Nuestras cárceles son una vergüenza
Cuando el ex presidente Ernesto Pérez Balladares dispuso demoler la Modelo, el país abrigó la esperanza de que en todas las cárceles del país surgiría un movimiento tendiente a convertirlas en verdaderos centros de rehabilitación y resocialización para beneficio de los miles de detenidos.
Pensamos que el Ministerio Público agilizaría la administración de justicia; que el personal responsable de esos centros sería debidamente seleccionado por sus capacidades, pero, dolorosamente, es muy poco o nada lo que se ha hecho y la situación del país sobre esto es insostenible, la cual es dañina a los derechos humanos y a la tranquilidad nacional.
Amotinamientos, fugas, reyertas, muchos con saldos trágicos, y las condiciones infrahumanas en que viven los detenidos, están a la orden del día en los centros penitenciarios, mientras se está a la espera de una política gubernamental bien orientada que logre dar solución a esta realidad producto de la indiferencia demostrada por los gobiernos de turno.
El sistema carcelario panameño está atrasado en muchos años, pues no atiende las nuevas corrientes que exigen que el hombre que delinque encuentre la oportunidad para un cambio de actitud frente a la vida, a recibir capacitación y experiencias que le permitan vivir más dignamente y en los principios de la convivencia humana.
Las condiciones de nuestras cárceles son desastrosas por el hacinamiento, por la falta de higiene. El detenido se ahoga entre rejas y reacciona lleno de odio y rebeldía, porque hasta él no llega el respaldo moral y material del gobierno y de la sociedad, ni la justicia que debe ser expedita para decidir su suerte. En la voz y el pensamiento de los detenidos siempre está presente la súplica por una mejor alimentación, por actividades que contribuyen a su rehabilitación y reconciliación, por mejores condiciones de salud, por una justicia pronta y por la consideración y respeto que como seres humanos se merecen. Mientras no exista la disposición de adoptar una eficaz política para el mejoramiento integral de los centros penitenciarios en Panamá en la que intervenga el gobierno y la sociedad civil, el problema persistirá.
Urge promover campañas educativas, en las que se incentiven los valores familiares, morales, sociales y culturales tan trastocados para evitar el aumento desmedido de la delincuencia. Es de mucha importancia que estos centros cuenten con personal idóneo. Mejorar el sistema carcelario debe ser una prioridad del candidato que gane la presidencia de la República. No hacerlo, es cometer el mismo error de todos los gobiernos.
Pensamos que el Ministerio Público agilizaría la administración de justicia; que el personal responsable de esos centros sería debidamente seleccionado por sus capacidades, pero, dolorosamente, es muy poco o nada lo que se ha hecho y la situación del país sobre esto es insostenible, la cual es dañina a los derechos humanos y a la tranquilidad nacional.
Amotinamientos, fugas, reyertas, muchos con saldos trágicos, y las condiciones infrahumanas en que viven los detenidos, están a la orden del día en los centros penitenciarios, mientras se está a la espera de una política gubernamental bien orientada que logre dar solución a esta realidad producto de la indiferencia demostrada por los gobiernos de turno.
El sistema carcelario panameño está atrasado en muchos años, pues no atiende las nuevas corrientes que exigen que el hombre que delinque encuentre la oportunidad para un cambio de actitud frente a la vida, a recibir capacitación y experiencias que le permitan vivir más dignamente y en los principios de la convivencia humana.
Las condiciones de nuestras cárceles son desastrosas por el hacinamiento, por la falta de higiene. El detenido se ahoga entre rejas y reacciona lleno de odio y rebeldía, porque hasta él no llega el respaldo moral y material del gobierno y de la sociedad, ni la justicia que debe ser expedita para decidir su suerte. En la voz y el pensamiento de los detenidos siempre está presente la súplica por una mejor alimentación, por actividades que contribuyen a su rehabilitación y reconciliación, por mejores condiciones de salud, por una justicia pronta y por la consideración y respeto que como seres humanos se merecen. Mientras no exista la disposición de adoptar una eficaz política para el mejoramiento integral de los centros penitenciarios en Panamá en la que intervenga el gobierno y la sociedad civil, el problema persistirá.
Urge promover campañas educativas, en las que se incentiven los valores familiares, morales, sociales y culturales tan trastocados para evitar el aumento desmedido de la delincuencia. Es de mucha importancia que estos centros cuenten con personal idóneo. Mejorar el sistema carcelario debe ser una prioridad del candidato que gane la presidencia de la República. No hacerlo, es cometer el mismo error de todos los gobiernos.
