Nuevo Plan Estratégico de Seguridad
En loable esfuerzo conjunto en pro del interés nacional, luego de superar sus naturales diferencias políticas, los opositores Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Revolucionario Democrático (PRD), coincidieron en elaborar, conjuntamente con el gubernamental Partido Arnulfista, una nueva versión del originalmente llamado Plan Estratégico de Seguridad.
Es un extenso documento, de difícil lectura, con estilo normativo anglosajón, que sugiere el origen del modelo. En su afán por seguir los conceptos modernos de seguridad, entremezcla elementos tradicionalmente ajenos a la materia, tales como los concernientes a la educación, trabajo, salud pública, ecología, etnografía y otros.
Toda esa heterogeneidad es armonizada bajo el concepto de "seguridad integral", que incluye como elementos a los derechos humanos y sociales, con especial mención al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el que se busca indudablemente sentar distancia del viejo concepto de seguridad entendida como instrumento de represión.
A lo largo de su denso entramado de numerales y subnumerales, trabajosamente ordenado en subtítulos, se combinan como objetivos la seguridad ciudadana, la protección del Canal, la economía sostenible, el bienestar social y la defensa nacional, tomando como base estratégica la vigencia de la democracia y la protección ciudadana.
En la preservación democrática, se alude a la libertad de prensa, la recta y "perentoria" administración de justicia, el combate de la corrupción, la descentralización del gobierno, la participación de la sociedad civil y la protección de las minorías. Sobre la libertad de prensa, se prevé el acceso a la información, la prohibición de presiones y el favoritismo publicitario, y la responsabilidad por los agravios a la honra.
Se provee la seguridad fronteriza especializada, preconizando la construcción de vías de comunicación y el desarrollo de comunidades aledañas. Se contempla que los servicios de inteligencia e información y su coordinación con instancias judiciales, estará a cargo de autoridades nacionales, con la observancia de los derechos humanos y políticos.
Se establece asimismo que sólo Panamá podrá "mantener fuerzas militares y sitios de defensa" en su territorio, contradiciendo al propio documento que dice en otro numeral que estamos desmilitarizados. Se deja abierta la cooperación internacional y multilaral, aunque en sus puntos 14.6 y 14.6.5 parece condicionarla al evento de una amenaza contra el Canal.
Es un buen proyecto, enriquecido por la consulta y el trabajo en común, que merece el reconocimiento público de quienes participaron en su elaboración. Eso no quiere decir que sea perfecto, si es que es posible hablar de perfección en una materia tan compleja, que admite posibilidades y opiniones infinitas.
Es un extenso documento, de difícil lectura, con estilo normativo anglosajón, que sugiere el origen del modelo. En su afán por seguir los conceptos modernos de seguridad, entremezcla elementos tradicionalmente ajenos a la materia, tales como los concernientes a la educación, trabajo, salud pública, ecología, etnografía y otros.
Toda esa heterogeneidad es armonizada bajo el concepto de "seguridad integral", que incluye como elementos a los derechos humanos y sociales, con especial mención al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el que se busca indudablemente sentar distancia del viejo concepto de seguridad entendida como instrumento de represión.
A lo largo de su denso entramado de numerales y subnumerales, trabajosamente ordenado en subtítulos, se combinan como objetivos la seguridad ciudadana, la protección del Canal, la economía sostenible, el bienestar social y la defensa nacional, tomando como base estratégica la vigencia de la democracia y la protección ciudadana.
En la preservación democrática, se alude a la libertad de prensa, la recta y "perentoria" administración de justicia, el combate de la corrupción, la descentralización del gobierno, la participación de la sociedad civil y la protección de las minorías. Sobre la libertad de prensa, se prevé el acceso a la información, la prohibición de presiones y el favoritismo publicitario, y la responsabilidad por los agravios a la honra.
Se provee la seguridad fronteriza especializada, preconizando la construcción de vías de comunicación y el desarrollo de comunidades aledañas. Se contempla que los servicios de inteligencia e información y su coordinación con instancias judiciales, estará a cargo de autoridades nacionales, con la observancia de los derechos humanos y políticos.
Se establece asimismo que sólo Panamá podrá "mantener fuerzas militares y sitios de defensa" en su territorio, contradiciendo al propio documento que dice en otro numeral que estamos desmilitarizados. Se deja abierta la cooperación internacional y multilaral, aunque en sus puntos 14.6 y 14.6.5 parece condicionarla al evento de una amenaza contra el Canal.
Es un buen proyecto, enriquecido por la consulta y el trabajo en común, que merece el reconocimiento público de quienes participaron en su elaboración. Eso no quiere decir que sea perfecto, si es que es posible hablar de perfección en una materia tan compleja, que admite posibilidades y opiniones infinitas.
