No respetar derechos humanos institucionaliza la injusticia
Cuando alguien viola a una mujer, se enfrenta a consecuencias penales y al rechazo colectivo. Y también quienes explotan a niños, secuestran, torturan o despojan a pobres. Así ocurre también con otros delitos, casi siempre graves violaciones de derechos humanos. Pero no hay rechazo y menos aún condena cuando son los Estados los que violan derechos humanos por acción, complicidad, omisión o incumplimiento de compromisos.
La legislación internacional de derechos humanos que Naciones Unidas elabora y promulga obliga tanto como las leyes de cada estado. El problema surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de respetar y defender los derechos humanos.
Ponemos en la picota de la violación de derechos humanos a China, Irán o las repúblicas de Asia central de la desaparecida URSS, por ejemplo. Es justo, pues tales Estados violan derechos humanos de modo sistemático.
En España, hay malos tratos a detenidos y ninguna respuesta por parte del Estado. Según Amnistía Internacional, existen serias deficiencias que impiden prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos por agentes de la seguridad del Estado.
El desarrollado Japón ejecuta a enfermos mentales. En Colombia, el gobierno mira hacia otro lado mientras paramilitares, guerrilla y el ejército o policía perpetran violaciones de derechos humanos de la población civil.
El gobierno colombiano no se tomó en serio la advertencia de Amnistía Internacional de que habría más ataques contra indígenas y el pasado agosto los awá fueron víctimas de una tercera masacre.
En Perú, comunidades indígenas se negaron aceptar las propuestas de presunto desarrollo del gobierno de Alan García en la Amazonia. Estas propuestas negaban sus ancestrales derechos a la tierra. Amnistía Internacional comprobó el uso de armas de fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones de junio de 2009 contra las resoluciones gubernamentales en las que más de 200 personas fueron heridas. A pesar de argumentos, cartas y peticiones para que no fuera promulgado el Código Penal reformado, por injusto , interrumpir el embarazo en Nicaragua hoy es delito. Esa reforma no considera el peligro para la vida de la madre, malformaciones o enfermedades del feto o que el embarazo sea por violación. Las violadas no se detendrán por ese código, pues no querrán un hijo fruto de haber sido forzadas, y recurrirán al aborto clandestino. Y a un peligro de muerte probable.
Israel ignora las resoluciones de la ONU en el conflicto con los palestinos, perpetra presuntos crímenes de guerra y desalojamientos forzosos injustificables, mientras Estados Unidos y la Unión Europea miran hacia otro lado.
Se pueden citar otros países democráticos que incumplen gravemente sus compromisos de defensa y promoción de los derechos humanos de todos, mientras aparentan ser campeones de esos derechos. Pero, como en otras cuestiones, obras son amores y no buenas razones. Como indica la frase popular, el movimiento se muestra andando.
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