Necesidades urgentes
Fue en 1972, hace 31 años, que los militares elaboraron la actual Constitución Política de la República; y luego le hicieron unos emparches en 1983 dejándola casi igual. Panamá necesita urgentemente revisar la Carta Magna para adaptarla mejor a nuestras necesidades y modernizarla de acuerdo a los tiempos que vivimos en democracia y con 31 años más adelante. Dos generaciones sólo han conocido esta última Carta y no saben, tal vez, qué necesidades tenemos de esos cambios porque les parecerá normal lo que en ella leen.
Lamentablemente, hemos continuado con los vicios de los militares ordenados por la Constitución y nos hemos amoldado a ellos sin protesta más que de unos cuantos. Los tres Poderes del Estado necesitan una reingeniería para ponerlos a funcionar honestamente y sin corrupción. Vivimos con un sistema presidencialista que otorga poderes omnímodos a los gobernantes con autorización para hacer y deshacer a su gusto, imponiendo personas para los puestos y situaciones que luego no pueden corregir y nos llevan al despeñadero.
Ese poder debe ser controlado por alguien o eliminar algunas cosas que impidan gobernar con exceso de autoridad que sólo hace que los gobernantes se sientan soberanos en un ambiente que no encaja dentro de la democracia que decimos tener.
El Poder Legislativo goza cada vez más de prebendas y canonjías que hace a sus miembros impunes a delitos o errores cometidos, ya que no pueden ser sancionados. Lo peor está en la inmunidad que los protege hasta de delitos comunes, cuando originalmente se las dio para evitar persecuciones políticas de parte de los gobernantes, pero hoy la invocan para todo, similar a la bendita autonomía universitaria. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si tratan de pasar leyes que ponga un poco de control, ellos no lo van a aceptar; si les pedimos que se quiten la reelección, todos, una vez que prueban lo que es ser Legislador, quieren regresar porque se acostumbran a lo bueno que poseen, así es que no conseguiremos los votos. Cualquier cambio constitucional o legal que los perjudique será rechazado. Y así continúa la Asamblea, llena de defectos y de corrupción.
El Poder Judicial está de capa caída y necesita ojos para ver mejor; oídos para escuchar las injusticias y determinación con voluntad para impartir justicia, sea quien sea, sólo por ser panameños. La independencia de este Organo que lo saque de las manos del Ejecutivo, hay que encontrarla urgentemente para que exista, de veras, una separación de los poderes. Sólo miren, como ejemplo, la manera en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son escogidos por el Presidente por períodos demasiado largos para que impartan justicia imparcialmente. Diez años es mucho para que lleguen a conocer los movimientos, los contactos y lo que allí se cocina. Hay que cambiarlo y darle autonomía al Poder judicial.
Si bien es cierto que la Constitución no habla del paternalismo con que el Gobierno maneja la cosa pública, todo está arreglado para la dependencia de la administración gubernamental. Miren que ahora los obreros proponen que el Gobierno ceda a la Caja de Seguro Social (CSS) globos de terrenos de la ARI para salvar la economía de la Institución.
Si la CSS tiene autonomía, que salga sola del problema, porque no hay razón que justifique que las tierras, que son de todos los panameños, sean cedidas para salvar a un grupo de ellos. Eso es verdadero paternalismo que viene desde los militares y se ha incrustado en la mente de todos los ciudadanos. Tenemos que olvidarnos que el Gobierno debe darnos todo, por lo que hagamos un esfuerzo para sobrevivir sin su ayuda. Y el Gobierno, con tal de tener apoyo en los empleados públicos, aumenta cada vez la planilla, sin sospechar que luego no votarán por ellos.
Estos y muchos más son los cambios necesarios, tanto en la Constitución como en la mente y el querer de los panameños para sacar al país adelante. Pensemos bien lo que haremos, porque el país se agota y se debilita con tanto negativo en contra.
Lamentablemente, hemos continuado con los vicios de los militares ordenados por la Constitución y nos hemos amoldado a ellos sin protesta más que de unos cuantos. Los tres Poderes del Estado necesitan una reingeniería para ponerlos a funcionar honestamente y sin corrupción. Vivimos con un sistema presidencialista que otorga poderes omnímodos a los gobernantes con autorización para hacer y deshacer a su gusto, imponiendo personas para los puestos y situaciones que luego no pueden corregir y nos llevan al despeñadero.
Ese poder debe ser controlado por alguien o eliminar algunas cosas que impidan gobernar con exceso de autoridad que sólo hace que los gobernantes se sientan soberanos en un ambiente que no encaja dentro de la democracia que decimos tener.
El Poder Legislativo goza cada vez más de prebendas y canonjías que hace a sus miembros impunes a delitos o errores cometidos, ya que no pueden ser sancionados. Lo peor está en la inmunidad que los protege hasta de delitos comunes, cuando originalmente se las dio para evitar persecuciones políticas de parte de los gobernantes, pero hoy la invocan para todo, similar a la bendita autonomía universitaria. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Si tratan de pasar leyes que ponga un poco de control, ellos no lo van a aceptar; si les pedimos que se quiten la reelección, todos, una vez que prueban lo que es ser Legislador, quieren regresar porque se acostumbran a lo bueno que poseen, así es que no conseguiremos los votos. Cualquier cambio constitucional o legal que los perjudique será rechazado. Y así continúa la Asamblea, llena de defectos y de corrupción.
El Poder Judicial está de capa caída y necesita ojos para ver mejor; oídos para escuchar las injusticias y determinación con voluntad para impartir justicia, sea quien sea, sólo por ser panameños. La independencia de este Organo que lo saque de las manos del Ejecutivo, hay que encontrarla urgentemente para que exista, de veras, una separación de los poderes. Sólo miren, como ejemplo, la manera en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son escogidos por el Presidente por períodos demasiado largos para que impartan justicia imparcialmente. Diez años es mucho para que lleguen a conocer los movimientos, los contactos y lo que allí se cocina. Hay que cambiarlo y darle autonomía al Poder judicial.
Si bien es cierto que la Constitución no habla del paternalismo con que el Gobierno maneja la cosa pública, todo está arreglado para la dependencia de la administración gubernamental. Miren que ahora los obreros proponen que el Gobierno ceda a la Caja de Seguro Social (CSS) globos de terrenos de la ARI para salvar la economía de la Institución.
Si la CSS tiene autonomía, que salga sola del problema, porque no hay razón que justifique que las tierras, que son de todos los panameños, sean cedidas para salvar a un grupo de ellos. Eso es verdadero paternalismo que viene desde los militares y se ha incrustado en la mente de todos los ciudadanos. Tenemos que olvidarnos que el Gobierno debe darnos todo, por lo que hagamos un esfuerzo para sobrevivir sin su ayuda. Y el Gobierno, con tal de tener apoyo en los empleados públicos, aumenta cada vez la planilla, sin sospechar que luego no votarán por ellos.
Estos y muchos más son los cambios necesarios, tanto en la Constitución como en la mente y el querer de los panameños para sacar al país adelante. Pensemos bien lo que haremos, porque el país se agota y se debilita con tanto negativo en contra.
