Objetivo: Control total de la Corte
Ningún panameño o panameña necesita ser político o abogado para darse perfecta cuenta de lo que el presidente Ernesto Pérez Balladares pretende con su proyecto de una Sala Quinta con tres nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Sólo bastan, en realidad, un poco de matemáticas y una breve leída a nuestra vapuleada Constitución Nacional. Si utilizamos ambos, nos daremos cuenta que los magistrados de la Corte son nueve, razón por la cual el voto, ya sea a favor o en contra, de cinco de ellos es indispensable para que la Corte pueda tomar cualquier decisión. Asimismo nos daremos cuenta que, por mandato constitucional, doña Mireya Moscoso deberá reemplazar en el transcurso de su gobierno a cinco de los nueve magistrados, entre ellos a uno nombrado por el actual presidente. Dos deben ser reemplazados a fines de este año, otros dos a fines del 2001, y otro más en el 2002. A los cuatro restantes, todos nombrados por Pérez Balladares, se les vence su período de diez años en el cargo dentro del período del presidente que tome posesión en septiembre del 2004.
No se puede negar que el récord de los nombramientos hechos por Pérez Balladares en la Corte Suprema es poco menos que bochornoso. De las cinco personas nombradas por él como magistrados de la Corte, tres de ellas fueron, además de activos militantes del PRD, leales funcionarios de la dictadura militar. Otra fue una conocida simpatizante, mientras que la última debe el nombramiento exclusivamente a la relación de parentesco que mantiene con Pérez Balladares por el lado de su cónyuge. Ninguna ha demostrado la más mínima independencia del "rgano Ejecutivo en el ejercicio del cargo.
Si se aprobara la creación de la Sala Quinta, el número de magistrados de la Corte pasaría, por primera vez en la historia, de nueve a doce. Contando a los tres nuevos de la Sala Quinta, la mayoría absoluta de esos doce magistrados habrá sido nombrada por Pérez Balladares antes de concluir su mandato. Esta mayoría, que al actual presidente le deberá lealtad "sin precio ni duda" a la usanza de la dictadura militar, estará en capacidad de controlar todas las funciones de la Corte Suprema durante los próximos diez años.
Y para qué le servirá a un futuro ex presidente el control de la Corte Suprema con una mayoría de "sus" magistrados? La respuesta es fácil. Las funciones de la Corte son numerosas, pero las más importantes son la decisión de la "inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona" y de la legalidad o ilegalidad de los "actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones" de todos los funcionarios públicos (Art. 203 de la Constitución).
Son tantos los "chanchullos" cometidos por este gobierno en los últimos cinco años y que han sido denunciados por abogados y expertos como inconstitucionales, que Pérez Balladares debe estar preocupado frente a la posibilidad de que alguno se caiga o se destape ante el peso de la Constitución y la Ley. No tengo la menor duda, además, de que ni su desmedido ego ni su voluntad ilimitada de poder soportarían que alguna de "sus" leyes o decretos fuera declarada inconstitucional por una Corte Suprema realmente independiente. Al mismo tiempo, habiendo controlado la Corte, el hoy presidente estará en capacidad de "tumbar" todos los actos, leyes y decretos del gobierno de doña Mireya que no sean de su completo agrado.
Por eso estoy segura que al presidente lo que menos le interesa son las funciones específicas de la Sala Quinta. Le es secundario si esta Sala se encarga, por ejemplo, de juzgar accidentes de cohetes espaciales o de violaciones a las reglas de tránsito submarino. Lo que sí es vital para él es poder nombrar a tres "allegados" con los cuales asegurar una mayoría absoluta de magistrados que domine las acciones de la Corte en la década venidera.
Claro que si la Sala Quinta es aprobada como de Garantías Constitucionales, "sus" magistrados manejarán todos los recursos que tengan que ver con la libertad y los derechos individuales de todos los panameños y panameñas. Si lo es de Casación Laboral, "sus" magistrados manejarán todos los derechos y deberes laborales de los que somos empresarios o trabajadores. Y si la Sala tiene competencia para ambos tipos de asuntos, pues mucho mejor para su absoluto control.
No deja de ser irónico que un presidente que como candidato prometió "el pueblo al poder" termine su mandato con un rechazo popular tan grande que rivaliza con el que disfrutaba nada menos que el mismo Manuel Antonio Noriega a finales de 1989. Dentro de su propio mundo de "plomo, palo y plata", Pérez Balladares siempre entendió que el pueblo era él mismo, ya fuera en primera persona singular o por intermedio de sus allegados. Peor aún, no parece estar dispuesto a soltarlo aunque para ello tenga que seguir pisoteando a la Constitución Nacional. Como consecuencia de sus ambiciones de controlar la Corte Suprema por intermedio de los magistrados de la Sala Quinta, no cabe ninguna duda de que el repudio del pueblo entero y la condenación de nuestra historia serán las únicas cosas que la terminación de su convulsionado mandato registrará para la posteridad.
No se puede negar que el récord de los nombramientos hechos por Pérez Balladares en la Corte Suprema es poco menos que bochornoso. De las cinco personas nombradas por él como magistrados de la Corte, tres de ellas fueron, además de activos militantes del PRD, leales funcionarios de la dictadura militar. Otra fue una conocida simpatizante, mientras que la última debe el nombramiento exclusivamente a la relación de parentesco que mantiene con Pérez Balladares por el lado de su cónyuge. Ninguna ha demostrado la más mínima independencia del "rgano Ejecutivo en el ejercicio del cargo.
Si se aprobara la creación de la Sala Quinta, el número de magistrados de la Corte pasaría, por primera vez en la historia, de nueve a doce. Contando a los tres nuevos de la Sala Quinta, la mayoría absoluta de esos doce magistrados habrá sido nombrada por Pérez Balladares antes de concluir su mandato. Esta mayoría, que al actual presidente le deberá lealtad "sin precio ni duda" a la usanza de la dictadura militar, estará en capacidad de controlar todas las funciones de la Corte Suprema durante los próximos diez años.
Y para qué le servirá a un futuro ex presidente el control de la Corte Suprema con una mayoría de "sus" magistrados? La respuesta es fácil. Las funciones de la Corte son numerosas, pero las más importantes son la decisión de la "inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona" y de la legalidad o ilegalidad de los "actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones" de todos los funcionarios públicos (Art. 203 de la Constitución).
Son tantos los "chanchullos" cometidos por este gobierno en los últimos cinco años y que han sido denunciados por abogados y expertos como inconstitucionales, que Pérez Balladares debe estar preocupado frente a la posibilidad de que alguno se caiga o se destape ante el peso de la Constitución y la Ley. No tengo la menor duda, además, de que ni su desmedido ego ni su voluntad ilimitada de poder soportarían que alguna de "sus" leyes o decretos fuera declarada inconstitucional por una Corte Suprema realmente independiente. Al mismo tiempo, habiendo controlado la Corte, el hoy presidente estará en capacidad de "tumbar" todos los actos, leyes y decretos del gobierno de doña Mireya que no sean de su completo agrado.
Por eso estoy segura que al presidente lo que menos le interesa son las funciones específicas de la Sala Quinta. Le es secundario si esta Sala se encarga, por ejemplo, de juzgar accidentes de cohetes espaciales o de violaciones a las reglas de tránsito submarino. Lo que sí es vital para él es poder nombrar a tres "allegados" con los cuales asegurar una mayoría absoluta de magistrados que domine las acciones de la Corte en la década venidera.
Claro que si la Sala Quinta es aprobada como de Garantías Constitucionales, "sus" magistrados manejarán todos los recursos que tengan que ver con la libertad y los derechos individuales de todos los panameños y panameñas. Si lo es de Casación Laboral, "sus" magistrados manejarán todos los derechos y deberes laborales de los que somos empresarios o trabajadores. Y si la Sala tiene competencia para ambos tipos de asuntos, pues mucho mejor para su absoluto control.
No deja de ser irónico que un presidente que como candidato prometió "el pueblo al poder" termine su mandato con un rechazo popular tan grande que rivaliza con el que disfrutaba nada menos que el mismo Manuel Antonio Noriega a finales de 1989. Dentro de su propio mundo de "plomo, palo y plata", Pérez Balladares siempre entendió que el pueblo era él mismo, ya fuera en primera persona singular o por intermedio de sus allegados. Peor aún, no parece estar dispuesto a soltarlo aunque para ello tenga que seguir pisoteando a la Constitución Nacional. Como consecuencia de sus ambiciones de controlar la Corte Suprema por intermedio de los magistrados de la Sala Quinta, no cabe ninguna duda de que el repudio del pueblo entero y la condenación de nuestra historia serán las únicas cosas que la terminación de su convulsionado mandato registrará para la posteridad.
