Nuevo magistrado e independencia judicial
Por mandato de la Constitución Política que desafortunadamente nos rige pero que debemos respetar por no ser partidario de la anarquía, en el próximo mes de diciembre debe ser escogido un nuevo Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el principal tribunal colegiado de nuestro sistema u organización judicial, columna vertebral del sistema democrático de gobierno. Hemos reiterado en varias ocasiones el que, aunque el deseo de los panameños es el de vivir en democracia luego de la amarga noche de la dictadura que pasamos durante 21 años, la clase política panameña irresponsablemente ha permitido intentar la vida en democracia con una Constitución que hicieron los cómplices civiles de los militares dictadores para perpetuarse en el poder indefinidamente y así servirse de lo gobiernos para la protección de los intereses del grupo gobernante de turno.
La última escogencia de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al procedimiento establecido en la actual Carta Magna, profundizó la crisis socioeconómica y política en el país, por lo que es deber de todos los panameños, procurar, que sin violentar el procedimiento constitucional e interpretando correctamente el sentir de la mayoría, con la elección del nuevo Magistrado, demos los primeros pasos en el camino del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, actitud necesaria para garantizar la seguridad jurídica como base fundamental del logro del desarrollo sostenible, al que aspiramos.
Lo anterior es posible, si con la intención de garantizar la independencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, en adición a los requisitos del artículo 201 de nuestra Carta Magna, establecemos otros parámetros y cualidades que deben reunir los candidatos que garanticen sus actuaciones totalmente independientes de cualquier tipo de influencia de la política partidista o cualquier otra que pugne con la majestad del cargo.
Si históricamente los artículos 209 y 220 de nuestra Constitución se hubieran interpretado correctamente, al establecer que los cargos del Organo Judicial y del Ministerio Público son incompatibles con toda participación en la política, no se hubiera tenido que presenciar el triste espectáculo que nos han ofrecido algunos políticos que han ocupado puestos de máxima relevancia en los organismos mencionados, renunciando un día antes a un partido político para ocupar el cargo respectivo. Y digo triste espectáculo, porque la simple renuncia a un colectivo político uno o varios días antes, para ocupar uno de estos cargos, no establece la incompatibilidad con la política.
Lo que afirmo lo entiende muy bien la clase política y la sociedad civil, pero cuando la situación se ha presentado tanto en nuestra Corte Suprema, el Ministerio Público y en el Tribunal Electoral, han mirado para otro lado, si sus intereses los consideran protegidos.
222 ...la simple renuncia a un colectivo político uno o varios días antes, para ocupar uno de estos cargos, no establece la incompatibilidad con la política.
Pretendo iniciar el debate para establecer los requisitos y parámetros adicionales para el nuevo magistrado a escogerse en diciembre. He sugerido en carta enviada al Presidente del Colegio Nacional de Abogados y copiada a varios medios de comunicación, de la cual no he recibido respuesta ni ha sido publicada, que sea escogido de entre los actuales Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, organismo colegiado que conoce privativamente la materia penal en nuestra organización judicial, porque el Magistrado al cual se le vence el período constitucional, pertenece a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte. Adiciono como requisito, que no haya tenido ninguna participación en política partidista, por lo menos en los últimos diez años, y que no desempeñe en la actualidad ningún cargo principal en el Organo Ejecutivo u ocupe en época inmediatamente anterior a su designación, cargos como el de Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, Contralor General de la Nación, Comisionado del Ente Regulador, entre otros. Porque las actuaciones de estos funcionarios pueden ser objeto de tratamiento en la Corte Suprema Justicia, con posterioridad al desempeño de sus cargos.
En nuestras universidades contamos con valiosos y distinguidos profesionales del Derecho que, alejados de los vaivenes de la política partidista, han entregado muchos años de sus vidas a la formación de nuevos profesionales del Derecho, que darían brillo al máximo organismo judicial.
Espero, pues, que a esta idea se sumen los muchos organismos y asociaciones que últimamente se han autoproclamado defensores de la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas, recordemos que el país es de todos.
La última escogencia de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al procedimiento establecido en la actual Carta Magna, profundizó la crisis socioeconómica y política en el país, por lo que es deber de todos los panameños, procurar, que sin violentar el procedimiento constitucional e interpretando correctamente el sentir de la mayoría, con la elección del nuevo Magistrado, demos los primeros pasos en el camino del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, actitud necesaria para garantizar la seguridad jurídica como base fundamental del logro del desarrollo sostenible, al que aspiramos.
Lo anterior es posible, si con la intención de garantizar la independencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, en adición a los requisitos del artículo 201 de nuestra Carta Magna, establecemos otros parámetros y cualidades que deben reunir los candidatos que garanticen sus actuaciones totalmente independientes de cualquier tipo de influencia de la política partidista o cualquier otra que pugne con la majestad del cargo.
Si históricamente los artículos 209 y 220 de nuestra Constitución se hubieran interpretado correctamente, al establecer que los cargos del Organo Judicial y del Ministerio Público son incompatibles con toda participación en la política, no se hubiera tenido que presenciar el triste espectáculo que nos han ofrecido algunos políticos que han ocupado puestos de máxima relevancia en los organismos mencionados, renunciando un día antes a un partido político para ocupar el cargo respectivo. Y digo triste espectáculo, porque la simple renuncia a un colectivo político uno o varios días antes, para ocupar uno de estos cargos, no establece la incompatibilidad con la política.
Lo que afirmo lo entiende muy bien la clase política y la sociedad civil, pero cuando la situación se ha presentado tanto en nuestra Corte Suprema, el Ministerio Público y en el Tribunal Electoral, han mirado para otro lado, si sus intereses los consideran protegidos.
222 ...la simple renuncia a un colectivo político uno o varios días antes, para ocupar uno de estos cargos, no establece la incompatibilidad con la política.
Pretendo iniciar el debate para establecer los requisitos y parámetros adicionales para el nuevo magistrado a escogerse en diciembre. He sugerido en carta enviada al Presidente del Colegio Nacional de Abogados y copiada a varios medios de comunicación, de la cual no he recibido respuesta ni ha sido publicada, que sea escogido de entre los actuales Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, organismo colegiado que conoce privativamente la materia penal en nuestra organización judicial, porque el Magistrado al cual se le vence el período constitucional, pertenece a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte. Adiciono como requisito, que no haya tenido ninguna participación en política partidista, por lo menos en los últimos diez años, y que no desempeñe en la actualidad ningún cargo principal en el Organo Ejecutivo u ocupe en época inmediatamente anterior a su designación, cargos como el de Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, Contralor General de la Nación, Comisionado del Ente Regulador, entre otros. Porque las actuaciones de estos funcionarios pueden ser objeto de tratamiento en la Corte Suprema Justicia, con posterioridad al desempeño de sus cargos.
En nuestras universidades contamos con valiosos y distinguidos profesionales del Derecho que, alejados de los vaivenes de la política partidista, han entregado muchos años de sus vidas a la formación de nuevos profesionales del Derecho, que darían brillo al máximo organismo judicial.
Espero, pues, que a esta idea se sumen los muchos organismos y asociaciones que últimamente se han autoproclamado defensores de la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas, recordemos que el país es de todos.
