No al secreto en el Palacio Presidencial
La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) habló por todos los panameños cuando le exigió al Gobierno Nacional transparencia en la discusión de los proyectos de ley que pretenden fusionar servicios de la Fuerza Pública, y crear el nuevo cuerpo de inteligencia.
Una política de seguridad no puede asumirse en la intimidad del Palacio de las Garzas, sin consulta ni consenso. Los veintiún años de dictadura militar enseñaron al pueblo panameño que nada de lo que se cocina en secreto sabe bien.
Los Obispos, con su manera sedosa y de palabras escogidas, advirtieron que toda decisión a ese respecto debe ser tomada "con visión integral y de largo plazo, transparente, responsable, sin sesgo partidista y con apego irrestricto a la dignidad de la persona humana y al Estado de Derecho".
Si el mandatario de turno no ha entendido bien, los obispos le están diciendo que detenga su intención de confeccionar esas leyes alejado de la tribuna pública, a la manera de los dictadores que se hacen leyes a la medida. Los prelados le están exigiendo que discuta el tema "con todos los sectores de la sociedad".
Esta situación, generada en contubernio con la desprestigiada Asamblea de Diputados sabrá Dios con qué intenciones, contrasta con la discusión que se dio a mediados de los años noventa en torno a la redacción de la ley de la Policía Nacional.
En aquella fecha todo se efectuó de cara al sol, con participación de representantes de gobierno y oposición, de la sociedad civil y los grupos empresariales. En esta ocasión, la oscuridad evita que se pueda mirar dentro de la olla. Pero huele mal.
