No es lo mismo juzgar que juzgar
La noticia no resulta sorprendente. El diario panameño "El Universal " del 30 de mayo incluye un titular que dice "Kissinger no rendirá declaratoria en Francia". Se refiere a la citación que expidió el juez francés Roger Le Loire para que el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos comparezca ante el tribunal y sea sometido a interrogatorio por la desaparición de cinco ciudadanos franceses en la década del "70 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet. Al Juez Le Loire le comunicaron que el Dr. Kissinger estaba muy ocupado para contestar las llamadas y que las informaciones que le interesan al Juzgado son absolutamente confidenciales.
Pinochet fue sometido a las jurisdicciones española y británica, por razón de la responsabilidad que se le atribuye en las atrocidades cometidas por el régimen fascista que encabezó, una vez que el sector militar chileno derrocó al gobierno de coalición de Salvador Allende. Socialistas, comunistas, radicales y militantes de la denominada "izquierda cristiana" dirigida por Jacques Chonchol y hasta ciertos liberales entusiastas participaron en un esfuerzo de transformación de la sociedad chilena. El 11 de septiembre de 1973 sonaron los cañonazos y los ocupantes del Palacio de la Moneda -Allende incluido-no pudieron resistir por mucho tiempo.
El mundo tiene conciencia de la hecatombe. Los libros que reflejaban el pensamiento más esclarecido del Chile de la época fueron incinerados en La Alameda y en la Calle Ahumada, y se desató la cacería más espeluznante de la historia política de América Latina. Para los que perdimos amistades inolvidables en aquel baño de sangre que liquidó cientos de miles de personas, muchos de los cuales no eran ni siquiera militantes políticos-hasta al río Mapocho y el Parque Forestal se llenaron de muertos - el enjuiciamiento de Pinochet quizás adquiere mayor relevancia que en el caso de los que no estuvieron tan emocionalmente vinculados a los acontecimientos.
Sin embargo, flota en el ambiente un problema de gran seriedad. La reacción internacional contra Pinochet y el contagioso alborozo que produce su enjuiciamiento en los tribunales chilenos -como resultado de la apertura de procesos penales en Madrid y Londres- plantea, con independencia de la solidez moral de estos actos jurídicos internacionales, la validez práctica de este tipo de decisiones. Todo empezó por la aplicación rigurosa de una concepción supranacional del derecho de perseguir los delitos. Constituido un juzgado de instrucción criminal - o un Fiscal, en otras latitudes- basta con que decida asumir el conocimiento de un determinado asunto para que sus órdenes e instrucciones sean cumplidas en cualquier país. Para quienes, fundados en el afán de castigar a Pinochet, defienden la tesis de que el juez Garzón tenía pleno derecho a ordenar el arresto de cualquiera -gobernante o ex gobernante -los peligros para los países pequeños no existen.
Siento que se equivocan los caminos. Los mecanismos para dirimir los problemas políticos de cada país o los resortes que deben prevalecer para fijar las responsabilidades de los dirigentes, en caso de que existan, todavía deben corresponder a las esferas nacionales. Es cierto que la tendencia contemporánea indica que ciertos delitos, de origen político o de factura "común", por razón de la naturaleza del bien que afectan, tienen consecuencias que sobrepasan la santidad tradicional de las fronteras. También es cierto que las fronteras mismas sufren el acoso constante de un agresivo proceso de debilitamiento y que el mundo cada día es más ancho, pero menos ajeno. Para eso existe, precisamente, el Derecho Internacional, que va transitando por nuevos caminos y se permite experimentar con otros métodos de trabajo. Pero nada es correcto ni admisible si carece de viabilidad práctica. Toda medida que conduzca a situaciones injustas debe ser examinada con gran rigor y detenimiento. Ningún Estado pequeño debe aventurarse a la aceptación indiscriminada de estas jurisdicciones internacionales impuestas unilateralmente por los países de mayor desarrollo. A Pinochet lo arrestaron en Inglaterra por órdenes de un juez español, pero me parece poco probable que algún dirigente ibérico pueda ser sometido a detención por la resolución de arresto que dicte un tribunal chileno.
Reduzcamos el problema a nuestro propio espacio: ¿Sería política y prácticamente viable que un tribunal panameño emitiera órdenes de detención contra dirigentes internacionales que se consideraran responsable por los muertos de la invasión de diciembre de 1989? ¿A quién se transmitiría la orden? ¿Cómo se ejecutaría? En ese supuesto, cuya extensión por el ejercicio de la imaginación, puede aplicarse a jueces de naciones pequeñas, con relación a los líderes políticos de los gigantes, los mandatarios de los primeros deberían más bien aspirar a que la reacción sólo sea la de una irónica sonrisa por parte de los supuestos investigados y no, como también podría ocurrir, una reedición, ampliada y corregida, del acto anterior que se investiga. O sea, no juguemos con los conceptos. Si se logra consolidar la idea de la existencia de un Tribunal internacional -que coincido en que sólo podría ser creado por las Naciones Unidas- entonces se abrirían las puertas para la creatividad del pensamiento universal, de modo que no surjan contradicciones entre los intereses nacionales de cada país y las preocupaciones de la conciencia internacional. Mientras ello no ocurra, habrá que funcionar con gran prudencia y asumir, en estas materias tan delicadas, una actitud más bien conservadora, que resguarde a los Estados débiles y pequeños de los torbellinos que puedan desatarse. Y si el sistema es tan funcional, ¿por qué el juez francés no obliga a Kissinger a comparecer "en el término de la distancia"?
Pinochet fue sometido a las jurisdicciones española y británica, por razón de la responsabilidad que se le atribuye en las atrocidades cometidas por el régimen fascista que encabezó, una vez que el sector militar chileno derrocó al gobierno de coalición de Salvador Allende. Socialistas, comunistas, radicales y militantes de la denominada "izquierda cristiana" dirigida por Jacques Chonchol y hasta ciertos liberales entusiastas participaron en un esfuerzo de transformación de la sociedad chilena. El 11 de septiembre de 1973 sonaron los cañonazos y los ocupantes del Palacio de la Moneda -Allende incluido-no pudieron resistir por mucho tiempo.
El mundo tiene conciencia de la hecatombe. Los libros que reflejaban el pensamiento más esclarecido del Chile de la época fueron incinerados en La Alameda y en la Calle Ahumada, y se desató la cacería más espeluznante de la historia política de América Latina. Para los que perdimos amistades inolvidables en aquel baño de sangre que liquidó cientos de miles de personas, muchos de los cuales no eran ni siquiera militantes políticos-hasta al río Mapocho y el Parque Forestal se llenaron de muertos - el enjuiciamiento de Pinochet quizás adquiere mayor relevancia que en el caso de los que no estuvieron tan emocionalmente vinculados a los acontecimientos.
Sin embargo, flota en el ambiente un problema de gran seriedad. La reacción internacional contra Pinochet y el contagioso alborozo que produce su enjuiciamiento en los tribunales chilenos -como resultado de la apertura de procesos penales en Madrid y Londres- plantea, con independencia de la solidez moral de estos actos jurídicos internacionales, la validez práctica de este tipo de decisiones. Todo empezó por la aplicación rigurosa de una concepción supranacional del derecho de perseguir los delitos. Constituido un juzgado de instrucción criminal - o un Fiscal, en otras latitudes- basta con que decida asumir el conocimiento de un determinado asunto para que sus órdenes e instrucciones sean cumplidas en cualquier país. Para quienes, fundados en el afán de castigar a Pinochet, defienden la tesis de que el juez Garzón tenía pleno derecho a ordenar el arresto de cualquiera -gobernante o ex gobernante -los peligros para los países pequeños no existen.
Siento que se equivocan los caminos. Los mecanismos para dirimir los problemas políticos de cada país o los resortes que deben prevalecer para fijar las responsabilidades de los dirigentes, en caso de que existan, todavía deben corresponder a las esferas nacionales. Es cierto que la tendencia contemporánea indica que ciertos delitos, de origen político o de factura "común", por razón de la naturaleza del bien que afectan, tienen consecuencias que sobrepasan la santidad tradicional de las fronteras. También es cierto que las fronteras mismas sufren el acoso constante de un agresivo proceso de debilitamiento y que el mundo cada día es más ancho, pero menos ajeno. Para eso existe, precisamente, el Derecho Internacional, que va transitando por nuevos caminos y se permite experimentar con otros métodos de trabajo. Pero nada es correcto ni admisible si carece de viabilidad práctica. Toda medida que conduzca a situaciones injustas debe ser examinada con gran rigor y detenimiento. Ningún Estado pequeño debe aventurarse a la aceptación indiscriminada de estas jurisdicciones internacionales impuestas unilateralmente por los países de mayor desarrollo. A Pinochet lo arrestaron en Inglaterra por órdenes de un juez español, pero me parece poco probable que algún dirigente ibérico pueda ser sometido a detención por la resolución de arresto que dicte un tribunal chileno.
Reduzcamos el problema a nuestro propio espacio: ¿Sería política y prácticamente viable que un tribunal panameño emitiera órdenes de detención contra dirigentes internacionales que se consideraran responsable por los muertos de la invasión de diciembre de 1989? ¿A quién se transmitiría la orden? ¿Cómo se ejecutaría? En ese supuesto, cuya extensión por el ejercicio de la imaginación, puede aplicarse a jueces de naciones pequeñas, con relación a los líderes políticos de los gigantes, los mandatarios de los primeros deberían más bien aspirar a que la reacción sólo sea la de una irónica sonrisa por parte de los supuestos investigados y no, como también podría ocurrir, una reedición, ampliada y corregida, del acto anterior que se investiga. O sea, no juguemos con los conceptos. Si se logra consolidar la idea de la existencia de un Tribunal internacional -que coincido en que sólo podría ser creado por las Naciones Unidas- entonces se abrirían las puertas para la creatividad del pensamiento universal, de modo que no surjan contradicciones entre los intereses nacionales de cada país y las preocupaciones de la conciencia internacional. Mientras ello no ocurra, habrá que funcionar con gran prudencia y asumir, en estas materias tan delicadas, una actitud más bien conservadora, que resguarde a los Estados débiles y pequeños de los torbellinos que puedan desatarse. Y si el sistema es tan funcional, ¿por qué el juez francés no obliga a Kissinger a comparecer "en el término de la distancia"?
