Nueve formas de privatizar la seguridad social panameña

Los acontecimientos de las últimas semanas dejan en evidencia que existen dos Panamá: el que viven día a día los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, los desempleados, las administradoras del hogar, los pensionados y jubilados; las miles de personas que marcharon el 12 de septiembre retropróximo, en ciudad de Panamá y el interior del país, incluidos los y las que aplaudían en las aceras y tocaban pailas desde los balcones de sus casas, para quienes la realidad es que al despedir al profesor Juan Jované de la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS) está dando muestras que la intención no es asegurar la permanencia de las prestaciones sociales que brinda el Seguro Social, sino garantizar los intereses políticos de la administración estatal de turno sin importarle el futuro de la Caja, que es de los panameños y panameñas que cotizan .
Pero, por el otro lado, encontramos a los dirigentes del Gobierno Nacional, encabezados por la presidenta Mireya Moscoso y una parte de la dirigencia empresarial que declaran estar profundamente preocupados por el futuro de la CSS, palabras dichas y escritas hasta el cansancio que se contradicen con la actuación gubernamental en torno a la seguridad social.
La insistente declaración de la presidenta Moscoso en cuanto a no privatizar la CSS, al extremo de poner a los representantes de todas las versiones de Dios como testigos de ese compromiso, demuestra al menos que se tiene una versión muy limitada del concepto “privatización”, entendiendo como tal la concesión gubernamental de la administración de la CSS a la empresa privada, término que una buena parte de los gremios de empleadores han manifestado compartir.
Las actuaciones tanto de una parte de empleadores como del Gobierno, sin embargo, da pasos seguros hacia la privatización de la seguridad social en el país, en las siguientes modalidades:

• Dejar de pagar cuotas descontadas a los trabajadores por el orden de los 47 millones de balboas, o por el orden de los 103 millones en el caso del Gobierno nacional, y además perseguir en una actitud desmedida por parte de la Contraloría General a la administración de la CSS, que lleva adelante un agresivo programa de recuperación de esa deuda, es atentar contra la Caja.

• Obligar a la CSS a atender pacientes que debiera cuidar la red de hospitales del Ministerio de Salud con un elevado costo, sin devolver ni un centavo al Seguro, es promover su crisis y no buscar soluciones a la misma.

• Evitar la compra de medicamentos so pretexto de estrictos controles de auditoría, como ha sido recientemente el caso de los pacientes de hemodiálisis, es provocar un desabastecimiento de la Caja, a favor de la empresa privada que se dedica a vender a precios prohibitivos; es empujar hacia la privatización la expedición de medicinas, en perjuicio de los más necesitados.

• Impedir y oponerse a ultranza a que se graven con la cuota de seguro social los gastos de representación tanto por parte del Gobierno como de la mayor parte de la empresa privada; es evitar aumentar los ingresos de la CSS.

• Obligar a la CSS a mantener depósitos en el Banco Nacional donde le pagan un interés ínfimo, oponiéndose a reformar la ley orgánica eliminando esa obligación, es atentar contra la posibilidad de mejorar los ingresos del Seguro Social.

• Pagarle a la CSS un interés por debajo del promedio de la tasa vigente en el mercado es evitar que la institución obtenga fondos para enfrentar sus problemas.

• Criticar acremente la gestión administrativa de quien ha aumentado la planilla de la CSS para brindar más servicios a la población panameña, a la vez que no mirar al resto de las instituciones gubernamentales que han abultado su planilla sin mejorar ni en cantidad ni en calidad sus servicios, es propiciar la falta de atención en salud a la población, “por causa de la crisis económica”.

• Destituir al director de la CSS al total margen de los procedimientos legales, en aras de imponer a un subdirector general políticamente amigo, personalizando así el conflicto, es atentar contra la estabilidad de la institución.

• Atacar, a falta de argumentos a los gremios en lucha por la defensa de la CSS, de “izquierdistas” es demostrar absoluta incapacidad para propiciar cambios que satisfagan los intereses y las necesidades de la población asegurada y las futuras generaciones, evitando la discusión de fondo.

Todas estas actuaciones llevan a disminuir la capacidad económica y administrativa de la CSS, induciéndola a reducir los servicios que brinda a la población y de esa manera, propiciar la satisfacción de las necesidades de salud a través de la inversión privada; o sea, que sólo el que pueda pagar los servicios de salud tenga derecho a ellos o el que pueda ahorrar suficiente tenga derecho a una pensión de jubilación en un banco privado, tal como ya ocurrió con el llamado SIACAP para los servidores públicos.
Las actuaciones gubernamentales descritas se resumen en una palabra: camino a la privatización, aunque se afirme y jure mil veces lo contrario.