Otra excusa artificiosa
Está en la palestra, otra vez, la discusión sobre la conveniencia o no de traer nuevamente el Récord Policivo como medio expedito para identificar la condición judicial del ciudadano en el marco de la lucha contra el crimen. Desde luego, surgen tesis a favor y en contra, más cuando la opinión pública conoce de tenebrosos casos ejecutados por delincuentes de prontuario siniestro que hacían de buenos empleados de sus víctimas. Unos defienden con lógica el récord, alegando que con él se puede identificar eficazmente al reclutar personal idóneo para determinado oficio, como el caso de los celadores, agentes de seguridad, asistentes, conductores, servicio doméstico y otros. Y quienes lo rechazan sostienen que el récord, aún con sus ventajas, no resolverá el problema, que discrimina a las personas.
Pero ya las listas, los récord, los libros negros, grises, blancos, etc., no son novedad. Existen desde hace décadas como herramienta efectiva. Las tienen los bancos, las asociaciones de crédito, la INTERPOL, las oficinas de investigaciones políticas y judiciales, las embajadas y consulados, los aeropuertos, y hasta los partidos políticos. Estas detallan al mínimo las personas non gratas, estafadores peligrosos, mafiosos y criminales, hasta naciones no colaboradoras en la lucha contra el terrorismo, lavado de dinero y paraísos fiscales, tráfico de armas y estupefacientes, etc. Igual que el Récord Policivo, son registros que dibujan la condición íntima judicial, financiera o política peligrosa- de personas o Estados.
Entonces, ¿por qué no usar un récord judicial en Panamá? Nos encontramos con la retórica acomodaticia de nunca acabar. Igual que con otros temas, en los casos de las sanciones severas para los menores infractores que, según expertos, no resolverá el problema, por tanto hay que dejarlos en libertad. Igual suerte ha corrido el metro urbano para la capital, pues expertos lo consideran muy costoso, por tanto, no lo tendremos. Juicios que no se tuvieron presentes al imponernos una licencia de conducir, costosísima para los usuarios.
Entre subterfugios, los bandoleros contemplan satisfechos cómo la sociedad y autoridades se rasgan las vestiduras con debates estériles sobre la conveniencia o no de exigir un récord judicial. Con esto lo que les estamos diciéndo es que el delito sí paga, que sí tienen defensores gratuitos mientras que el resto de la población no. Las autoridades, antes que ser maestros de la retórica y las ambigüedades, deben garantizarle a la sociedad la protección debida, tanto para sus bienes como para su honra; y para ello no puede haber excusas.
