Otra misión "in loco"
En los primeros días de junio arribará a nuestro país -por tercera vez en 25 años- una misión "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta visita se dará en momentos en que la Oficina Nacional de Pastoral Social de Caritas Panamá, ha señalado que "el pueblo no tiene la posibilidad de expresar a quienes le gobiernan el dolor por las heridas causadas a sus posibilidades de vivir dignamente, sin ser reprimido, perseguido y detenido..."
Una misión de observación "in loco" puede tener lugar, ya sea por invitación del gobierno, o a iniciativa de la Comisión, con el consentimiento del gobierno. En el caso de Panamá, tanto la próxima, como las dos anteriores visitas, han sido el resultado de invitaciones extendidas por el gobierno panameño. En efecto, invitada por el general Torrijos, una Comisión Especial designada por la CIDH practicó una observación "in loco" en Panamá, entre los días 29 de noviembre y 7 de diciembre de 1977.
Valga retranscribir aquí el texto del cablegrama que el dictador Torrijos enviase a la Comisión y que habla por sí sólo de la arrogancia y el cinismo del régimen que entonces imperaba: "Han habido una serie de cargos infundados, injustos e irresponsables contra mi gobierno en cuanto a declaraciones sobre violaciones de los derechos humanos. En Panamá no somos perfectos, pero sí respetamos los derechos humanos de todas las personas que viven bajo nuestra geografía, y los nuevos tratados del canal son un símbolo para el mundo, de nuestro deseo de eliminar la discriminación y la injusticia. Recibiremos con agrado un informe y una visita de la CIDH para que se percaten de la realidad de nuestra política en materia de derechos humanos. Los invitamos para que viajen por cualquier parte de Panamá, que conversen con cualquiera, e informen al mundo. Les daré las llaves de nuestras cárceles, y si encuentran algún prisionero político, podrán ponerlo en libertad. Creo que el papel de la Comisión no debe ser el de investigar las violaciones a los derechos humanos, sino también el de desmentir los cargos infundados. Solamente así podrá estar el hemisferio libre de injusticias, pues aquí no encontrarán ni opresores ni oprimidos"
El resultado fue el "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá", aprobado en la 580 a sesión de la CIDH en Washington, el 22 de junio de 1978. El mismo recogió, a lo largo de más de cien páginas, el interminable rosario de violaciones a los Derechos Humanos "por el arbitrario ejercicio del poder" que se perpetraba ininterrumpidamente desde el 11 de octubre de 1968. La Comisión constató que el encierro, el destierro y el entierro eran parte del abecedario de la "dictadura con cariño".
Diez años más tarde, en septiembre de 1988, la CIDH solicitó al Gobierno de Panamá una visita "in loco". Entre los días 27 de febrero y 3 de marzo de 1989, esta vez por invitación del general Manuel Noriega, la Comisión visitó nuestro país. Su informe, presentado en noviembre de 1989, fue rechazado por la dictadura por considerar que "la Comisión con un criterio político ideologizado, ha limitado su atención a aquellos derechos que se relacionan directamente con un concepto de democracia circunscrito al gobierno que emana de un proceso electoral conforme a la tradición de las exigencias estadounidenses." El totalitarismo que imperaba y que no cesaba de arreciar desde el inicio de las protestas en junio de 1987, logró encontrar con la invasión de diciembre, el manto de impunidad que le ayudaría a dejar a sus víctimas sin justicia frente a sus verdugos.
Ahora, doce años desde la última visita "in loco" y, nuevamente invitada por el Gobierno, la CIDH estará unos días en Panamá. El Panamá que encontrarán es el que cuenta con el mismo ordenamiento legal que le legó la dictadura, sin que hasta la fecha se hayan promulgado -por parte de los tres (3) gobiernos electos que se han sucedido en el poder- leyes, procedimientos o mecanismos que tiendan al mejoramiento de las condiciones para una efectiva, real y cotidiana observancia de los Derechos Humanos.
Siguen vigentes, además de la misma constitución militarista de 1972 y el mismo Código Electoral lleno de normas antidemocráticas, un número pluralísimo de leyes que coartan, restringen, limitan la libertad de información y de expresión; las leyes de desacato (apadrinadas por el Procurador, el Defensor del Pueblo, la Procuradora de la Admnistración y la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia); un sistema carcelario donde no se respeta la seguridad e integridad personal de los presos y donde se violan los derechos de los reclusos y reclusas; la ausencia de un poder judicial independiente; el aberrante sistema de los jueces de policía nocturnos y corregidores, las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias; el pisoteo al debido proceso; las violaciones al derecho de tránsito con los constantes retenes; las violaciones al derecho a la salud y vivienda; la negación al derecho de participación en el gobierno; el cercenamiento de derechos políticos y la permanente política de engaño a la población, mientras se practica una corrupción rampante de la mano de la impunidad. La Comisión "in loco", sin duda, se preguntará: ¿Cómo hace el pueblo panameño para no volverse loco?
Una misión de observación "in loco" puede tener lugar, ya sea por invitación del gobierno, o a iniciativa de la Comisión, con el consentimiento del gobierno. En el caso de Panamá, tanto la próxima, como las dos anteriores visitas, han sido el resultado de invitaciones extendidas por el gobierno panameño. En efecto, invitada por el general Torrijos, una Comisión Especial designada por la CIDH practicó una observación "in loco" en Panamá, entre los días 29 de noviembre y 7 de diciembre de 1977.
Valga retranscribir aquí el texto del cablegrama que el dictador Torrijos enviase a la Comisión y que habla por sí sólo de la arrogancia y el cinismo del régimen que entonces imperaba: "Han habido una serie de cargos infundados, injustos e irresponsables contra mi gobierno en cuanto a declaraciones sobre violaciones de los derechos humanos. En Panamá no somos perfectos, pero sí respetamos los derechos humanos de todas las personas que viven bajo nuestra geografía, y los nuevos tratados del canal son un símbolo para el mundo, de nuestro deseo de eliminar la discriminación y la injusticia. Recibiremos con agrado un informe y una visita de la CIDH para que se percaten de la realidad de nuestra política en materia de derechos humanos. Los invitamos para que viajen por cualquier parte de Panamá, que conversen con cualquiera, e informen al mundo. Les daré las llaves de nuestras cárceles, y si encuentran algún prisionero político, podrán ponerlo en libertad. Creo que el papel de la Comisión no debe ser el de investigar las violaciones a los derechos humanos, sino también el de desmentir los cargos infundados. Solamente así podrá estar el hemisferio libre de injusticias, pues aquí no encontrarán ni opresores ni oprimidos"
El resultado fue el "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá", aprobado en la 580 a sesión de la CIDH en Washington, el 22 de junio de 1978. El mismo recogió, a lo largo de más de cien páginas, el interminable rosario de violaciones a los Derechos Humanos "por el arbitrario ejercicio del poder" que se perpetraba ininterrumpidamente desde el 11 de octubre de 1968. La Comisión constató que el encierro, el destierro y el entierro eran parte del abecedario de la "dictadura con cariño".
Diez años más tarde, en septiembre de 1988, la CIDH solicitó al Gobierno de Panamá una visita "in loco". Entre los días 27 de febrero y 3 de marzo de 1989, esta vez por invitación del general Manuel Noriega, la Comisión visitó nuestro país. Su informe, presentado en noviembre de 1989, fue rechazado por la dictadura por considerar que "la Comisión con un criterio político ideologizado, ha limitado su atención a aquellos derechos que se relacionan directamente con un concepto de democracia circunscrito al gobierno que emana de un proceso electoral conforme a la tradición de las exigencias estadounidenses." El totalitarismo que imperaba y que no cesaba de arreciar desde el inicio de las protestas en junio de 1987, logró encontrar con la invasión de diciembre, el manto de impunidad que le ayudaría a dejar a sus víctimas sin justicia frente a sus verdugos.
Ahora, doce años desde la última visita "in loco" y, nuevamente invitada por el Gobierno, la CIDH estará unos días en Panamá. El Panamá que encontrarán es el que cuenta con el mismo ordenamiento legal que le legó la dictadura, sin que hasta la fecha se hayan promulgado -por parte de los tres (3) gobiernos electos que se han sucedido en el poder- leyes, procedimientos o mecanismos que tiendan al mejoramiento de las condiciones para una efectiva, real y cotidiana observancia de los Derechos Humanos.
Siguen vigentes, además de la misma constitución militarista de 1972 y el mismo Código Electoral lleno de normas antidemocráticas, un número pluralísimo de leyes que coartan, restringen, limitan la libertad de información y de expresión; las leyes de desacato (apadrinadas por el Procurador, el Defensor del Pueblo, la Procuradora de la Admnistración y la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia); un sistema carcelario donde no se respeta la seguridad e integridad personal de los presos y donde se violan los derechos de los reclusos y reclusas; la ausencia de un poder judicial independiente; el aberrante sistema de los jueces de policía nocturnos y corregidores, las detenciones y privaciones de libertad arbitrarias; el pisoteo al debido proceso; las violaciones al derecho de tránsito con los constantes retenes; las violaciones al derecho a la salud y vivienda; la negación al derecho de participación en el gobierno; el cercenamiento de derechos políticos y la permanente política de engaño a la población, mientras se practica una corrupción rampante de la mano de la impunidad. La Comisión "in loco", sin duda, se preguntará: ¿Cómo hace el pueblo panameño para no volverse loco?
