Nuestra frontera marítima en peligro
La sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 13 de diciembre en La Haya, determinando la jurisdicción de dicha Corte en la disputa territorial y marítima existente entre Nicaragua y Colombia, debe alertar a nuestros gobernantes sobre las consecuencias que una eventual sentencia de fondo en ese caso internacional puede representar para la frontera marítima panameña en el Mar Caribe.
La mayor parte de esta frontera, precisada por Panamá y Colombia en el Tratado sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas que sus entonces cancilleres, Aquilino Boyd e Indalecio Liévano, respectivamente, suscribieron en Cartagena en 1976, está sustentada en el principio de equidistancia entre los territorios panameños y colombianos. Estos últimos incluyen al archipiélago de San Andrés, el cual fue reconocido por Panamá según la definición geográfica que Colombia ha venido dándole al mismo.
No obstante, en su sentencia, la Corte Internacional consideró que si bien un tratado suscrito por Nicaragua y Colombia en 1928, el Esguerra-Bárcenas, había establecido la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este tratado no define qué otras islas, islotes y cayos comprenden el archipiélago de San Andrés, dejando así pendiente tanto la determinación de otros territorios insulares colombianos como la delimitación completa de la frontera marítima colombo-nicaragüense.
Panamá firmó el tratado fronterizo de 1976 bajo la creencia de que el área geográfica que ganaba en el Caribe compensaba la que evidentemente cedía a Colombia en el Pacífico. Ahora la transacción nos podría resultar mal, porque la soberanía colombiana que cimentó algunos puntos de ese tratado está en entredicho. Ante la eventualidad de que la Corte Internacional decida modificar la delimitación de los territorios insulares que Panamá reconoció como colombianos, parte de nuestra frontera marítima en el Caribe quedaría anulada.
Hasta el momento, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha guardado silencio sobre este caso. Es hora de que Panamá reaccione y se prepare ante la inminencia de una sentencia de fondo considerando, incluso, participar como Estado interviniente en La Haya para exponer ante la Corte su posición y sus títulos de soberanía.
No dejemos para última hora una defensa nacional que después, por incapacidad y negligencia, nos puede costar territorial y económicamente en grande.
