Neurosis política y constituyente
FERNANDO SAVATER nos enseña que " la diferencia entre una democracia y un autoritarismo es que en la democracia somos políticos todos. Es por esto que alarma oír hablar de lo malo que son los políticos, de lo corruptos que son, y uno dice: Querrá usted decir qué nos pasa a todos, porque si los políticos son corruptos, lo son porque nosotros dejamos que lo sean, porque fracasamos en nuestra propia tarea política que es elegirles, sustituirles, controlarles, vigilarles y en último término presentarnos como candidatos como una mejor alternativa frente a ellos, si eso no lo hacemos, efectivamente los políticos seguirán siendo unos corruptos y lo seremos todos, todos los políticos dentro de un país".
Quienes promueven el vacío ético-ciudadano lo hacen con el propósito de no tener que responder por sus actos. El principal instrumento -carente de toda ética ciudadana, y en mi opinión, causa principal de la crisis moral e institucional de la sociedad panameña actual, lo es la constitución militarista super emparchada. Constitución que contradice lo que en esencia se entiende en el mundo actual como ordenamiento constitucional, puesto que: manipula la voluntad popular; tergiversa el contenido de un verdadero ordenamiento constitucional; no es una Constitución Nacional por su carácter excluyente y, no es ley fundamental por la negación de derechos políticos básicos de participación ciudadana.
El que no se haya querido dar inicio a un verdadero proceso constituyente de plena participación ciudadana que culmine con un verdadero cambio constitucional, demuestra el interés que tienen las cúpulas por retener dentro de lo posible la noción nacional que le dio la dictadura a Panamá: tener el Estado como lugar de dominación, de utilizar el Estado como lugar de negocios. Ello es así porque la misma reproduce el contexto político que preserva las condiciones que hacen del aparato estatal un ámbito inmoral, ausente del sentido del deber ser, Se mantienen así: las formas autoritarias de gobierno; la impunidad de los funcionarios por ausencia de controles externos a su gestión; estructuras que concentran el poder en pocos organismos de administración Central; formas jurídicas complicadas y oscuras que permiten el uso discrecional de los fondos públicos; peso del partido de gobierno en las decisiones de política pública; dependencia del gobierno respecto de los grupos de poder que financiaron su campaña electoral; falta de transparencia en los actos de gobierno; la ausencia de ciudadanos representantes de los usuarios en los organismos que prestan servicios; procesos judiciales lentos, complicados y costosos.
Bajo este telón se premia la partidocracia, se rechaza la participación ciudadana y se cierran las posibilidades de una democracia participativa, terreno apropiado para poder desarrollar una ética ciudadana.
Un verdadero proceso constituyente crearía el entorno necesario para el desarrollo de una ética ciudadana, para la consolidación de una institucionalidad real y la superación de la crisis estructural. Ello es así porque se podrían sentar las bases para un sentimiento constitucional, que conduciría a una adhesión interna a los valores fundamentales de una sociedad moderna, a las normas e instituciones básicas de un Estado de Derecho Constitucional moderno, experimentada con intensidad porque se estiman que son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia sobre la base, insisto en ello, de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo.
"En el Estado constitucional, nos dice Peter Haberle - el principio organizativo fundamental es la división de poderes, el cual se deriva directamente, en la actual etapa evolutiva del Estado constitucional, de la garantía de la dignidad humana. Se trata de una premisa antropológico-cultural, cuya consecuencia organizativa es la democracia. Sin embargo, no resulta evidente esta vinculación interna entre democracia y dignidad humana, ni entre aquella y los derechos humanos que derivan de ésta."
También es necesario en este punto, insistir en el hecho que nos enseña Verdú: "una conciencia constitucional insuficiente produce, poco a poco, malestar social gradualmente al ciudadano del Estado e incrementa la neurosis política. La hendidura entre el Derecho Constitucional y la realidad constitucional no sólo implica un abismo entra la normatividad y la normalidad, además supone una defectuosa interiorizacion del desarrollo constitucional por los ciudadanos, de suerte que puede amenazar al Estado en cuanto proceso vital básico".
La crisis moral e institucional en nuestra sociedad podrá ser resuelta cuando asumamos la responsabilidad de hacer nuestra propia historia y nos convirtamos en verdaderos protagonistas de nuestra propia historia. Cuando no permitamos que se nos niegue el derecho de ser autores y actores de nuestra identidad nacional, de nuestra ética ciudadana, cuando venzamos con dignidad las contradicciones y las acciones de los factores reales de poder que nos impiden ser, ante todo, ¡panameños!
La denuncia fue interpuesta en octubre pasado por el actual gerente del BNP, Juan Ricardo De Dianous. El BNP, bajo la gerencia de Pariente, desembolsó B/. 12 millones para este proyecto, que fue declarado inhabitable por el Gobierno tras ser afectado por dos inundaciones.
Quienes promueven el vacío ético-ciudadano lo hacen con el propósito de no tener que responder por sus actos. El principal instrumento -carente de toda ética ciudadana, y en mi opinión, causa principal de la crisis moral e institucional de la sociedad panameña actual, lo es la constitución militarista super emparchada. Constitución que contradice lo que en esencia se entiende en el mundo actual como ordenamiento constitucional, puesto que: manipula la voluntad popular; tergiversa el contenido de un verdadero ordenamiento constitucional; no es una Constitución Nacional por su carácter excluyente y, no es ley fundamental por la negación de derechos políticos básicos de participación ciudadana.
El que no se haya querido dar inicio a un verdadero proceso constituyente de plena participación ciudadana que culmine con un verdadero cambio constitucional, demuestra el interés que tienen las cúpulas por retener dentro de lo posible la noción nacional que le dio la dictadura a Panamá: tener el Estado como lugar de dominación, de utilizar el Estado como lugar de negocios. Ello es así porque la misma reproduce el contexto político que preserva las condiciones que hacen del aparato estatal un ámbito inmoral, ausente del sentido del deber ser, Se mantienen así: las formas autoritarias de gobierno; la impunidad de los funcionarios por ausencia de controles externos a su gestión; estructuras que concentran el poder en pocos organismos de administración Central; formas jurídicas complicadas y oscuras que permiten el uso discrecional de los fondos públicos; peso del partido de gobierno en las decisiones de política pública; dependencia del gobierno respecto de los grupos de poder que financiaron su campaña electoral; falta de transparencia en los actos de gobierno; la ausencia de ciudadanos representantes de los usuarios en los organismos que prestan servicios; procesos judiciales lentos, complicados y costosos.
Bajo este telón se premia la partidocracia, se rechaza la participación ciudadana y se cierran las posibilidades de una democracia participativa, terreno apropiado para poder desarrollar una ética ciudadana.
Un verdadero proceso constituyente crearía el entorno necesario para el desarrollo de una ética ciudadana, para la consolidación de una institucionalidad real y la superación de la crisis estructural. Ello es así porque se podrían sentar las bases para un sentimiento constitucional, que conduciría a una adhesión interna a los valores fundamentales de una sociedad moderna, a las normas e instituciones básicas de un Estado de Derecho Constitucional moderno, experimentada con intensidad porque se estiman que son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia sobre la base, insisto en ello, de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo.
"En el Estado constitucional, nos dice Peter Haberle - el principio organizativo fundamental es la división de poderes, el cual se deriva directamente, en la actual etapa evolutiva del Estado constitucional, de la garantía de la dignidad humana. Se trata de una premisa antropológico-cultural, cuya consecuencia organizativa es la democracia. Sin embargo, no resulta evidente esta vinculación interna entre democracia y dignidad humana, ni entre aquella y los derechos humanos que derivan de ésta."
También es necesario en este punto, insistir en el hecho que nos enseña Verdú: "una conciencia constitucional insuficiente produce, poco a poco, malestar social gradualmente al ciudadano del Estado e incrementa la neurosis política. La hendidura entre el Derecho Constitucional y la realidad constitucional no sólo implica un abismo entra la normatividad y la normalidad, además supone una defectuosa interiorizacion del desarrollo constitucional por los ciudadanos, de suerte que puede amenazar al Estado en cuanto proceso vital básico".
La crisis moral e institucional en nuestra sociedad podrá ser resuelta cuando asumamos la responsabilidad de hacer nuestra propia historia y nos convirtamos en verdaderos protagonistas de nuestra propia historia. Cuando no permitamos que se nos niegue el derecho de ser autores y actores de nuestra identidad nacional, de nuestra ética ciudadana, cuando venzamos con dignidad las contradicciones y las acciones de los factores reales de poder que nos impiden ser, ante todo, ¡panameños!
La denuncia fue interpuesta en octubre pasado por el actual gerente del BNP, Juan Ricardo De Dianous. El BNP, bajo la gerencia de Pariente, desembolsó B/. 12 millones para este proyecto, que fue declarado inhabitable por el Gobierno tras ser afectado por dos inundaciones.
Pariente es el tercer colaborador de la ex presidenta Mireya Moscoso al que se le revoca la visa.
Este año también se aplicó la misma medida al exministro de Obras Públicas, Víctor Juliao, así como al exdirector de Migración, Erick Singares.
La suspensión del visado por parte de Estados Unidos se desarrolla como parte de la política anticorrupción.
