No más partidas circuitales
La declaración de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, de que los legisladores debían olvidarse de las partidas circuitales por el resto de su administración, es jurídicamente correcta y políticamente desconcertante. Es apegado a derecho porque, como bien explicó, la Corte Suprema se pronunció hace más de un año en el sentido de que las partidas eran inconstitucionales. Y desconcertante porque la manifestación presidencial marcha a contrapelo de la hipótesis de que ella tomó control de la Asamblea al sumar el apoyo de seis parlamentarios de la oposición a cambio de restituir las partidas. El propio nuevo titular del hemiciclo, el perredista Carlos Alvarado, se había expresado en ese sentido, esto es, que las partidas volverían.
Carlos Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados y Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte, frente a la declaración presidencial, han coincidido en el sentido que siendo inconstitucionales no hay cabida para las partidas, a más de ser irregulares y ajenas a la función de la Asamblea y sus miembros, el desempeño de tareas propias del Ejecutivo, tales como el trazado de caminos vecinales, provisión de puentes, edificaciones públicas, acueductos, alcantarillas y otros; los cuales se entremezclan de manera insólita con el pago de uniformes deportivos, costes de ferias, reinados, fuegos de artificio, matanzas y cuanta actividad pueda uno imaginarse.
Adicionalmente, las partidas circuitales constituían un instrumento desleal de competición electoral que garantizaba al legislador su reelección y, de paso, propiciaba la corrupción al hallarse fórmulas de desvío de fondos hacia fines ajenos, con todo y los esfuerzos de los últimos tiempos para controlar su manejo a través de la Contraloría y la intermediación de dependencias oficiales en la ejecución de su gasto. Desde ese punto de vista, su eliminación debe verse con buenos ojos, aunque con tristeza para algunos sectores populares beneficiarios de becas y aportes para el sustento de escuelas de barrio, asilos y similares, cuyas necesidades no soportan la parsimonia burocrática del centralismo estatal, quedando ahora privadas de su único sustento.
Se eliminaron pues las partidas, sin tomar el cuidado de crear un mecanismo substitutivo para solventar el vacío, perjudicando a muchos que resuelven con ellas necesidades inmediatas, reales y legítimas. ¿Queremos acaso preconizar las partidas que tanto combatimos? No. Por el contrario, estimamos que debe ser tarea acaso del Fondo de Inversión Social (FIS) ocuparse de llenar el vacío dejado por su eliminación. Y en lo que a los buenos legisladores respecta, frente a las necesidades de sus electores, deben acostumbrarse a actuar como sus colegas de otros países - e incluso de aquí, antes que se inventaran las partidas - a manejarse con los respectivos ministerios, en constante diálogo, cabildeo y quid pro quo, como representantes que son de sus comunidades ante dichos organismos constitucionales de planificación y ejecución, en vez de tomar para sí esa función.
Carlos Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados y Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte, frente a la declaración presidencial, han coincidido en el sentido que siendo inconstitucionales no hay cabida para las partidas, a más de ser irregulares y ajenas a la función de la Asamblea y sus miembros, el desempeño de tareas propias del Ejecutivo, tales como el trazado de caminos vecinales, provisión de puentes, edificaciones públicas, acueductos, alcantarillas y otros; los cuales se entremezclan de manera insólita con el pago de uniformes deportivos, costes de ferias, reinados, fuegos de artificio, matanzas y cuanta actividad pueda uno imaginarse.
Adicionalmente, las partidas circuitales constituían un instrumento desleal de competición electoral que garantizaba al legislador su reelección y, de paso, propiciaba la corrupción al hallarse fórmulas de desvío de fondos hacia fines ajenos, con todo y los esfuerzos de los últimos tiempos para controlar su manejo a través de la Contraloría y la intermediación de dependencias oficiales en la ejecución de su gasto. Desde ese punto de vista, su eliminación debe verse con buenos ojos, aunque con tristeza para algunos sectores populares beneficiarios de becas y aportes para el sustento de escuelas de barrio, asilos y similares, cuyas necesidades no soportan la parsimonia burocrática del centralismo estatal, quedando ahora privadas de su único sustento.
Se eliminaron pues las partidas, sin tomar el cuidado de crear un mecanismo substitutivo para solventar el vacío, perjudicando a muchos que resuelven con ellas necesidades inmediatas, reales y legítimas. ¿Queremos acaso preconizar las partidas que tanto combatimos? No. Por el contrario, estimamos que debe ser tarea acaso del Fondo de Inversión Social (FIS) ocuparse de llenar el vacío dejado por su eliminación. Y en lo que a los buenos legisladores respecta, frente a las necesidades de sus electores, deben acostumbrarse a actuar como sus colegas de otros países - e incluso de aquí, antes que se inventaran las partidas - a manejarse con los respectivos ministerios, en constante diálogo, cabildeo y quid pro quo, como representantes que son de sus comunidades ante dichos organismos constitucionales de planificación y ejecución, en vez de tomar para sí esa función.
