No la subestimen, Mireya tiene la sartén
R. Abrego, M. Bush, H. Sucre, O. Chen, G. Young, M. De La Hoz, A. Vásquez, O. de Quesada, E. González, C. Gozaine, M. Ameglio, O. de Pomares y A. Vega, o sea, 9 del PRD y 4 del Partido Arnulfista no cuentan con el mandato electoral y ocupan ilegítimamente escaños que corresponden, fiel a las cifras oficiales en las actas, a los legisladores electos, en su orden correlativo: Leopoldo Castillo García (Arnulfista), Julio Loque (Molirena), Germán Vergara (Arnulfista), José Brown (Liberal), Gisela Chung (Molirena), Roberto Arango (Liberal Nacional), Daniel Arias (Saltamontes), Manuel Grimado (Papá Egoró), Jose Del Carmen Serracín A. (Saltamonte), Zenón González (Molirena), Méndez Fábrega (Molirena), Luis Yu (Solidaridad) y Lucas Zarak (Saltamontes).
Como no soy de los que tapan nada y del todo seguro que estamos ante una descarada burla a la voluntad popular y, de paso a la propia, debo comentar que mi amigo Lucas Zarak presidió la Asamblea que en 1993 retrotrajo, tras propuesta de Arturo Vallarino y Camilo Brenes, la irracional y desvaliosa fórmula inventada por los políticos mañosos de otrora en la Ley 60 de 1925 para el reparto en los plurinominales. La propuesta Vallarino-Brenes, aunque totalmente ignorante del Derecho Electoral y reglas de las matemáticas (cual confirmado por todos los profesores consultados de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Panamá), llevaba el sano fin de corregir la demencial fórmula introducida corruptamente en 1988 por la Asamblea amanuense de los militares.
Lucas, afectado en su derecho a ser elegido por la fórmula de marras, se negó reciamente a sumarse a las demandas que penden en la Corte Suprema y denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo razones que endilga erróneamente a cuestiones de "dignidad" y "respeto" a la regla, sin importar que fuere desvaliosa, que él siente contribuyó a instituir. Según tantos más, hay que aceptar el desafuero por ser producto de concertos partidistas; pero resulta que no pueden acordar fórmula que no sólo fuere inconstitucional sino que burlare el supremo mandato popular. Lucas debe reflexionar en cuanto no depende de él reclamar la rectificación de la adjudicación ilegítima, sino que debe realizarse en respeto a la voluntad de los electores del circuito 8-7, que ciertamente son los engañados.
El espectáculo saturado de veleidades e inescrupulosidades que vive hoy la Asamblea y los consecuentes impedimentos que le están ocasionando a la gobernabilidad del país, es el producto de las fraudulentas proclamaciones y no del consenso que debe caracterizar a dicho órgano. Independientemente que a lo interno del Arnulfita me haya opuesto férreamente, no tanto a la candidatura de la Sra. Moscoso, como muchos instigadores de escalones fáciles me endosan, sino a la antidemocrática, divisionista e ineficiente administración prestada en esta década al P. Arnulfista, tropelías que me llevaron a situarme en la marginada fracción ideológica del panameñismo que lideriza Alberto Vallarino, no signifique que sonría y esté de acuerdo con los obstáculos que políticos inescrupulosos de la oposición y oficialismo le han montado a la Presidenta, después de todo e indistintamente de nuestras diferencias, ella como yo somos panameñistas y de paso es nuestra Presidenta por la voluntad de mi pueblo.
En así que los maniqueístas utilitarios inmersos en la Asamblea deben manejarse con mucho cuidado y no subestimar a doña Mireya, quien por ser la legítima y más pura ostentadora de la voluntad del electorado en el más alto cargo de la República, le corresponderá conocer y adoptar las rectificaciones institucionales que se desprendan de los fallos referentes a las demandas ante la Corte Suprema de Justicia y, en defecto, a posibles manipulaciones, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última institución cuya decisión es, de pleno derecho, de obligatorio acatamiento por el Estado panameño.
No tengo la menor duda, ante el abrumador respaldo que están recibiendo los demandantes de parte de connotados estudiosos internacionales del Derecho Electoral, así como de administradores electorales de todo el continente y España, que las demandas saldrán airosas en la Corte Interamericana. Por último, me permito felicitar patrióticamente al jurista chorrerano Leopoldo Castillo García, por cierto, ubicado en la facción panameñista en gobierno, quien está representando brillante y sonoramente a media docena de legisladores electos y cuyo escaño ocupa indebidamente Roberto Abrego, aquel de la canallada a Faundes que no tiene autoridad moral ni derecho político para seguir hablando sandeces en el primer órgano del Estado.
Como no soy de los que tapan nada y del todo seguro que estamos ante una descarada burla a la voluntad popular y, de paso a la propia, debo comentar que mi amigo Lucas Zarak presidió la Asamblea que en 1993 retrotrajo, tras propuesta de Arturo Vallarino y Camilo Brenes, la irracional y desvaliosa fórmula inventada por los políticos mañosos de otrora en la Ley 60 de 1925 para el reparto en los plurinominales. La propuesta Vallarino-Brenes, aunque totalmente ignorante del Derecho Electoral y reglas de las matemáticas (cual confirmado por todos los profesores consultados de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Panamá), llevaba el sano fin de corregir la demencial fórmula introducida corruptamente en 1988 por la Asamblea amanuense de los militares.
Lucas, afectado en su derecho a ser elegido por la fórmula de marras, se negó reciamente a sumarse a las demandas que penden en la Corte Suprema y denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo razones que endilga erróneamente a cuestiones de "dignidad" y "respeto" a la regla, sin importar que fuere desvaliosa, que él siente contribuyó a instituir. Según tantos más, hay que aceptar el desafuero por ser producto de concertos partidistas; pero resulta que no pueden acordar fórmula que no sólo fuere inconstitucional sino que burlare el supremo mandato popular. Lucas debe reflexionar en cuanto no depende de él reclamar la rectificación de la adjudicación ilegítima, sino que debe realizarse en respeto a la voluntad de los electores del circuito 8-7, que ciertamente son los engañados.
El espectáculo saturado de veleidades e inescrupulosidades que vive hoy la Asamblea y los consecuentes impedimentos que le están ocasionando a la gobernabilidad del país, es el producto de las fraudulentas proclamaciones y no del consenso que debe caracterizar a dicho órgano. Independientemente que a lo interno del Arnulfita me haya opuesto férreamente, no tanto a la candidatura de la Sra. Moscoso, como muchos instigadores de escalones fáciles me endosan, sino a la antidemocrática, divisionista e ineficiente administración prestada en esta década al P. Arnulfista, tropelías que me llevaron a situarme en la marginada fracción ideológica del panameñismo que lideriza Alberto Vallarino, no signifique que sonría y esté de acuerdo con los obstáculos que políticos inescrupulosos de la oposición y oficialismo le han montado a la Presidenta, después de todo e indistintamente de nuestras diferencias, ella como yo somos panameñistas y de paso es nuestra Presidenta por la voluntad de mi pueblo.
En así que los maniqueístas utilitarios inmersos en la Asamblea deben manejarse con mucho cuidado y no subestimar a doña Mireya, quien por ser la legítima y más pura ostentadora de la voluntad del electorado en el más alto cargo de la República, le corresponderá conocer y adoptar las rectificaciones institucionales que se desprendan de los fallos referentes a las demandas ante la Corte Suprema de Justicia y, en defecto, a posibles manipulaciones, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última institución cuya decisión es, de pleno derecho, de obligatorio acatamiento por el Estado panameño.
No tengo la menor duda, ante el abrumador respaldo que están recibiendo los demandantes de parte de connotados estudiosos internacionales del Derecho Electoral, así como de administradores electorales de todo el continente y España, que las demandas saldrán airosas en la Corte Interamericana. Por último, me permito felicitar patrióticamente al jurista chorrerano Leopoldo Castillo García, por cierto, ubicado en la facción panameñista en gobierno, quien está representando brillante y sonoramente a media docena de legisladores electos y cuyo escaño ocupa indebidamente Roberto Abrego, aquel de la canallada a Faundes que no tiene autoridad moral ni derecho político para seguir hablando sandeces en el primer órgano del Estado.
