Otra lección de la justicia norteamericana
Periódicamente nos quejamos de los informes adversos que suele enviar a su Congreso el Ejecutivo norteamericano, particularmente en materia de justicia. Casi siempre la evaluación de nuestros jueces y tribunales es en extremo negativa; pero plenamente justificada. Que sea o no una intromisión en nuestros asuntos internos, no es nuestro tema en esta ocasión. Ya hemos opinado que no.
El hecho es que uno de los problemas más grave de la administración de justicia de nuestros países, incluyendo a Panamá, radica en la corrupción y la impunidad. Aquí lo normal es que todas las investigaciones sobre delitos de trascendencia queden en nada. Los pocos que avanzan en algún grado apuntan su índice acusador contra los denunciantes, no contra los denunciados. Y si la comunidad empuja, el aparato libera y declara inocentes a los culpables. Nada se investiga, nada concluye, nada se juzga, nada se falla. Todo queda pendiente hasta que el tiempo lo cubre con un manto de olvido.
El asesinato a tiros en 1980, en El Salvador, del monseñor Oscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba misa, no fue la excepción. Igual que en Panamá, no se hizo justicia, pese a que era fácil investigar y dar con los culpables. Todos los caminos conducían a la más alta jefatura de las Fuerzas Armadas, como acá con los asesinatos de Héctor Gallego, Hugo Spadafora, Rubén Miró, Waldomero Osorio, Marlene Mendizábal, el guardaespaldas de Billy Ford, y tantos otros. En la mayoría de los casos, los principales culpables están impunes. Lo mismo ocurrió con el monseñor Romero, cuya única justicia, moral, le vino por vías de una canción que inmortalizó Rubén Blades.
Quizás los muertos no descansen hasta que se sepa la verdad. Y a más de paz, el fallo pronunciado por el juez norteamericano Oliver, en Fresno, California, condenando al ex capitán del ejército salvadoreño Alvaro Saravia como uno de los culpables del asesinato de monseñor Romero, debe llevar un mensaje ejemplar, al tiempo que constituye una bofetada para la administración de justicia de El Salvador, al punto que la Iglesia del hermano país promueve la reapertura del caso.
Saravia ha sido condenado a pagar una indemnización a los familiares del monseñor por monto de $2.5 millones más una multa $7.5 millones por el crimen. En Estados Unidos, la condena penal trae aparejado el pago de reparaciones pecuniarias civiles; y éstas pueden proceder, incluso, si ha mediado un fallo de inocencia penal, siempre que existan evidencias que respalden una condena civil.
¿Qué habría hecho nuestra justicia? Obviamente, inhibirse, sobreseer a los responsables, declarar prescrita la causa, condenar a un chivo expiatorio, enjuiciar a los periodistas y a los denunciantes por calumnia e injuria, o simplemente indultarlo.
¿Es la democracia semidirecta la mejor opción? Una pregunta interesante que evaluaremos en otra ocasión.
augustoi@expresionesamp.net
Mientras el dinero sea lo primordial para valorar a una persona y rendirle o no pleitesía; mientras no haya sanciones para las personas que delinquen; mientras la cabeza de una oficina, de un gobierno o de la familia no sea honesta, seguiremos corrompidos unos por comisión otros por omisión.
Personalmente sólo rindo pleitesía a la inteligencia, a la capacidad, a la creatividad, a la honestidad.
Ojalá que Panamá salga del estado en que estamos para ejemplo de las generaciones futuras. Otra vez volveré sobre el tema, porque ahora se terminó el espacio.
El hecho es que uno de los problemas más grave de la administración de justicia de nuestros países, incluyendo a Panamá, radica en la corrupción y la impunidad. Aquí lo normal es que todas las investigaciones sobre delitos de trascendencia queden en nada. Los pocos que avanzan en algún grado apuntan su índice acusador contra los denunciantes, no contra los denunciados. Y si la comunidad empuja, el aparato libera y declara inocentes a los culpables. Nada se investiga, nada concluye, nada se juzga, nada se falla. Todo queda pendiente hasta que el tiempo lo cubre con un manto de olvido.
El asesinato a tiros en 1980, en El Salvador, del monseñor Oscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba misa, no fue la excepción. Igual que en Panamá, no se hizo justicia, pese a que era fácil investigar y dar con los culpables. Todos los caminos conducían a la más alta jefatura de las Fuerzas Armadas, como acá con los asesinatos de Héctor Gallego, Hugo Spadafora, Rubén Miró, Waldomero Osorio, Marlene Mendizábal, el guardaespaldas de Billy Ford, y tantos otros. En la mayoría de los casos, los principales culpables están impunes. Lo mismo ocurrió con el monseñor Romero, cuya única justicia, moral, le vino por vías de una canción que inmortalizó Rubén Blades.
Quizás los muertos no descansen hasta que se sepa la verdad. Y a más de paz, el fallo pronunciado por el juez norteamericano Oliver, en Fresno, California, condenando al ex capitán del ejército salvadoreño Alvaro Saravia como uno de los culpables del asesinato de monseñor Romero, debe llevar un mensaje ejemplar, al tiempo que constituye una bofetada para la administración de justicia de El Salvador, al punto que la Iglesia del hermano país promueve la reapertura del caso.
Saravia ha sido condenado a pagar una indemnización a los familiares del monseñor por monto de $2.5 millones más una multa $7.5 millones por el crimen. En Estados Unidos, la condena penal trae aparejado el pago de reparaciones pecuniarias civiles; y éstas pueden proceder, incluso, si ha mediado un fallo de inocencia penal, siempre que existan evidencias que respalden una condena civil.
¿Qué habría hecho nuestra justicia? Obviamente, inhibirse, sobreseer a los responsables, declarar prescrita la causa, condenar a un chivo expiatorio, enjuiciar a los periodistas y a los denunciantes por calumnia e injuria, o simplemente indultarlo.
¿Es la democracia semidirecta la mejor opción? Una pregunta interesante que evaluaremos en otra ocasión.
augustoi@expresionesamp.net
Mientras el dinero sea lo primordial para valorar a una persona y rendirle o no pleitesía; mientras no haya sanciones para las personas que delinquen; mientras la cabeza de una oficina, de un gobierno o de la familia no sea honesta, seguiremos corrompidos unos por comisión otros por omisión.
Personalmente sólo rindo pleitesía a la inteligencia, a la capacidad, a la creatividad, a la honestidad.
Ojalá que Panamá salga del estado en que estamos para ejemplo de las generaciones futuras. Otra vez volveré sobre el tema, porque ahora se terminó el espacio.
