No certifiquen a Estados Unidos
Miami/AIPE.- No hay nada comparable a la maldita certificación, ese rito primaveral del Congreso de Estados Unidos, para resaltar el disparate de la política actual hacia las drogas ilícitas, sobre todo en América Latina.
Aquí debo hacer una salvedad a favor de las damas y caballeros que laboran por nuestro bien en el Capitolio. Puesto que el Congreso dispone de la autoridad constitucional para gastar la plata que los agentes del fisco les extraen a los contribuyentes, a nuestros representantes les sobran facultades para fijarles condiciones a los países que aspiran a recibir asistencia económica de Estados Unidos.
En lo que respecta a la certificación, los gobiernos extranjeros que no libran su guerra contra las drogas, de acuerdo con las exigencias que hace Washington, encaran la pérdida de fondos para comprar helicópteros artillados de segunda mano o, en casos muy graves, pierden los privilegios arancelarios que facilitan sus exportaciones al mercado estadounidense.
Pero ninguno de los países latinoamericanos que más amargamente se quejan del proceso de certificación tienen la obligación de tomar la asistencia que Estados Unidos ofrece. Pudiesen rechazar los fondos americanos junto con el sometimiento a la estrategia norteamericana en una guerra contra las drogas que sólo ha servido para fortalecer la relación simbiótica entre los establishments policiales y los traficantes, los dos grupos que más jugo le sacan a los narcóticos ilegales. Si éstos fuesen discriminalizados, ¿qué se harían las mafias, las DEAs, los vendedores callejeros y alguaciles carcelarios y fiscales que viven de detener y procesar a consumidores, mulas, traficantes y lavadores de dinero?
De momento no tienen semejante preocupación laboral. Entre otras cosas, se mantienen ocupados lidiando con una América Latina donde la insistencia norteamericana en la necesidad de militarizar la lucha contra los narcos ha debilitado las instituciones públicas encargadas de salvaguardar el orden público y de administrar la justicia. Las mafias siguen corrompiendo a militares, jueces, fiscales y hasta policías reclutados (y entrenados por Estados Unidos) para cuerpos antidrogas de élite.
Es cierto que el gobierno boliviano ha lanzado campañas exitosas con el propósito de destruir sembrados de coca en el Chapare. No obstante en otros países aumenta el número de hectáreas bajo cultivo; y pese al presunto aniquilamiento de varios "carteles" (a propósito, se trata de los únicos "carteles" que abaratan la mercancía que controlan), se organizan nuevos y eficaces grupos de traficantes que les ofrecen a sus clientes una línea más diversa de "productos".
América Latina pierde el tiempo reclamando la eliminación de la certificación. El proceso pertenece al feudo de un Congreso que encarna el tradicional rechazo puritano hacia los vicios importados por extranjeros "indeseables".
En lugar de hincharse de una insípida ira nacionalista contra la certificación estadounidense, los países latinoamericanos más golpeados por el tráfico de drogas deberían realizar su propio proceso de certificación a fin de enjuiciar la efectividad de la política de Washington. Si los llamados países productores realizaran una sobria revisión de la estrategia antidrogas del principal país consumidor, sería imposible respaldar las pretensiones estadounidenses en materia de narcóticos ilícitos.
Aquí debo hacer una salvedad a favor de las damas y caballeros que laboran por nuestro bien en el Capitolio. Puesto que el Congreso dispone de la autoridad constitucional para gastar la plata que los agentes del fisco les extraen a los contribuyentes, a nuestros representantes les sobran facultades para fijarles condiciones a los países que aspiran a recibir asistencia económica de Estados Unidos.
En lo que respecta a la certificación, los gobiernos extranjeros que no libran su guerra contra las drogas, de acuerdo con las exigencias que hace Washington, encaran la pérdida de fondos para comprar helicópteros artillados de segunda mano o, en casos muy graves, pierden los privilegios arancelarios que facilitan sus exportaciones al mercado estadounidense.
Pero ninguno de los países latinoamericanos que más amargamente se quejan del proceso de certificación tienen la obligación de tomar la asistencia que Estados Unidos ofrece. Pudiesen rechazar los fondos americanos junto con el sometimiento a la estrategia norteamericana en una guerra contra las drogas que sólo ha servido para fortalecer la relación simbiótica entre los establishments policiales y los traficantes, los dos grupos que más jugo le sacan a los narcóticos ilegales. Si éstos fuesen discriminalizados, ¿qué se harían las mafias, las DEAs, los vendedores callejeros y alguaciles carcelarios y fiscales que viven de detener y procesar a consumidores, mulas, traficantes y lavadores de dinero?
De momento no tienen semejante preocupación laboral. Entre otras cosas, se mantienen ocupados lidiando con una América Latina donde la insistencia norteamericana en la necesidad de militarizar la lucha contra los narcos ha debilitado las instituciones públicas encargadas de salvaguardar el orden público y de administrar la justicia. Las mafias siguen corrompiendo a militares, jueces, fiscales y hasta policías reclutados (y entrenados por Estados Unidos) para cuerpos antidrogas de élite.
Es cierto que el gobierno boliviano ha lanzado campañas exitosas con el propósito de destruir sembrados de coca en el Chapare. No obstante en otros países aumenta el número de hectáreas bajo cultivo; y pese al presunto aniquilamiento de varios "carteles" (a propósito, se trata de los únicos "carteles" que abaratan la mercancía que controlan), se organizan nuevos y eficaces grupos de traficantes que les ofrecen a sus clientes una línea más diversa de "productos".
América Latina pierde el tiempo reclamando la eliminación de la certificación. El proceso pertenece al feudo de un Congreso que encarna el tradicional rechazo puritano hacia los vicios importados por extranjeros "indeseables".
En lugar de hincharse de una insípida ira nacionalista contra la certificación estadounidense, los países latinoamericanos más golpeados por el tráfico de drogas deberían realizar su propio proceso de certificación a fin de enjuiciar la efectividad de la política de Washington. Si los llamados países productores realizaran una sobria revisión de la estrategia antidrogas del principal país consumidor, sería imposible respaldar las pretensiones estadounidenses en materia de narcóticos ilícitos.
