Oportunidad para las minorías
Siempre me ha preocupado la poca oportunidad que se les da a las minorías para participar en el desenvolvimiento de la nación, sobre todo en lo relativo a ocupar puestos que deben ser decididos en comicios electorales.
Los que publicamos nuestras ideas y las sometemos al escrutinio de la opinión pública, debemos estar conscientes que no somos dueños de la verdad y que lo que hoy criticamos mañana puede ser que tengamos que aceptarlo, por el hecho que debemos reconocer nuestros errores.
Tras luchar a brazo partido por la democratización a partir de octubre de 1968, hemos recibido sinsabores, críticas y mal querencias de muchos de los que se plegaron sin desparpajo a los castrenses, que a algunos se les llama líderes de partidos políticos, que no son más que elementos vividores en quienes el pueblo perdió la fe, que hoy tratan de ser los redentores, a sabiendas de muchos que su ropaje de camaleones no lo pueden esconder.
No había querido referirme a lo acontecido en la Asamblea Legislativa, en el escogimiento de su nueva Junta Directiva, porque para nadie es un secreto que todo lo que tenga que ver con los políticos del país está sujeto a los intereses partidistas, que priman sobre los nacionales. Prueba irrefutable los pactos de La Pintada y META.
En los países pequeños y subdesarrollados como los nuestros, si el Poder Ejecutivo trabaja con una Asamblea Legislativa en contra, se le imposibilita gobernar, por razones obvias, porque esa mayoría contraria, en lugar de servir de balance para un buen gobierno, entorpece su labor para crear la normal antipatía del pueblo que no percibe mejoras para que se le ayude a subsistir, siendo la forma de lograr el desgaste esperado, para su provecho en los futuros comicios.
Antes lo he dicho. A partir de 1989, con la Constitución Nacional de la dictadura, se pudo legislar para darle una mejor imagen a la Asamblea Legislativa. He mencionado, además, que las reformas que se hicieron después de 1984 a la ley electoral, acabaron con las aspiraciones de los grupos minoritarios de llegar a formar parte de esa alta corporación. Primaron los intereses partidistas. Los residuos al contar los votos que estaban previstos para dar oportunidad a estos grupos, con la reforma les fueron adjudicados a los partidos grandes. La ley establecía que los partidos políticos que tuviesen un cuociente no tendrían derecho a optar por el residuo. En esas condiciones, la oposición se adueñó de la Asamblea Legislativa en 1989; siendo así, no quisieron hacer las enmiendas necesarias y en 1994, el resultado es por todos conocido. La oposición se alzó con la mayoría y el gobierno de turno tuvo la mayoría que necesitaba.
Si hoy el Ejecutivo tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, es conveniente que corrija la ley, en función de los residuos, como estaba establecido en 1984. Estoy seguro que en esta forma se democratizará y adecentará este órgano del Estado, tan maltrecho por la cantidad de acusaciones que pesan sobre él y no será tan fácil que cualquier partido que represente menos del cincuenta por ciento del electorado, siga siendo mayoría por los vicios de la ley.
Los que publicamos nuestras ideas y las sometemos al escrutinio de la opinión pública, debemos estar conscientes que no somos dueños de la verdad y que lo que hoy criticamos mañana puede ser que tengamos que aceptarlo, por el hecho que debemos reconocer nuestros errores.
Tras luchar a brazo partido por la democratización a partir de octubre de 1968, hemos recibido sinsabores, críticas y mal querencias de muchos de los que se plegaron sin desparpajo a los castrenses, que a algunos se les llama líderes de partidos políticos, que no son más que elementos vividores en quienes el pueblo perdió la fe, que hoy tratan de ser los redentores, a sabiendas de muchos que su ropaje de camaleones no lo pueden esconder.
No había querido referirme a lo acontecido en la Asamblea Legislativa, en el escogimiento de su nueva Junta Directiva, porque para nadie es un secreto que todo lo que tenga que ver con los políticos del país está sujeto a los intereses partidistas, que priman sobre los nacionales. Prueba irrefutable los pactos de La Pintada y META.
En los países pequeños y subdesarrollados como los nuestros, si el Poder Ejecutivo trabaja con una Asamblea Legislativa en contra, se le imposibilita gobernar, por razones obvias, porque esa mayoría contraria, en lugar de servir de balance para un buen gobierno, entorpece su labor para crear la normal antipatía del pueblo que no percibe mejoras para que se le ayude a subsistir, siendo la forma de lograr el desgaste esperado, para su provecho en los futuros comicios.
Antes lo he dicho. A partir de 1989, con la Constitución Nacional de la dictadura, se pudo legislar para darle una mejor imagen a la Asamblea Legislativa. He mencionado, además, que las reformas que se hicieron después de 1984 a la ley electoral, acabaron con las aspiraciones de los grupos minoritarios de llegar a formar parte de esa alta corporación. Primaron los intereses partidistas. Los residuos al contar los votos que estaban previstos para dar oportunidad a estos grupos, con la reforma les fueron adjudicados a los partidos grandes. La ley establecía que los partidos políticos que tuviesen un cuociente no tendrían derecho a optar por el residuo. En esas condiciones, la oposición se adueñó de la Asamblea Legislativa en 1989; siendo así, no quisieron hacer las enmiendas necesarias y en 1994, el resultado es por todos conocido. La oposición se alzó con la mayoría y el gobierno de turno tuvo la mayoría que necesitaba.
Si hoy el Ejecutivo tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, es conveniente que corrija la ley, en función de los residuos, como estaba establecido en 1984. Estoy seguro que en esta forma se democratizará y adecentará este órgano del Estado, tan maltrecho por la cantidad de acusaciones que pesan sobre él y no será tan fácil que cualquier partido que represente menos del cincuenta por ciento del electorado, siga siendo mayoría por los vicios de la ley.
