Nudo gordiano: inversiones sociales y seguridad nacional
Describo los dos problemas que constituyen el nudo gordiano del Gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso, y que impiden que el país avance. Si la Presidenta no corta el nudo, el país sufriría las consecuencias. Si lo corta, se beneficiaría.
La imprevisión y la improvisación tienen atado con un nudo gordiano al Gobierno de la Presidenta Moscoso. El país prácticamente no avanza. Los enredos son básicamente dos: cómo y cuáles soluciones sociales financiar, pues ellas constituyen la promesa fundamental de la Presidenta a la población, sobre todo a los pobres, y cómo garantizarle seguridad nacional y ciudadana al país, pues ella representa la responsabilidad fundamental de cualquier Gobierno para con todos los habitantes.
En cuanto al primer enredo, el Gobierno se ha visto arrinconado por su propia opción, a saber contrarrestar y no solamente humanizar, la modernización económica que se adoptó bien que mal durante los dos últimos Gobiernos. Ha subido algunos aranceles y piensa subir otros, con el resultado de que el alza en el costo de la vida se ha agravado, al mismo tiempo que se ataca a la CLICAC por el ataque contra la CLICAC . Ha suspendido las nuevas privatizaciones y cuestiona las ya efectuadas, intentando incluso neutralizar el Ente Regulador de los servicios públicos privatizados. Ha anulado el inicio de aplicación de la Carrera Administrativa, por el despido indiscriminado de empleados públicos, la suspensión de todos los ingresos a la Carrera e incluso la propuesta demagógica de un Legislador oficialista de derogarla.
Como destacó el economista Rubén Lachman Varela en su artículo ¡Qué atrevida es la ignorancia!, los resultados no pueden sorprendernos. El crecimiento del PIB en vez de ser del 5% puede bajar al 2%, según evaluaciones de The Economist. Por otra parte, la Standard & Poors rebajó su apreciación del riesgo-país de Panamá de "estable" a "negativo", lo cual desincentiva las inversiones extranjeras y locales (la baja persistente en nuestra Bolsa de Valores lo confirma) y encarece el crédito que pudiera necesitar el país.
El Gobierno se ve, por ello, tentado a echar mano a los capitales del Fondo Fiduciario (sin no, a los de la Caja de Seguro Social) para poder financiar algunos gastos sociales, de manera que la Presidenta no decepcione a su electorado pobre. En efecto, no puede esperar obtener recursos importantes ni de un aumento significativo de las recaudaciones ni de préstamos sustanciales de las IFIs.
Por sus palabras la Presidenta ha dejado difundirse la expectativa de que la solución de los problemas sociales vendría de dádivas gubernamentales, no del esfuerzo conjunto por suscitar inversiones y crear empleos ni de la solidaridad de la sociedad civil encabezada por el Estado. Ella hace casi imposible la tarea de sacar a los pobres de la pobreza.
Además, su Coordinador de la Agenda Social ha cometido el error de proponer como primera meta la creación de miles de granjas de producción sostenible. Como ha destacado el economista y Legislador suplente Aníbal Culiolis García en su artículo Granjas sostenibles: ¿Vigoroso inicio o infundio político?, la experiencia prueba que, aunque éstas mejoran la nutrición de las familias, no son un substituto de "un modelo alternativo de desarrollo humano sostenible que logre articular iniciativas viables de pleno empleo, justicia tributaria, descentralización, reforma agraria, reconversión productiva, seguridad pública, etc..." Y en el Presupuesto el Ejecutivo ni siquiera solicitó "el subsidio de B/615,511.69 requerido por el Patronato Nacional de Nutrición para los gastos de funcionamiento inherentes" al programa de dichas granjas. Hasta ahora sólo ha logrado completar dos de las 100 granjas prometidas para los primeros 100 días.
En junio pasado escribí tres artículos sobre el uso de los capitales del Fondo en relación con el problema del agua potable, de las aguas negras y de la contaminación de los ríos y de la Bahía de Panamá. Concluí que se puede mejorar el rendimiento de los capitales del Fondo y que se puede financiar la solución del problema anterior con los intereses del Fondo. Argumenté que Panamá tiene una deuda externa documentada de aproximadamente B/5,400 millones y que frente a este pasivo nacional, los B/1,350, el Fondo Fiduciario son un factor muy positivo de seguridad financiera. Por último, añadí que si se pretendía hacer uso de estos capitales, se tendría que lograr un consenso nacional, sobre la base de precisar en qué inversiones sociales específicas se utilizarían. Hasta la fecha, el Gobierno no ha satisfecho estas condiciones mínimas.
La seguridad nacional y ciudadana es el otro enredo del Gobierno. Es positivo que se suscite una discusión pública sobre la seguridad nacional , pero, conceptualmente, el Plan Estratégico que se ha presentado -¿cómo propuesta o decisión?- tiene características cuestionables. Recuerda la ideología anti-democrática que consideraba "la seguridad nacional" como concepto englobante, a la que se subordinaría la política exterior, la economía y el desarrollo nacional del país es decir todo; desconoce el concepto, formulado por el PNUD, de seguridad humana de como dimensión del desarrollo humano sostenible, y por ello, descuida la seguridad ciudadana; presupone una "neutralidad del Istmo de Panamá", no sólo del Canal, que no existía aún; enfatiza los acuerdos bilaterales más que los multilaterales y pasa en silencio cualquier papel del Grupo de Río, de la OEA y de la ONU; no precisa "las amenazas al Canal", enfoca con perspectiva norteamericana más que panameña; se vale de ellas, sin embargo, para justificar "un trabajo de inteligencia" (¿saltó la liebre?), "una estructura de Mando y Control Estratégico", una "organización jurídica" del pueblo en armas (¿en qué consistirá?), con "fuerzas de alerta, de reacción rápida, activas y de reserva", todo lo cual sugiere una remilitarización virtual de las medidas de seguridad.
A estos conceptos cuestionables, cabe añadir decisiones operativas igualmente cuestionables. Se crea la posición de Coordinador de este Plan, sin base jurídica, y se nombra en la misma a un Gobernador en ejercicio, quien anuncia nueve "entendimientos bilaterales" de seguridad como de competencia exclusiva del Ejecutivo. Estos sólo serían objeto de ratificación Legislativa cuando se conviertan en "acuerdos" y den pie a "un tratado mesoamericano". Se margina al Administrador en Jefe de la Autoridad de Canal de participar en el Plan. Se desvirtúa el Servicio de Protección Institucional, concebido principalmente como agencia civil de seguridad del Presidente y de otras personalidades del Estado (el artículo 2 del Decreto Ley de 8 de julio de 1999 mantiene esta orientación), y no como cúpula de los organismos de seguridad, tal que ahora se promueve en claro detrimento de la Policía Nacional.
Todo ello se encuentra afectado por la incertidumbre acerca de la presunta negociación con los E.U. de un acuerdo de inteligencia, en torno al cual se ha dado una controversia irresponsable, pero harto reveladora, entre el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Ministro del ramo.
Una vez que Gordus, Rey de Frigia, ató el proverbial nudo, nadie pudo deshacerlo. Hubo que cortarlo. La Presidenta tendrá que cortar su nudo gordiano si espera avanzar en su obra de gobierno. ¿Será suficiente que nombre un nuevo Gabinete con sus reputados asesores asumiendo responsabilidades ejecutivas? ¿O deberá la Presidenta ir más lejos y ensayar integrar una Gabinete y Gobierno auténticamente nacionales? Lo que está claro es que si no corta el nudo gordiano la Presidenta Moscoso pasará por la Presidencia sin pena ni gloria. El país sufriría las consecuencias. Si lo corta, el país se beneficiaría.
La imprevisión y la improvisación tienen atado con un nudo gordiano al Gobierno de la Presidenta Moscoso. El país prácticamente no avanza. Los enredos son básicamente dos: cómo y cuáles soluciones sociales financiar, pues ellas constituyen la promesa fundamental de la Presidenta a la población, sobre todo a los pobres, y cómo garantizarle seguridad nacional y ciudadana al país, pues ella representa la responsabilidad fundamental de cualquier Gobierno para con todos los habitantes.
En cuanto al primer enredo, el Gobierno se ha visto arrinconado por su propia opción, a saber contrarrestar y no solamente humanizar, la modernización económica que se adoptó bien que mal durante los dos últimos Gobiernos. Ha subido algunos aranceles y piensa subir otros, con el resultado de que el alza en el costo de la vida se ha agravado, al mismo tiempo que se ataca a la CLICAC por el ataque contra la CLICAC . Ha suspendido las nuevas privatizaciones y cuestiona las ya efectuadas, intentando incluso neutralizar el Ente Regulador de los servicios públicos privatizados. Ha anulado el inicio de aplicación de la Carrera Administrativa, por el despido indiscriminado de empleados públicos, la suspensión de todos los ingresos a la Carrera e incluso la propuesta demagógica de un Legislador oficialista de derogarla.
Como destacó el economista Rubén Lachman Varela en su artículo ¡Qué atrevida es la ignorancia!, los resultados no pueden sorprendernos. El crecimiento del PIB en vez de ser del 5% puede bajar al 2%, según evaluaciones de The Economist. Por otra parte, la Standard & Poors rebajó su apreciación del riesgo-país de Panamá de "estable" a "negativo", lo cual desincentiva las inversiones extranjeras y locales (la baja persistente en nuestra Bolsa de Valores lo confirma) y encarece el crédito que pudiera necesitar el país.
El Gobierno se ve, por ello, tentado a echar mano a los capitales del Fondo Fiduciario (sin no, a los de la Caja de Seguro Social) para poder financiar algunos gastos sociales, de manera que la Presidenta no decepcione a su electorado pobre. En efecto, no puede esperar obtener recursos importantes ni de un aumento significativo de las recaudaciones ni de préstamos sustanciales de las IFIs.
Por sus palabras la Presidenta ha dejado difundirse la expectativa de que la solución de los problemas sociales vendría de dádivas gubernamentales, no del esfuerzo conjunto por suscitar inversiones y crear empleos ni de la solidaridad de la sociedad civil encabezada por el Estado. Ella hace casi imposible la tarea de sacar a los pobres de la pobreza.
Además, su Coordinador de la Agenda Social ha cometido el error de proponer como primera meta la creación de miles de granjas de producción sostenible. Como ha destacado el economista y Legislador suplente Aníbal Culiolis García en su artículo Granjas sostenibles: ¿Vigoroso inicio o infundio político?, la experiencia prueba que, aunque éstas mejoran la nutrición de las familias, no son un substituto de "un modelo alternativo de desarrollo humano sostenible que logre articular iniciativas viables de pleno empleo, justicia tributaria, descentralización, reforma agraria, reconversión productiva, seguridad pública, etc..." Y en el Presupuesto el Ejecutivo ni siquiera solicitó "el subsidio de B/615,511.69 requerido por el Patronato Nacional de Nutrición para los gastos de funcionamiento inherentes" al programa de dichas granjas. Hasta ahora sólo ha logrado completar dos de las 100 granjas prometidas para los primeros 100 días.
En junio pasado escribí tres artículos sobre el uso de los capitales del Fondo en relación con el problema del agua potable, de las aguas negras y de la contaminación de los ríos y de la Bahía de Panamá. Concluí que se puede mejorar el rendimiento de los capitales del Fondo y que se puede financiar la solución del problema anterior con los intereses del Fondo. Argumenté que Panamá tiene una deuda externa documentada de aproximadamente B/5,400 millones y que frente a este pasivo nacional, los B/1,350, el Fondo Fiduciario son un factor muy positivo de seguridad financiera. Por último, añadí que si se pretendía hacer uso de estos capitales, se tendría que lograr un consenso nacional, sobre la base de precisar en qué inversiones sociales específicas se utilizarían. Hasta la fecha, el Gobierno no ha satisfecho estas condiciones mínimas.
La seguridad nacional y ciudadana es el otro enredo del Gobierno. Es positivo que se suscite una discusión pública sobre la seguridad nacional , pero, conceptualmente, el Plan Estratégico que se ha presentado -¿cómo propuesta o decisión?- tiene características cuestionables. Recuerda la ideología anti-democrática que consideraba "la seguridad nacional" como concepto englobante, a la que se subordinaría la política exterior, la economía y el desarrollo nacional del país es decir todo; desconoce el concepto, formulado por el PNUD, de seguridad humana de como dimensión del desarrollo humano sostenible, y por ello, descuida la seguridad ciudadana; presupone una "neutralidad del Istmo de Panamá", no sólo del Canal, que no existía aún; enfatiza los acuerdos bilaterales más que los multilaterales y pasa en silencio cualquier papel del Grupo de Río, de la OEA y de la ONU; no precisa "las amenazas al Canal", enfoca con perspectiva norteamericana más que panameña; se vale de ellas, sin embargo, para justificar "un trabajo de inteligencia" (¿saltó la liebre?), "una estructura de Mando y Control Estratégico", una "organización jurídica" del pueblo en armas (¿en qué consistirá?), con "fuerzas de alerta, de reacción rápida, activas y de reserva", todo lo cual sugiere una remilitarización virtual de las medidas de seguridad.
A estos conceptos cuestionables, cabe añadir decisiones operativas igualmente cuestionables. Se crea la posición de Coordinador de este Plan, sin base jurídica, y se nombra en la misma a un Gobernador en ejercicio, quien anuncia nueve "entendimientos bilaterales" de seguridad como de competencia exclusiva del Ejecutivo. Estos sólo serían objeto de ratificación Legislativa cuando se conviertan en "acuerdos" y den pie a "un tratado mesoamericano". Se margina al Administrador en Jefe de la Autoridad de Canal de participar en el Plan. Se desvirtúa el Servicio de Protección Institucional, concebido principalmente como agencia civil de seguridad del Presidente y de otras personalidades del Estado (el artículo 2 del Decreto Ley de 8 de julio de 1999 mantiene esta orientación), y no como cúpula de los organismos de seguridad, tal que ahora se promueve en claro detrimento de la Policía Nacional.
Todo ello se encuentra afectado por la incertidumbre acerca de la presunta negociación con los E.U. de un acuerdo de inteligencia, en torno al cual se ha dado una controversia irresponsable, pero harto reveladora, entre el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Ministro del ramo.
Una vez que Gordus, Rey de Frigia, ató el proverbial nudo, nadie pudo deshacerlo. Hubo que cortarlo. La Presidenta tendrá que cortar su nudo gordiano si espera avanzar en su obra de gobierno. ¿Será suficiente que nombre un nuevo Gabinete con sus reputados asesores asumiendo responsabilidades ejecutivas? ¿O deberá la Presidenta ir más lejos y ensayar integrar una Gabinete y Gobierno auténticamente nacionales? Lo que está claro es que si no corta el nudo gordiano la Presidenta Moscoso pasará por la Presidencia sin pena ni gloria. El país sufriría las consecuencias. Si lo corta, el país se beneficiaría.
