Nueva ley mordaza
Nunca entendimos qué tiene que ver legislar sobre transporte público, tránsito y similares con prensa, radio, televisión y comunicaciones por teléfono, cable, satélite, internet y otros. Pero el hecho es que la Asamblea Legislativa tiene en manos de transportistas sindicales, llegados a legislador, la elaboración y aprobación en primer debate de leyes que regulen a los medios y a los instrumentos de comunicación en general.
Sin restar mérito a la materia concerniente a buses y taxis, el feudo de los Nagelis Herrera, Franz Wever y su compadre Espíritu Restrepo (todavía recordamos el pugilato televisado de hace algunos años y el pacto de silencio ulterior), y al mismo Marcos González y otros, no es igual que hablar de frecuencias, impulsos eléctricos, hondas hertzianas, canales, ente regulador, etc. Mucho menos es igual que legislar sobre medios de comunicación social y libertad de expresión.
Así se explica el desastroso proyecto presentado por el legislador transportista Marcos González, para legislar sobre medios de comunicación, nacionalizando la actividad y responsabilizando al periodista, al dueño y al director, por lo que diga o denuncie otro. El resultado que se persigue es que los medios terminen censurando las denuncias ciudadanas, único instrumento con que cuenta el pueblo para opinar y expresarse pública y pacíficamente en democracia. Si le cortamos eso, sólo le resta la violencia.
Si alguna razón hay para que en nuestro país las diferencias políticas, sociales y económicas no hayan pasado a mayores, como en otros países cercanos, es por el clima de amplia libertad de expresión reinante. La dictadura militar fue la excepción y se vio precisada a enfrentar guerrillas y a sentarse sobre las bayonetas, las mismas que propiciaron su trágico final. Igual ocurrió en Centroamérica y pasa todavía en Colombia y Perú. ¿Por qué? Por la ausencia o presencia de libertad de expresión. Chile fue igual, y ya sabemos los resultados. Las dictaduras siempre empiezan censurando a los medios de comunicación. ¿No lo hicieron Torrijos y Martínez en 1968? ¿Para qué creen que su régimen instituyó el denso entramado de las leyes mordaza?
El legislador Arturo Araúz tuvo la sabia iniciativa de gestar la Ley 55 de 20 de diciembre de 1999 por la que dejó sin efecto perniciosos aspectos de las leyes mordaza de la dictadura, uno de los cuales fue precisamente eliminar la responsabilidad que los militares endilgaron a los medios por el dicho de otros. En adelante, cada quien asume y es responsable por lo que dice, opina o denuncia, no el medio que es un mero mensajero. Hasta Marcos González estuvo de acuerdo y votó a favor de esa ley que cosechó el apoyo unánime de todos los legisladores.
Se pretende ahora enviarnos de regreso al pasado de censura, represión y mordaza de la dictadura, al volante de compañeros de viaje de los entorchados, en el asiento de las llantas traseras de un flamante diablo rojo.
Sin restar mérito a la materia concerniente a buses y taxis, el feudo de los Nagelis Herrera, Franz Wever y su compadre Espíritu Restrepo (todavía recordamos el pugilato televisado de hace algunos años y el pacto de silencio ulterior), y al mismo Marcos González y otros, no es igual que hablar de frecuencias, impulsos eléctricos, hondas hertzianas, canales, ente regulador, etc. Mucho menos es igual que legislar sobre medios de comunicación social y libertad de expresión.
Así se explica el desastroso proyecto presentado por el legislador transportista Marcos González, para legislar sobre medios de comunicación, nacionalizando la actividad y responsabilizando al periodista, al dueño y al director, por lo que diga o denuncie otro. El resultado que se persigue es que los medios terminen censurando las denuncias ciudadanas, único instrumento con que cuenta el pueblo para opinar y expresarse pública y pacíficamente en democracia. Si le cortamos eso, sólo le resta la violencia.
Si alguna razón hay para que en nuestro país las diferencias políticas, sociales y económicas no hayan pasado a mayores, como en otros países cercanos, es por el clima de amplia libertad de expresión reinante. La dictadura militar fue la excepción y se vio precisada a enfrentar guerrillas y a sentarse sobre las bayonetas, las mismas que propiciaron su trágico final. Igual ocurrió en Centroamérica y pasa todavía en Colombia y Perú. ¿Por qué? Por la ausencia o presencia de libertad de expresión. Chile fue igual, y ya sabemos los resultados. Las dictaduras siempre empiezan censurando a los medios de comunicación. ¿No lo hicieron Torrijos y Martínez en 1968? ¿Para qué creen que su régimen instituyó el denso entramado de las leyes mordaza?
El legislador Arturo Araúz tuvo la sabia iniciativa de gestar la Ley 55 de 20 de diciembre de 1999 por la que dejó sin efecto perniciosos aspectos de las leyes mordaza de la dictadura, uno de los cuales fue precisamente eliminar la responsabilidad que los militares endilgaron a los medios por el dicho de otros. En adelante, cada quien asume y es responsable por lo que dice, opina o denuncia, no el medio que es un mero mensajero. Hasta Marcos González estuvo de acuerdo y votó a favor de esa ley que cosechó el apoyo unánime de todos los legisladores.
Se pretende ahora enviarnos de regreso al pasado de censura, represión y mordaza de la dictadura, al volante de compañeros de viaje de los entorchados, en el asiento de las llantas traseras de un flamante diablo rojo.
