Nueva Constitución: ¿Por qué ahora?
Con fecha del 16 de enero recibí una carta del Presidente de la Asamblea, legislador Dr. Carlos Alvarado, con un folleto que contiene "la propuesta de la Nueva Constitución que hemos elaborado en la Asamblea Legislativa por el equipo de asesores y técnicos en estos últimos meses." Me enviaron la documentación por haberme ocupado del tema ante la opinión pública. Agradezco la deferencia del Legislador Alvarado. Llama inmediatamente la atención que la propuesta no es de una comisión de la Asamblea, ni tan siquiera de un grupo ad hoc de legisladores. Tampoco es propiamente hablando del Presidente de la Asamblea, quien, según El Panamá América del miércoles 6 de marzo, "reconoció que no todos los cambios propuestos eran de su agrado".
Esta propuesta constitucional es doblemente paradójica, porque es fundamentalmente de asesores legislativos, que en este caso parecen haber intercambiado funciones con los legisladores, y además es anónima porque en vano se busca en la publicación, junto con el conjunto muy numeroso de modificaciones propuestas, la lista de "asesores y técnicos" que las elaboraron. Supongo que entre ellos se encuentran quienes critican dentro del PRD a Martín Torrijos por ser presuntamente blando en su oposición a la Presidenta y que, sin embargo, asesoran una presidencia de la Asamblea que la coloca en manos de la Presidenta de la República y aumentó su influencia en la Corte Suprema de Justicia. Por ello, no sería exagerado calificar este proyecto de cambio constitucional como el proyecto de "los asesores".
¡Qué diferencia con la Constitución de 1946, la mejor que hemos tenido hasta ahora! Entonces, una comisión de ilustres constitucionalistas, conocidos y reconocidos por su competencia y probidad, a saber los Dres. Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chairi y José Dolores Moscote, prepararon el anteproyecto que la Asamblea Constituyente debatió y modificó antes de aprobar.
Vale la pena preguntarse cómo "los asesores" justifican su proyecto. Es evidente que para ellos la actual Constitución no necesita cambios por ser militarista, puesto que ellos saben que desde las reformas de 1983 ya no lo es, tal que he venido argumentando insistentemente. Ni tampoco porque el texto actual es el resultado de "parches", ya que el oficialismo y la oposición de aquel entonces acordaron la transformación y no la sustitución de la Constitución.
Los dos argumentos que "los asesores" formulan a favor de una Nueva Constitución son más serios. El primero tiene que ver con la crisis de descrédito de las instituciones democráticas. Ellos dicen que es "atribuible, en mayor parte, al marco orgánico constitucional que las rige e instituye, cuya rigidez e inflexibilidad, ha propiciado una suerte de rechazo popular...". Este argumento es auto-justificativo. De acuerdo con el mismo, la "rigidez e inflexibilidad" institucional causan el desprestigio de los políticos, en vez de que la laxitud y el oportunismo moral de los políticos causen la falta de confianza en las instituciones. Esta explicación tiene para ellos la gran ventaja que los exime de responsabilidad personal y les concede, junto a la Presidenta, una especie de impunidad personal de hecho, por los extremos a los que llegaron para lograr el control de la Asamblea.
El proyecto de "los asesores" puede ser visto, en consecuencia, como una estrategia para que la opinión pública piense que se ocupa de la corrupción, sin pedir cuentas a ninguno de los principales responsables por la misma. Y además, la necesidad de continuidad en la promoción del mismo proporcionaría un pretexto para la reelección de la misma Directiva de la Asamblea por otro año. Este será el último de la presidencia de Mireya Moscoso, cuando estará deseosa de hacer lo imposible por gastar más dinero en programas y proyectos políticamente rentables para impulsar a su candidato presidencial en el 2004. En tales circunstancias, la directiva de la Asamblea puede esperar tener más recursos a su alcance para apoyar a los legisladores que le sean afectos. Estos intereses políticos que tienen "los asesores" tienden inevitablemente a restarle importancia en la discusión pública al mérito o demérito de sus propuestas consideradas por sí mismas.
El segundo argumento de "los asesores" a favor de una Nueva Constitución es la transformación de nuestro entorno nacional e internacional. Al celebrar el primer centenario de la República independiente, ya en plena posesión soberana del Canal y las tierras que constituían el enclave colonial, "la Nación panameña está colocada en una nueva fase histórica de retos para el desarrollo humano". Adicionalmente, se producen "cambios vertiginosos...en la esfera internacional... que requieren una definición del país ante la globalización y exigen instrumentos jurídicos coherentes para insertarlo a los procesos globales, siempre celosos de la realidad y los intereses nacionales."
Este sí es un argumento válido y sólido. ¿Pero requiere esta adecuación a un nuevo entorno nacional e internacional que se comience el proceso de cambio precisamente ahora, a finales de un período presidencial? ¿No se dan cuenta que tanto la Presidenta de la República como el Presidente de la Asamblea son fuertemente cuestionados en su liderazgo y que lo son muy especialmente al acabar de realizar un acto de inauguración de un período legislativo de manera tan manifiestamente inconstitucional que el Presidente de la Corte Suprema y seis de los otros magistrados, el Presidente y los miembros del Tribunal Electoral, el Procurador General de la Nación, la Procuradora de la Administración, la mayoría de los legisladores de oposición y varios oficialistas estuvieron ausentes, marcando así su distancia con respecto a los dos copatrocinadores?
El alcance del proyecto de "los asesores", que introduce modificaciones en casi todos los aspectos de la Constitución, augura que su discusión parlamentaria será larga y controversial. Ocuparía gran parte del tiempo que le queda a la Asamblea.
La controversia, por ejemplo, se iniciaría desde el preámbulo por la ausencia de la invocación a la protección de Dios, que han tenido las cuatro constituciones republicanas de Panamá, de manera que por primera vez tendríamos una constitución sin referencia a Dios. Y aunque se mantiene en el artículo 35 el reconocimiento de que "la religión católica es la de la mayoría de los panameños", al declarar la libertad de profesar todas las religiones y de ejercer todos los cultos, se omite la condición "sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana", que también ha existido en todas nuestras constituciones y que es la única consecuencia constitucional del reconocimiento de que la mayoría es católica. Ello generará, sin duda, acaloradas discusiones.
Por otra parte, ya se ha tenido experiencia concreta de cuan sensitivos pueden ser algunos temas. En una primera versión de las propuestas varias condiciones laborales de los empleados del Canal perdían su garantía constitucional tal que se formula en el artículo 316 de la actual Constitución. Ello provocó intensa y justificada preocupación en este medio laboral, lo que obligó a "los asesores" a restablecer dicha garantía, dejando sin embargo un saldo de desconfianza.
Un debate de esa magnitud e importancia sin una fuente política con la aceptación y el respeto suficientes para promover consensos conduciría a una experiencia que en vez de unirnos para darnos nuevas reglas fundamentales de convivencia, diálogo y cooperación, podría tener serios efectos divisivos que ahondarían las controversias y agudizarían los conflictos entre panameños y panameñas. Se puede suponer que será difícil salir del actual estancamiento económico hasta el 2005 en razón de la incertidumbre que cualquiera elección suscita. Si además se pone en discusión la misma Constitución y con ella los componentes del estado de derecho y el conjunto de instituciones de la democracia, el efecto de contracción económica y financiera podría ser mucho mayor, porque la incertidumbre que se suscita es no sólo sobre quiénes serán los gobernantes, sino además sobre cuáles serán las características concretas de nuestra forma de gobierno.
Con sano realismo "los asesores" han estipulado que "los métodos que se empleen para introducir los cambios constitucionales deben ser los que están previstos en la actual Constitución". Si quisieran aprovechar la coincidencia de dos Asambleas diferentes que se dará en el 2004, para usar uno de los dos métodos previstos para cambios constitucionales, todo lo que tendría que hacer es presentar ante la actual Asamblea para que se apruebe una primera vez su propia propuesta a favor de una reforma que permita recurrir a una Asamblea Constituyente paralela, como tercer método para cambiar la Constitución parcial o totalmente. Los candidatos a Presidente y sus candidatos a legisladores en el 2004 declararían si piensan impulsar la reforma constitucional y por qué método lo harían. Si uno de los bandos en el proceso electoral indicara que lo haría por el método de la Constituyente paralela y el electorado lo favoreciera, habría recibido un mandato político para que se esfuerce por lograr que aprueben dicha reforma por segunda vez y completen así su aprobación, de manera que se pueda convocar efectivamente a la mencionada Asamblea.
Es improbable que la Asamblea discuta el proyecto de "los asesores". Primero, porque la opinión pública no dejará de exigir que los grandes responsables por la corrupción rindan cuentas personalmente. Segundo, porque el proyecto no tiene todavía un patrocinador con capacidad y autoridad para forjar los consensos necesarios. Tercero, porque se podría lograr el mismo propósito de una manera más simple abriendo la puerta a la posibilidad de una Asamblea Constituyente paralela.
Los asesores han perdido su tiempo en su esfuerzo por distraer la atención del tema de la responsabilidad personal por la corrupción. Pero en el proceso han hecho un trabajo preparatorio útil de inventoriar propuestas con miras a un eventual perfeccionamiento de nuestra Constitución.
(ariyan@sinfo.net)
Esta propuesta constitucional es doblemente paradójica, porque es fundamentalmente de asesores legislativos, que en este caso parecen haber intercambiado funciones con los legisladores, y además es anónima porque en vano se busca en la publicación, junto con el conjunto muy numeroso de modificaciones propuestas, la lista de "asesores y técnicos" que las elaboraron. Supongo que entre ellos se encuentran quienes critican dentro del PRD a Martín Torrijos por ser presuntamente blando en su oposición a la Presidenta y que, sin embargo, asesoran una presidencia de la Asamblea que la coloca en manos de la Presidenta de la República y aumentó su influencia en la Corte Suprema de Justicia. Por ello, no sería exagerado calificar este proyecto de cambio constitucional como el proyecto de "los asesores".
¡Qué diferencia con la Constitución de 1946, la mejor que hemos tenido hasta ahora! Entonces, una comisión de ilustres constitucionalistas, conocidos y reconocidos por su competencia y probidad, a saber los Dres. Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chairi y José Dolores Moscote, prepararon el anteproyecto que la Asamblea Constituyente debatió y modificó antes de aprobar.
Vale la pena preguntarse cómo "los asesores" justifican su proyecto. Es evidente que para ellos la actual Constitución no necesita cambios por ser militarista, puesto que ellos saben que desde las reformas de 1983 ya no lo es, tal que he venido argumentando insistentemente. Ni tampoco porque el texto actual es el resultado de "parches", ya que el oficialismo y la oposición de aquel entonces acordaron la transformación y no la sustitución de la Constitución.
Los dos argumentos que "los asesores" formulan a favor de una Nueva Constitución son más serios. El primero tiene que ver con la crisis de descrédito de las instituciones democráticas. Ellos dicen que es "atribuible, en mayor parte, al marco orgánico constitucional que las rige e instituye, cuya rigidez e inflexibilidad, ha propiciado una suerte de rechazo popular...". Este argumento es auto-justificativo. De acuerdo con el mismo, la "rigidez e inflexibilidad" institucional causan el desprestigio de los políticos, en vez de que la laxitud y el oportunismo moral de los políticos causen la falta de confianza en las instituciones. Esta explicación tiene para ellos la gran ventaja que los exime de responsabilidad personal y les concede, junto a la Presidenta, una especie de impunidad personal de hecho, por los extremos a los que llegaron para lograr el control de la Asamblea.
El proyecto de "los asesores" puede ser visto, en consecuencia, como una estrategia para que la opinión pública piense que se ocupa de la corrupción, sin pedir cuentas a ninguno de los principales responsables por la misma. Y además, la necesidad de continuidad en la promoción del mismo proporcionaría un pretexto para la reelección de la misma Directiva de la Asamblea por otro año. Este será el último de la presidencia de Mireya Moscoso, cuando estará deseosa de hacer lo imposible por gastar más dinero en programas y proyectos políticamente rentables para impulsar a su candidato presidencial en el 2004. En tales circunstancias, la directiva de la Asamblea puede esperar tener más recursos a su alcance para apoyar a los legisladores que le sean afectos. Estos intereses políticos que tienen "los asesores" tienden inevitablemente a restarle importancia en la discusión pública al mérito o demérito de sus propuestas consideradas por sí mismas.
El segundo argumento de "los asesores" a favor de una Nueva Constitución es la transformación de nuestro entorno nacional e internacional. Al celebrar el primer centenario de la República independiente, ya en plena posesión soberana del Canal y las tierras que constituían el enclave colonial, "la Nación panameña está colocada en una nueva fase histórica de retos para el desarrollo humano". Adicionalmente, se producen "cambios vertiginosos...en la esfera internacional... que requieren una definición del país ante la globalización y exigen instrumentos jurídicos coherentes para insertarlo a los procesos globales, siempre celosos de la realidad y los intereses nacionales."
Este sí es un argumento válido y sólido. ¿Pero requiere esta adecuación a un nuevo entorno nacional e internacional que se comience el proceso de cambio precisamente ahora, a finales de un período presidencial? ¿No se dan cuenta que tanto la Presidenta de la República como el Presidente de la Asamblea son fuertemente cuestionados en su liderazgo y que lo son muy especialmente al acabar de realizar un acto de inauguración de un período legislativo de manera tan manifiestamente inconstitucional que el Presidente de la Corte Suprema y seis de los otros magistrados, el Presidente y los miembros del Tribunal Electoral, el Procurador General de la Nación, la Procuradora de la Administración, la mayoría de los legisladores de oposición y varios oficialistas estuvieron ausentes, marcando así su distancia con respecto a los dos copatrocinadores?
El alcance del proyecto de "los asesores", que introduce modificaciones en casi todos los aspectos de la Constitución, augura que su discusión parlamentaria será larga y controversial. Ocuparía gran parte del tiempo que le queda a la Asamblea.
La controversia, por ejemplo, se iniciaría desde el preámbulo por la ausencia de la invocación a la protección de Dios, que han tenido las cuatro constituciones republicanas de Panamá, de manera que por primera vez tendríamos una constitución sin referencia a Dios. Y aunque se mantiene en el artículo 35 el reconocimiento de que "la religión católica es la de la mayoría de los panameños", al declarar la libertad de profesar todas las religiones y de ejercer todos los cultos, se omite la condición "sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana", que también ha existido en todas nuestras constituciones y que es la única consecuencia constitucional del reconocimiento de que la mayoría es católica. Ello generará, sin duda, acaloradas discusiones.
Por otra parte, ya se ha tenido experiencia concreta de cuan sensitivos pueden ser algunos temas. En una primera versión de las propuestas varias condiciones laborales de los empleados del Canal perdían su garantía constitucional tal que se formula en el artículo 316 de la actual Constitución. Ello provocó intensa y justificada preocupación en este medio laboral, lo que obligó a "los asesores" a restablecer dicha garantía, dejando sin embargo un saldo de desconfianza.
Un debate de esa magnitud e importancia sin una fuente política con la aceptación y el respeto suficientes para promover consensos conduciría a una experiencia que en vez de unirnos para darnos nuevas reglas fundamentales de convivencia, diálogo y cooperación, podría tener serios efectos divisivos que ahondarían las controversias y agudizarían los conflictos entre panameños y panameñas. Se puede suponer que será difícil salir del actual estancamiento económico hasta el 2005 en razón de la incertidumbre que cualquiera elección suscita. Si además se pone en discusión la misma Constitución y con ella los componentes del estado de derecho y el conjunto de instituciones de la democracia, el efecto de contracción económica y financiera podría ser mucho mayor, porque la incertidumbre que se suscita es no sólo sobre quiénes serán los gobernantes, sino además sobre cuáles serán las características concretas de nuestra forma de gobierno.
Con sano realismo "los asesores" han estipulado que "los métodos que se empleen para introducir los cambios constitucionales deben ser los que están previstos en la actual Constitución". Si quisieran aprovechar la coincidencia de dos Asambleas diferentes que se dará en el 2004, para usar uno de los dos métodos previstos para cambios constitucionales, todo lo que tendría que hacer es presentar ante la actual Asamblea para que se apruebe una primera vez su propia propuesta a favor de una reforma que permita recurrir a una Asamblea Constituyente paralela, como tercer método para cambiar la Constitución parcial o totalmente. Los candidatos a Presidente y sus candidatos a legisladores en el 2004 declararían si piensan impulsar la reforma constitucional y por qué método lo harían. Si uno de los bandos en el proceso electoral indicara que lo haría por el método de la Constituyente paralela y el electorado lo favoreciera, habría recibido un mandato político para que se esfuerce por lograr que aprueben dicha reforma por segunda vez y completen así su aprobación, de manera que se pueda convocar efectivamente a la mencionada Asamblea.
Es improbable que la Asamblea discuta el proyecto de "los asesores". Primero, porque la opinión pública no dejará de exigir que los grandes responsables por la corrupción rindan cuentas personalmente. Segundo, porque el proyecto no tiene todavía un patrocinador con capacidad y autoridad para forjar los consensos necesarios. Tercero, porque se podría lograr el mismo propósito de una manera más simple abriendo la puerta a la posibilidad de una Asamblea Constituyente paralela.
Los asesores han perdido su tiempo en su esfuerzo por distraer la atención del tema de la responsabilidad personal por la corrupción. Pero en el proceso han hecho un trabajo preparatorio útil de inventoriar propuestas con miras a un eventual perfeccionamiento de nuestra Constitución.
(ariyan@sinfo.net)
