Nueva ley no mejorará aeropuertos
La conversión de una entidad estatal en una sociedad anónima no hará que la actividad oficial mágicamente cambie para mejor. Se requiere toda una estructura corporativa, administrativa y operacional de la mística empresarial, para lograr eficiencias, productividad, mejores servicios y, quizá, hasta ganancias. El proyecto de ley que dicta el marco regulatorio para la administración de esas facilidades objeto de consideración en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa producirá más de lo mismo: pésimo servicio, ineficiencias, clientelismo, corrupción, etc., porque mantiene las mismas estructuras vigentes de mando, pero con otro nombre.
La Dirección de Aeronáutica Civil, donde actualmente radica la responsabilidad por la aviación civil y la administración y operación de los aeropuertos, forma parte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Como tal, está sujeta y supeditada a lo que dicte la administración de turno, a través del ministro en ejercicio. Sus directores, subdirectores, etc., cambian como cambian los gobiernos y en la gran mayoría de los casos con las rotaciones del ministro.
Aunque en su exposición de motivos al presentar este proyecto de ley a la Asamblea,el Ministerio de Gobierno y Justicia hace alusión al hecho que internacionalmente los aeropuertos están siendo privatizados y reconoce el "severo deterioro" del Aeropuerto Internacional de Tocumen, es amplio conocido que este gobierno se ha manifestado reiteradamente en contra de las privatizaciones. Condenaron las realizadas por el gobierno anterior, critican sus resultados, socavan los regímenes creados para permitirles producir réditos a la sociedad y no han concluido ni una privatización en sus tres años de gestión.
En ese contexto, al permitir que los aeropuertos sean traspasados a sociedades anónimas (no así la administración de la aviación civil nacional, la cual, según otro proyecto, estaría en manos de la Autoridad Aeronáutica Civil) no buscan la privatización. Lo confirman al indicar que el modelo de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) es la inspiración para su propuesta para los aeropuertos.
En ETESA es cierto que la Junta Directiva es nombrada en su totalidad por el Organo Ejecutivo (nótese la ausencia de representantes de grupos interesados), pero ésta nombra al Gerente General y al auditor interno. Las Juntas Directivas de las empresas que se crearían para administrar los aeropuertos serían nombradas, en su mayoría, por el gobierno y por personas de nóminas que representan a sectores con intereses directos en las facilidades aeroportuarias (aerolíneas, comerciantes y trabajadores). No sólo eso, además el gobierno de turno pretende tener la facultad para nombrar al Gerente General por un período de diez años. Tampoco es así en ETESA.
Tampoco es cierto que ETESA sea modelo de éxito, que está manejada con criterios ejecutivos y empresariales. No ha operado durante suficiente tiempo como para permitir tener un criterio formado al respecto, pero en su corta vida ha demostrado muchas de las ineficiencias de su dueño.
Un botón: la licitación de las líneas de transmisión. Detrás del proyecto de ley salen a relucir, otra vez, las aspiraciones de muchos transeúntes por posiciones políticas de perpetuarse en el poder más allá de su mandato constitucional.
Con ello, se pierde credibilidad y autoridad moral. La novedad introducida por el gobierno anterior de utilizar sociedades anónimas para la gestión pública sólo producirá beneficios si luego se venden esas sociedades. El Estado es y será siempre un mal administrador, no importa el ropaje que vista.
La Dirección de Aeronáutica Civil, donde actualmente radica la responsabilidad por la aviación civil y la administración y operación de los aeropuertos, forma parte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Como tal, está sujeta y supeditada a lo que dicte la administración de turno, a través del ministro en ejercicio. Sus directores, subdirectores, etc., cambian como cambian los gobiernos y en la gran mayoría de los casos con las rotaciones del ministro.
Aunque en su exposición de motivos al presentar este proyecto de ley a la Asamblea,el Ministerio de Gobierno y Justicia hace alusión al hecho que internacionalmente los aeropuertos están siendo privatizados y reconoce el "severo deterioro" del Aeropuerto Internacional de Tocumen, es amplio conocido que este gobierno se ha manifestado reiteradamente en contra de las privatizaciones. Condenaron las realizadas por el gobierno anterior, critican sus resultados, socavan los regímenes creados para permitirles producir réditos a la sociedad y no han concluido ni una privatización en sus tres años de gestión.
En ese contexto, al permitir que los aeropuertos sean traspasados a sociedades anónimas (no así la administración de la aviación civil nacional, la cual, según otro proyecto, estaría en manos de la Autoridad Aeronáutica Civil) no buscan la privatización. Lo confirman al indicar que el modelo de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) es la inspiración para su propuesta para los aeropuertos.
En ETESA es cierto que la Junta Directiva es nombrada en su totalidad por el Organo Ejecutivo (nótese la ausencia de representantes de grupos interesados), pero ésta nombra al Gerente General y al auditor interno. Las Juntas Directivas de las empresas que se crearían para administrar los aeropuertos serían nombradas, en su mayoría, por el gobierno y por personas de nóminas que representan a sectores con intereses directos en las facilidades aeroportuarias (aerolíneas, comerciantes y trabajadores). No sólo eso, además el gobierno de turno pretende tener la facultad para nombrar al Gerente General por un período de diez años. Tampoco es así en ETESA.
Tampoco es cierto que ETESA sea modelo de éxito, que está manejada con criterios ejecutivos y empresariales. No ha operado durante suficiente tiempo como para permitir tener un criterio formado al respecto, pero en su corta vida ha demostrado muchas de las ineficiencias de su dueño.
Un botón: la licitación de las líneas de transmisión. Detrás del proyecto de ley salen a relucir, otra vez, las aspiraciones de muchos transeúntes por posiciones políticas de perpetuarse en el poder más allá de su mandato constitucional.
Con ello, se pierde credibilidad y autoridad moral. La novedad introducida por el gobierno anterior de utilizar sociedades anónimas para la gestión pública sólo producirá beneficios si luego se venden esas sociedades. El Estado es y será siempre un mal administrador, no importa el ropaje que vista.
