanos para multiplicar las acciones judiciales frente a esta degradante situación. Para ello, propongo que multipliquemos nuestras acciones para exigir:
1. El cierre inmediato de la Fiscalía Auxiliar y los Juzgados Nocturnos, principales centros donde se originan múltiples violaciones a los Derechos Humanos y, evitar así que ingresen al ámbito penal casos que no deberían llegar allí.
2. Que se establezcan alternativas reales a la prisión preventiva y a la pena de prisión, tomando muy en cuenta el interés de las víctimas, para que a las cárceles vayan a parar los delitos violentos y aquellos que causan un verdadero y grave daño social o personal.
3. Que se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad, tal como lo establecen con claridad las normas internacionales y la legislación nacional.
Cada día que la Fiscalía Auxiliar y los Juzgados nocturnos permanezcan abiertos el problema penitenciario no podrá comenzar a resolverse. Si las autoridades dicen que velan por los Derechos Humanos, ya es hora que empiecen a protegerlos eliminando el nido donde se incumban algunas de sus más importantes violaciones. Ello, aunque nadie sepa que estamos aquí.
Efectivamente, de igual forma que se ocultó a la población el viaje clandestino a Uruguay, realizado mientras no se demuestre lo contrario, con fondos del erario, que no está obligado a sufragar las francachelas y caprichos del ´jetset´ presidencial; a los panameños se nos oculta el hacinamiento, las penas crueles, inhumanas y degradantes que se practican en las cárceles panameñas. Esto, con el aval de las autoridades penitenciarias, judiciales y gubernamentales, en flagrante violación de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los reclusos también podrían decir: "Nadie sabe que estamos aquí".
La prolongada ausencia y el desinterés en nuestro país por establecer claras y definidas políticas criminológicas integrales, con acciones específicas y permanentes en los niveles legislativo, judicial, policial, penitenciario, está ocasionando un daño irreparable en la sociedad panameña, muy particularmente por el hecho de la ausencia, también, de un marco de políticas sociales y económicas que reduzcan de verdad la inmensa brecha entre ricos y pobres, y ponga coto a la creciente exclusión que se practica.
En más de una ocasión a lo largo de los últimos diez años, he insistido en mis intervenciones públicas escritas u orales, que la situación en las cárceles en Panamá requiere de un interés especial y que debería hacerse de obligatorio cumplimiento las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, realizado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977. Sin embargo, vemos cómo se suceden los gobiernos y el sistema penitenciario no hace más que degradarse en la totalidad de sus funciones: salud, higiene, alimentación, capacitación, recreación, trabajo y, seguridad, tanto de los privados de libertad como del personal penitenciario. Igual acontece con las sobrepoblación penitenciaria y el hacinamiento.
Estamos, aunque las autoridades se apresuren a ocultarlo o negarlo, en presencia de casos masivos de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos por una situación carcelaria, que encuentra en la Fiscalía Auxiliar y su permanente violación de los Derechos Humanos, su principal auxiliar (valga la redundancia), que implica la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes por lo que se impone una multiplicación de las acciones de los afectados y de la ciudadanía, ante la vergonzosa indiferencia de las autoridades, así como solicitar la presencia de organismos internacionales de Derechos Humanos.
Hago un llamado urgente al Colegio Nacional de Abogados y a las diversas agrupaciones que dicen ocuparse de los Derechos Humanos para multiplicar las acciones judiciales frente a esta degradante situación. Para ello, propongo que multipliquemos nuestras acciones para exigir:
1. El cierre inmediato de la Fiscalía Auxiliar y los Juzgados Nocturnos, principales centros donde se originan múltiples violaciones a los Derechos Humanos y, evitar así que ingresen al ámbito penal casos que no deberían llegar allí.
2. Que se establezcan alternativas reales a la prisión preventiva y a la pena de prisión, tomando muy en cuenta el interés de las víctimas, para que a las cárceles vayan a parar los delitos violentos y aquellos que causan un verdadero y grave daño social o personal.
3. Que se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad, tal como lo establecen con claridad las normas internacionales y la legislación nacional.
Cada día que la Fiscalía Auxiliar y los Juzgados nocturnos permanezcan abiertos el problema penitenciario no podrá comenzar a resolverse. Si las autoridades dicen que velan por los Derechos Humanos, ya es hora que empiecen a protegerlos eliminando el nido donde se incumban algunas de sus más importantes violaciones. Ello, aunque nadie sepa que estamos aquí.
