A ocho meses de la tragedia
Continúa la farsa de dar seriamente los pasos para la solución del problema del transporte público. La suerte de los usuarios seguirá siendo la misma: ser víctimas de la impunidad de la clase transportista y continuar con una pobre calidad de vida, porque la dirigencia transportista hace lo que le da la gana.
No podía permanecer sin expresar públicamente mi acuerdo con las declaraciones de los padres de una de las víctimas de la tragedia del 23 de octubre, expuestos en ese muy buen reportaje que publicó este diario, en su edición del 14 de junio, bajo la responsabilidad del periodista Gustavo Aparicio, en el cual se afirman verdades incuestionables sobre el manejo que la autoridad competente le está dando a las soluciones necesarias para adecentar y modernizar el servicio público de transporte de pasajeros.
Demostrado está que el actual sistema ha colapsado por la incapacidad de la dirigencia de ese sector y de la impunidad que han mantenido por la indiferencia con la que las autoridades están tratando el tema.
He seguido de cerca la lucha de los usuarios por sus derechos; es como un enfrentamiento entre David y Goliat, pero un David sin honda. Los usuarios han dicho una verdad de la que el país entero es testigo, que aunque las autoridades prometieron ordenar el sistema de transporte, luego de ocurrido el accidente del bus 8B-06 en donde resultaron muertas 18 personas, la situación no ha mejorado. También afirman que aunque la autoridad no lo quiera reconocer, los transportistas la ponen a temblar.
La dirigencia de los usuarios tiene muy presente lo expresado por el presidente Torrijos luego de la tragedia, cuando manifestó que el gobierno no cedería ante las bravuconerías de los transportistas y dio plazo hasta el 27 de noviembre de 2006 para poner el sistema en orden o, de lo contrario, no podrían circular. Y, en ese sentido, el Presidente giró públicamente las instrucciones necesarias pero, desafortunadamente, sus palabras cayeron en saco roto, porque los encargados de ejecutarlas no han sido capaces de hacerlo.
Las cosas han empeorado, porque desde que se anunciaron medidas de corrección, la dirigencia transportistas, constantemente amenaza al país con paros, atentando contra el orden económico y la seguridad nacional.
Al escribir estas líneas, un día antes de que se cumplieran los ocho meses de la tragedia del 23 de octubre, revisé el resultado de un proyecto de ley 269, luego que llegado del Ejecutivo, la Asamblea abriera a conversaciones con los dirigentes transportistas para llegar a un documento totalmente diferente al original, aprobado en la comisión legislativa de Transporte, conformada por transportistas y legos.
El proyecto original, como he afirmado en otras ocasiones, no necesitaba ningún cambio; era el instrumento legal idóneo para acabar con la anarquía de la dirigencia transportista, y el primer paso de muchos que son necesarios para adecentar y modernizar el transporte público de pasajeros.
Es increíble que un país en el cual se ha establecido una mesa de diálogo para el desarrollo, una comisión legislativa pueda establecer que se prohíbe la inversión extranjera en uno de los rubros más importantes de la economía nacional y, prácticamente, avale la permanencia del actual sistema que ha colapsado en forma trágica después de casi cuatro décadas.
A ocho meses de la tragedia, que estremeció a la conciencia nacional, poco se ha hecho en beneficio de una verdadera Política Nacional de Tránsito, Transporte y Circulación Vial. Los accidentes fatales siguen en aumento, continúa reinando la anarquía y la impunidad de la dirigencia transportista en detrimento de la calidad de vida de los usuarios. Seguimos sin una estructura legal apropiada para el logro de los mejores objetivos en materia de tránsito y transporte terrestre, y lo poco innovador que se logró como hubiera sido la implementación del seguro obligatorio de automóviles a favor de terceros, el Ente Regulador ha sido incapaz de establecer la obligatoriedad del mismo, porque las aseguradoras siguen indicado el camino en la materia, de acuerdo con sus intereses y no en base a los de la mayoría de los panameños.
No podía permanecer sin expresar públicamente mi acuerdo con las declaraciones de los padres de una de las víctimas de la tragedia del 23 de octubre, expuestos en ese muy buen reportaje que publicó este diario, en su edición del 14 de junio, bajo la responsabilidad del periodista Gustavo Aparicio, en el cual se afirman verdades incuestionables sobre el manejo que la autoridad competente le está dando a las soluciones necesarias para adecentar y modernizar el servicio público de transporte de pasajeros.
Demostrado está que el actual sistema ha colapsado por la incapacidad de la dirigencia de ese sector y de la impunidad que han mantenido por la indiferencia con la que las autoridades están tratando el tema.
He seguido de cerca la lucha de los usuarios por sus derechos; es como un enfrentamiento entre David y Goliat, pero un David sin honda. Los usuarios han dicho una verdad de la que el país entero es testigo, que aunque las autoridades prometieron ordenar el sistema de transporte, luego de ocurrido el accidente del bus 8B-06 en donde resultaron muertas 18 personas, la situación no ha mejorado. También afirman que aunque la autoridad no lo quiera reconocer, los transportistas la ponen a temblar.
La dirigencia de los usuarios tiene muy presente lo expresado por el presidente Torrijos luego de la tragedia, cuando manifestó que el gobierno no cedería ante las bravuconerías de los transportistas y dio plazo hasta el 27 de noviembre de 2006 para poner el sistema en orden o, de lo contrario, no podrían circular. Y, en ese sentido, el Presidente giró públicamente las instrucciones necesarias pero, desafortunadamente, sus palabras cayeron en saco roto, porque los encargados de ejecutarlas no han sido capaces de hacerlo.
Las cosas han empeorado, porque desde que se anunciaron medidas de corrección, la dirigencia transportistas, constantemente amenaza al país con paros, atentando contra el orden económico y la seguridad nacional.
Al escribir estas líneas, un día antes de que se cumplieran los ocho meses de la tragedia del 23 de octubre, revisé el resultado de un proyecto de ley 269, luego que llegado del Ejecutivo, la Asamblea abriera a conversaciones con los dirigentes transportistas para llegar a un documento totalmente diferente al original, aprobado en la comisión legislativa de Transporte, conformada por transportistas y legos.
El proyecto original, como he afirmado en otras ocasiones, no necesitaba ningún cambio; era el instrumento legal idóneo para acabar con la anarquía de la dirigencia transportista, y el primer paso de muchos que son necesarios para adecentar y modernizar el transporte público de pasajeros.
Es increíble que un país en el cual se ha establecido una mesa de diálogo para el desarrollo, una comisión legislativa pueda establecer que se prohíbe la inversión extranjera en uno de los rubros más importantes de la economía nacional y, prácticamente, avale la permanencia del actual sistema que ha colapsado en forma trágica después de casi cuatro décadas.
A ocho meses de la tragedia, que estremeció a la conciencia nacional, poco se ha hecho en beneficio de una verdadera Política Nacional de Tránsito, Transporte y Circulación Vial. Los accidentes fatales siguen en aumento, continúa reinando la anarquía y la impunidad de la dirigencia transportista en detrimento de la calidad de vida de los usuarios. Seguimos sin una estructura legal apropiada para el logro de los mejores objetivos en materia de tránsito y transporte terrestre, y lo poco innovador que se logró como hubiera sido la implementación del seguro obligatorio de automóviles a favor de terceros, el Ente Regulador ha sido incapaz de establecer la obligatoriedad del mismo, porque las aseguradoras siguen indicado el camino en la materia, de acuerdo con sus intereses y no en base a los de la mayoría de los panameños.
