Necesaria unidad de legisladores indígenas
En esta oportunidad deseamos expresar nuestras inquietudes, sin el ánimo ni deseo de adversar, denigrar la figura de los hermanos legisladores indígenas; sino con la intención de orientar, contribuir con nuestras ideas, para que el trabajo que realizan sea más productivo y acorde a las aspiraciones de las comunidades que les confiaron sus votos.
El general Omar torrijos, en 1972, al promulgar el cambio de la Constitución Nacional propició que se permita la participación en la vida política nacional de los grupos sociales históricamente marginados, para que ellos mismos fuesen los portavoces de los problemas de sus comunidades y así legislaran en su beneficio social. Es decir, al permitirse la participación de los indígenas en el Parlamento Nacional, creemos que se hizo para que lucháramos, peleáramos desde este recinto político por los sagrados intereses de las colectividades indígenas. Sentimos que esta arma política que se nos dio no representa factor decisivo de respuestas a las dificultades sociales de las comunidades.
Frente a esta situación, somos de la opinión que se hace necesaria la alianza por encima de los intereses políticos partidistas, una alianza basada en los principios filosóficos de las comunidades, una alianza para reducir la pobreza, la miseria e ignorancia. Esto es fundamental, independientemente de la organización política a que pertenezcan, porque otros grupos étnicos que conforman a la Asambla Nacional, responden y defienden los intereses económicos e ideología de su grupo social. Sin embargo, hasta ahora, según la percepción generalizada que se tiene, los hermanos legisladores simplemente han contribuido con el fortalecimiento de los intereses económicos e ideológicos de los sectores sociales que nos oprimen y explotan. Exageran su afiliación política, únicamente se les toman en cuenta para apoyar y decir sí a los proyectos del gobierno, los partidos políticos los utilizan como instrumento para llegar al poder, no tienen capacidad de contradecir y realizar trabajos sin líneas políticas, en bienestar de sus comunidades. Esto demuestra que definitivamente con la participación política hemos sido alienados, hemos sido separados de nuestras genuinas luchas, pero aprendimos a defender las líneas políticas del partido en el poder y de la oposición, en vez de luchar y presentar proyectos sociales en conjunto, en aras de superar nuestro aislamiento y marginación histórica.
Desde el punto de vista político, la alianza, la unidad de los legisladores indígenas va a permitir el nacimiento de un nuevo poder político, surgimiento de un nuevo movimiento político indígena que va a posibilitar una lucha monolítica y en consenso. En ese sentido, creemos que llegó la hora, el día de negociar los votos con el gobierno nacional, en razón de lograr la participación de las comunidades en grandes proyectos sociales: construcción de carreteras (LlanoCartí), hospitales, viviendas, electrificación, etc, etc. Presentamos esta idea porque todo el mundo negocia su voto, todos a cambio de su voto exigen el espacio político (Liberal nacional, Solidaridad, etc.) para dar participación a sus miembros; los legisladores indígenas son los únicos que no ponen condición de su voto, que no piden a cambio un proyecto para sus comunidades empobrecidas. Esto quiere decir que necesariamente tienen que erigirse como una célula política autónoma, para luchar por los mejores intereses de la población en los beneficios que genera el fisco nacional, en beneficio de todos los grupos nacionales.
Este planteamiento lo hacemos porque en la discusión sobre las vistas presupuestarias de 1998, no escuchamos mencionarse ni un solo proyecto en beneficio de las cinco comarcas existentes, ningún legislador abrió su boca para defender su proyecto que no estaba incluido (si se lo presentó) en el Presupuesto Nacional. Si ninguno presentó el proyecto de mayor impacto social, quiere decir que vivimos y somos un paraíso terrenal, que vivimos felices en ser los condenados de la sociedad nacional. Pues, consideramos que no podemos seguir con actitudes pasivas, sumisas, sino que hay que ser más agresivo en nuestra participación política, todo para ganar los derechos, el respeto y la dignidad, en bienestar de nuestras comunidades que viven sin el desarrollo socioeconómico.
El general Omar torrijos, en 1972, al promulgar el cambio de la Constitución Nacional propició que se permita la participación en la vida política nacional de los grupos sociales históricamente marginados, para que ellos mismos fuesen los portavoces de los problemas de sus comunidades y así legislaran en su beneficio social. Es decir, al permitirse la participación de los indígenas en el Parlamento Nacional, creemos que se hizo para que lucháramos, peleáramos desde este recinto político por los sagrados intereses de las colectividades indígenas. Sentimos que esta arma política que se nos dio no representa factor decisivo de respuestas a las dificultades sociales de las comunidades.
Frente a esta situación, somos de la opinión que se hace necesaria la alianza por encima de los intereses políticos partidistas, una alianza basada en los principios filosóficos de las comunidades, una alianza para reducir la pobreza, la miseria e ignorancia. Esto es fundamental, independientemente de la organización política a que pertenezcan, porque otros grupos étnicos que conforman a la Asambla Nacional, responden y defienden los intereses económicos e ideología de su grupo social. Sin embargo, hasta ahora, según la percepción generalizada que se tiene, los hermanos legisladores simplemente han contribuido con el fortalecimiento de los intereses económicos e ideológicos de los sectores sociales que nos oprimen y explotan. Exageran su afiliación política, únicamente se les toman en cuenta para apoyar y decir sí a los proyectos del gobierno, los partidos políticos los utilizan como instrumento para llegar al poder, no tienen capacidad de contradecir y realizar trabajos sin líneas políticas, en bienestar de sus comunidades. Esto demuestra que definitivamente con la participación política hemos sido alienados, hemos sido separados de nuestras genuinas luchas, pero aprendimos a defender las líneas políticas del partido en el poder y de la oposición, en vez de luchar y presentar proyectos sociales en conjunto, en aras de superar nuestro aislamiento y marginación histórica.
Desde el punto de vista político, la alianza, la unidad de los legisladores indígenas va a permitir el nacimiento de un nuevo poder político, surgimiento de un nuevo movimiento político indígena que va a posibilitar una lucha monolítica y en consenso. En ese sentido, creemos que llegó la hora, el día de negociar los votos con el gobierno nacional, en razón de lograr la participación de las comunidades en grandes proyectos sociales: construcción de carreteras (LlanoCartí), hospitales, viviendas, electrificación, etc, etc. Presentamos esta idea porque todo el mundo negocia su voto, todos a cambio de su voto exigen el espacio político (Liberal nacional, Solidaridad, etc.) para dar participación a sus miembros; los legisladores indígenas son los únicos que no ponen condición de su voto, que no piden a cambio un proyecto para sus comunidades empobrecidas. Esto quiere decir que necesariamente tienen que erigirse como una célula política autónoma, para luchar por los mejores intereses de la población en los beneficios que genera el fisco nacional, en beneficio de todos los grupos nacionales.
Este planteamiento lo hacemos porque en la discusión sobre las vistas presupuestarias de 1998, no escuchamos mencionarse ni un solo proyecto en beneficio de las cinco comarcas existentes, ningún legislador abrió su boca para defender su proyecto que no estaba incluido (si se lo presentó) en el Presupuesto Nacional. Si ninguno presentó el proyecto de mayor impacto social, quiere decir que vivimos y somos un paraíso terrenal, que vivimos felices en ser los condenados de la sociedad nacional. Pues, consideramos que no podemos seguir con actitudes pasivas, sumisas, sino que hay que ser más agresivo en nuestra participación política, todo para ganar los derechos, el respeto y la dignidad, en bienestar de nuestras comunidades que viven sin el desarrollo socioeconómico.
