Otra vez declaraciones juradas
En el año 1994, si la memoria no me falla, por primera vez escribí un artículo de opinión en torno a la necesidad de desarrollar el principio contenido en el artículo 299 de la Constitución Nacional, esto es, la obligatoriedad para ciertos funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas de estado patrimonial al inicio y al término de sus funciones.
En 1997, actuando en mi calidad de primer suplente a legislador, presenté un ante proyecto de ley sobre dicha materia, siguiendo la línea del llamado "Estatuto Anticorrupción", que fuera aprobado por el Senado colombiano hace un par de años. Casi de inmediato, el Procurador General de la Nación presentó un proyecto similar, aunque con una visión diametralmente distinta en cuanto al carácter público que deben tener las declaraciones juradas de estado patrimonial. Para mí, todo ciudadano debe tener acceso a estas declaraciones; para el Procurador Sossa, las mismas tienen carácter reservado y sólo deben ser del conocimiento del funcionario de instrucción, cuando se realice una investigación penal en contra del funcionario declarante. Sea cual sea la opinión sobre el contenido de ambas iniciativas legislativas, lo cierto es que la Comisión de Gobierno no se interesó nunca por discutirlas y mucho menos, mostró interés en aprobar alguna de las dos en primer debate.
Ahora, en víspera de la toma de posesión de un nuevo gobierno, creo conveniente y oportuno abordar, una vez más, el tema de las declaraciones juradas de estado patrimonial. En pocas semanas, por mandato constitucional, una gran cantidad de funcionarios públicos deberán presentar sus respectivas declaraciones, tanto los que terminan sus funciones como los que empiezan en las mismas. Lo ideal sería que todos los que deben hacerlo, cumplieran con su obligación y a la vez, que la ciudadanía en general tenga derecho a conocer el contenido de las declaraciones juradas correspondientes.
Para que ello sea así, presentaré en septiembre próximo ante la nueva Asamblea, el anteproyecto que pusimos a consideración del actual Pleno de la Asamblea Legislativa, con algunas modificaciones que fueran sugeridas por el licenciado Rubén Elías Rodríguez del MOLIRENA y por otro lado, un equipo de abogados de la Contraloría General de la República, el cual laboró por instrucciones del ex-Contralor Arístides Romero (q.e.p.d.), quien siempre mostró mucho interés en la iniciativa propuesta.
En la propuesta que hemos diseñado, se establecen claramente las sanciones por el incumplimiento en la obligación de prestar dicha declaración jurada, así como se señala cuál es la información mínima que debe contener la misma. Además, se deja bien claro que esas declaraciones son públicas y por ende, de libre acceso para toda aquella persona que muestre interés en conocer su contenido. Espero que, esta vez, sí encontremos una Asamblea Legislativa dispuesta a discutir el tema y una ciudadanía con la voluntad de apoyar nuestra propuesta, exigiendo su aprobación y aplicación inmediata, ya que se trata de una medida necesaria para combatir la corrupción gubernamental.
En 1997, actuando en mi calidad de primer suplente a legislador, presenté un ante proyecto de ley sobre dicha materia, siguiendo la línea del llamado "Estatuto Anticorrupción", que fuera aprobado por el Senado colombiano hace un par de años. Casi de inmediato, el Procurador General de la Nación presentó un proyecto similar, aunque con una visión diametralmente distinta en cuanto al carácter público que deben tener las declaraciones juradas de estado patrimonial. Para mí, todo ciudadano debe tener acceso a estas declaraciones; para el Procurador Sossa, las mismas tienen carácter reservado y sólo deben ser del conocimiento del funcionario de instrucción, cuando se realice una investigación penal en contra del funcionario declarante. Sea cual sea la opinión sobre el contenido de ambas iniciativas legislativas, lo cierto es que la Comisión de Gobierno no se interesó nunca por discutirlas y mucho menos, mostró interés en aprobar alguna de las dos en primer debate.
Ahora, en víspera de la toma de posesión de un nuevo gobierno, creo conveniente y oportuno abordar, una vez más, el tema de las declaraciones juradas de estado patrimonial. En pocas semanas, por mandato constitucional, una gran cantidad de funcionarios públicos deberán presentar sus respectivas declaraciones, tanto los que terminan sus funciones como los que empiezan en las mismas. Lo ideal sería que todos los que deben hacerlo, cumplieran con su obligación y a la vez, que la ciudadanía en general tenga derecho a conocer el contenido de las declaraciones juradas correspondientes.
Para que ello sea así, presentaré en septiembre próximo ante la nueva Asamblea, el anteproyecto que pusimos a consideración del actual Pleno de la Asamblea Legislativa, con algunas modificaciones que fueran sugeridas por el licenciado Rubén Elías Rodríguez del MOLIRENA y por otro lado, un equipo de abogados de la Contraloría General de la República, el cual laboró por instrucciones del ex-Contralor Arístides Romero (q.e.p.d.), quien siempre mostró mucho interés en la iniciativa propuesta.
En la propuesta que hemos diseñado, se establecen claramente las sanciones por el incumplimiento en la obligación de prestar dicha declaración jurada, así como se señala cuál es la información mínima que debe contener la misma. Además, se deja bien claro que esas declaraciones son públicas y por ende, de libre acceso para toda aquella persona que muestre interés en conocer su contenido. Espero que, esta vez, sí encontremos una Asamblea Legislativa dispuesta a discutir el tema y una ciudadanía con la voluntad de apoyar nuestra propuesta, exigiendo su aprobación y aplicación inmediata, ya que se trata de una medida necesaria para combatir la corrupción gubernamental.
