Odio, la imposición
Los hechos son claros y sin ambigüedades. El Gobierno de la República de Panamá, actuando unilateralmente, de espaldas a la opinión pública, sin participación del resto de los órganos del Estado, sin consulta alguna con las organizaciones no gubernamentales, políticas, profesionales o académicas, procedió a postular oficialmente para el cargo de Magistrada a la Corte Penal Internacional, desde el pasado mes de octubre, a la ciudadana costarricense Elizabeth Odio Benito.
La decisión fue tomada al más alto nivel, y en la misma sólo participaron siete personas. El secretismo y el sigilo predominaron a todo lo largo de los tres últimos meses y los panameños nos enteramos gracias a la firme reacción de oposición del propio Presidente de la República de Costa Rica, quien no se privó de expresar tajantes opiniones sobre la ofensa que dicha postulación, hecha también a espaldas del pueblo y gobierno tico, representaba para los panameños.
Las cualidades profesionales que adornen a la abogada costarricense Odio Benito, son, sin duda alguna, desconocidas para la gran mayoría de los panameños, a pesar de la proximidad geográfica y los lazos históricos que mantenemos los panameños y costarricenses.
Sin embargo, son numerosos los profesionales panameños del derecho que emulan o superan a la señora Odio Benito en méritos y ejecutorias. ¿Qué motiva entonces la imposición de su postulación? ¿A qué se debe atribuir el mecanismo evasivo y para nada transparente, con el que han actuado para imponer a Odio?
El interés de las principales autoridades del Ejecutivo y de los otros órganos del Estado panameños, en el Estatuto de Roma que crea la Corte o Tribunal Penal Internacional había sido hasta el presente, absolutamente nulo. Con excepción de unos cinco funcionarios de Cancillería, la suerte corrida por el Estatuto de Roma para que fuese ratificado el pasado mes de marzo por la Asamblea como Ley de la República, fue siempre adversa.
De los 60 primeros Estados en ratificar tan importante convenio internacional, Panamá fue el número 56 gracias al interés demostrado por la coalición internacional de más de mil quinientas organizaciones. La actitud gubernamental panameña fue siempre fría y poco me importa, ignorantes como han permanecido a la trascendencia de la creación de la Corte Penal Internacional y su significativo aporte al Derecho Internacional y, mayormente, al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.
La imposición de Odio se decide a solicitud de la tica que funge como funcionaria en la Presidencia de Panamá y que tiene más influencia y mando que muchos ministros de Estado. Sus lazos político partidistas y su íntima amistad con su paisana Odio le facilitan la tarea para lograr la ofensiva decisión contra los panameños. Con el aval de la Presidenta, el resto fue carpintería. Veamos.
En nota MPP NY-675/02 de 24 de octubre de 2002, dirigida por el embajador Ramón A. Morales Quijano, representante Permanente de Panamá en la ONU al señor Hans Corell, Secretario General Adjunto-Asesor Jurídico de la ONU, leemos: "El Gobierno de la República de Panamá que preside la señora Moscoso recibió desde antes de la apertura oficial del período de presentación de candidaturas, comunicación y gestiones de distintas instituciones y organizaciones ligadas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para presentar la candidatura de la profesora Elizabeth Odio Benito, de nacionalidad costarricense, al cargo de Magistrada de la Corte Penal Internacional" [notese que no dice qué y cuántas organizaciones].
"Las altas calificaciones morales [sic] y profesionales de la Profesora Odio Benito, su reconocida integridad, imparcialidad y prestigio, sumado a la decisión de mi gobierno ...determinaron que al tenor de la autorización contenida en el artículo 36, párrafo 4(b) del Estatuto de la Corte Penal se enviará el nombre de Elizabeth Odio Benitro a conocimiento del grupo nacional de la Corte Permanente de Arbitraje..."
En pocas palabras: la tica Anabella le pidió a la presidenta Mireya que postulara a su amiga. La Presidenta y el Canciller le dijeron a Roberto Alemán Zubieta (padre del Canciller), a Mario Galindo H. y a Carlos Iván Zúñiga, quienes integran el grupo nacional de Panamá en la Corte Permanente de Arbitraje de la Corte de La Haya, que enviaran el nombre de Odio, y Morales Quijano se encargó de oficializar la imposición.
Y así, siete personas de espaldas a la transparencia, en silencioso secretismo logran la imposición de Odio.
El Canciller ha dicho que no hay panameños interesados en ser postulados y ha dado a entender más: que no hay panameños preparados y que la imposición de Odio es "caso cerrado". Para añadir el insulto a la injuria, traerán a Odio próximamente a Panamá. Esta odiosa imposición de Odio es sólo el primer paso del gobierno en burlarse del Estatuto de Roma. Su burla hacia los panameños ya sabemos que es cotidiana. ¿Será por Odio o por ignorancia?
La decisión fue tomada al más alto nivel, y en la misma sólo participaron siete personas. El secretismo y el sigilo predominaron a todo lo largo de los tres últimos meses y los panameños nos enteramos gracias a la firme reacción de oposición del propio Presidente de la República de Costa Rica, quien no se privó de expresar tajantes opiniones sobre la ofensa que dicha postulación, hecha también a espaldas del pueblo y gobierno tico, representaba para los panameños.
Las cualidades profesionales que adornen a la abogada costarricense Odio Benito, son, sin duda alguna, desconocidas para la gran mayoría de los panameños, a pesar de la proximidad geográfica y los lazos históricos que mantenemos los panameños y costarricenses.
Sin embargo, son numerosos los profesionales panameños del derecho que emulan o superan a la señora Odio Benito en méritos y ejecutorias. ¿Qué motiva entonces la imposición de su postulación? ¿A qué se debe atribuir el mecanismo evasivo y para nada transparente, con el que han actuado para imponer a Odio?
El interés de las principales autoridades del Ejecutivo y de los otros órganos del Estado panameños, en el Estatuto de Roma que crea la Corte o Tribunal Penal Internacional había sido hasta el presente, absolutamente nulo. Con excepción de unos cinco funcionarios de Cancillería, la suerte corrida por el Estatuto de Roma para que fuese ratificado el pasado mes de marzo por la Asamblea como Ley de la República, fue siempre adversa.
De los 60 primeros Estados en ratificar tan importante convenio internacional, Panamá fue el número 56 gracias al interés demostrado por la coalición internacional de más de mil quinientas organizaciones. La actitud gubernamental panameña fue siempre fría y poco me importa, ignorantes como han permanecido a la trascendencia de la creación de la Corte Penal Internacional y su significativo aporte al Derecho Internacional y, mayormente, al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.
La imposición de Odio se decide a solicitud de la tica que funge como funcionaria en la Presidencia de Panamá y que tiene más influencia y mando que muchos ministros de Estado. Sus lazos político partidistas y su íntima amistad con su paisana Odio le facilitan la tarea para lograr la ofensiva decisión contra los panameños. Con el aval de la Presidenta, el resto fue carpintería. Veamos.
En nota MPP NY-675/02 de 24 de octubre de 2002, dirigida por el embajador Ramón A. Morales Quijano, representante Permanente de Panamá en la ONU al señor Hans Corell, Secretario General Adjunto-Asesor Jurídico de la ONU, leemos: "El Gobierno de la República de Panamá que preside la señora Moscoso recibió desde antes de la apertura oficial del período de presentación de candidaturas, comunicación y gestiones de distintas instituciones y organizaciones ligadas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para presentar la candidatura de la profesora Elizabeth Odio Benito, de nacionalidad costarricense, al cargo de Magistrada de la Corte Penal Internacional" [notese que no dice qué y cuántas organizaciones].
"Las altas calificaciones morales [sic] y profesionales de la Profesora Odio Benito, su reconocida integridad, imparcialidad y prestigio, sumado a la decisión de mi gobierno ...determinaron que al tenor de la autorización contenida en el artículo 36, párrafo 4(b) del Estatuto de la Corte Penal se enviará el nombre de Elizabeth Odio Benitro a conocimiento del grupo nacional de la Corte Permanente de Arbitraje..."
En pocas palabras: la tica Anabella le pidió a la presidenta Mireya que postulara a su amiga. La Presidenta y el Canciller le dijeron a Roberto Alemán Zubieta (padre del Canciller), a Mario Galindo H. y a Carlos Iván Zúñiga, quienes integran el grupo nacional de Panamá en la Corte Permanente de Arbitraje de la Corte de La Haya, que enviaran el nombre de Odio, y Morales Quijano se encargó de oficializar la imposición.
Y así, siete personas de espaldas a la transparencia, en silencioso secretismo logran la imposición de Odio.
El Canciller ha dicho que no hay panameños interesados en ser postulados y ha dado a entender más: que no hay panameños preparados y que la imposición de Odio es "caso cerrado". Para añadir el insulto a la injuria, traerán a Odio próximamente a Panamá. Esta odiosa imposición de Odio es sólo el primer paso del gobierno en burlarse del Estatuto de Roma. Su burla hacia los panameños ya sabemos que es cotidiana. ¿Será por Odio o por ignorancia?
