¿Otro "magistradedo"?
En la búsqueda de una " democracia para todos", vemos cómo los "supremos poseedores de la Verdad o la Moral", se aprestan para repetir en la Corte Suprema de Justicia la otrora -tantas veces repudiada por ellos mismos- práctica de la "dedocracia".
En esta ocasión, nuevamente surgen nombres de " allegados" al Organo Ejecutivo para ocupar la posición que quedará vacante en la Sala Penal de la Corte, al vencérsele el 31 de diciembre próximo, el período al magistrado José Manuel Faúndes. El actual Contralor General de la República, el Ministro de Gobierno y Justicia, un viceministro, una integrante de la Defensoría de Oficio se anuncian ya y se promueven como futuro Magistrado porque, según cada uno de ellos: "reúno las condiciones".
La situación que vive el Organo Judicial a raíz de los dos últimos nombramientos de magistrados, ha sido y es analizada constantemente por los profesionales del Derecho, pero es sufrida cotidianamente de mil maneras -y como nunca- por las personas naturales y jurídicas. Estamos muy lejos de alcanzar el objetivo planteado por el hoy Presidente de la máxima corporación, cuando en el discurso de su toma de posesión -el pasado principio de enero- aspira a que: " el desempeño de la judicatura descanse sobre una actuación fundada en la integridad y transparencia, capaz de merecer la confianza nacional".
Cobra entonces -nuevamente- especial importancia el Manifiesto dado a la luz pública, hace casi un año, bajo el título de "Un Organo Judicial independiente: un compromiso de Estado" por un número plural de organizaciones, gremios y asociaciones profesionales, académicas y laborales, entre las cuales contamos al Colegio Nacional de Abogados; la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá; la Federación Nacional de Servidores Públicos; el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus 28 organizaciones; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Panameño por los Derechos Humanos, el Instituto de Criminología; la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología; el Centro de Asistencia Legal Popular, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la Universidad Santa María La Antigua; la Universidad para la Paz y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
En ella leemos que: "Preocupados por la actual percepción ciudadana sobre la falta de independencia de quienes deben ejercer la sagrada misión de administrar justicia en nuestro país, y tomando en cuenta que un sistema eficaz e imparcial de Administración de Justicia es fundamental para preservar el Estado de Derecho, mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión, el crecimiento económico y la justicia en la Nación panameña, las organizaciones abajo firmantes, queremos compartir con la opinión pública nuestra posición sobre la próxima designación y ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
"Reconocemos que la responsabilidad en la escogencia de estos funcionarios, según lo establece nuestra Constitución Política, corresponde de manera privativa al Organo Ejecutivo y su ratificación al Legislativo. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a los órganos Ejecutivo y Legislativo para que en esta nueva oportunidad que se brinda se le devuelva la credibilidad y confianza al país con ocasión de la próxima designación y ratificación de dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
"Consideramos que, además de los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, cuyo sistema merece de manera urgente una reforma o una reglamentación, los candidatos o candidatas en el futuro inmediato deben contar, entre otros atributos, con el siguiente perfil:
Independencia de criterio: Debe ser una persona independiente de los intereses de los partidos políticos. Los magistrados designados deben sentir que su designación obedece a su capacidad y ejecutorias como juristas y no a su vinculación política.
Integridad: Debe conocer, ser consciente y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en el ejercicio de funciones públicas y privadas, debe haber actuado en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.
Éticos: Debe ser una persona con probada conducta ética en su vida pública y privada y debe estar dispuesto al escrutinio de la misma.
Profesionales: Haber ejercido el derecho con experiencia y éxito demostrado a través de su actividad profesional como jurista, educador o funcionario judicial.
Académicos: Su formación académica debe ser excelente, y contar con una demostrada habilidad en la investigación jurídica".
"Conociendo la importancia que en la sociedad tiene el Órgano Judicial, para garantizar la seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión nacional y extranjera, somos de opinión que la selección rigurosa que haga el Ejecutivo de los candidatos debe tomar en cuenta, además de la formación jurídica, una trayectoria prístina y un apego permanente a los ideales de justicia, lo que significa una probada independencia de criterio, ya que en el ejercicio de sus funciones estos funcionarios deben decidir negocios jurídicos de la mayor importancia" El manifiesto concluye diciendo que: "Confiamos en que quienes dirigen los destinos de la República, contribuyan a que se concilien los más caros anhelos de justicia, que con justificación la ciudadanía demanda". Ojalá y las cúpulas del arnulfismo y el PRD en sus negociaciones de repartición de posiciones, no olviden nuevamente las aspiraciones de cambio y que la " dedocracia" no vuelva a imponerse.
Como consecuencia de esa premisa, ni los panameños ni los colombianos pueden comprar comida ni ropa en El Real o en Yaviza para llevar a Punusa, como tampoco aceite o sal, porque se piensa que es para la guerrilla.
Tanto es así que una joven fue torturada por la Policía, que la acusaba de guerrillera. Le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y casi muere asfixiada. No volvió a salir de Punusa por estar aterrorizada.
Si los nativos transportan en sus botes a algún desplazado, tienen problemas con los agentes policiales, sin importar que ese desplazado esté enfermo o tenga una cita médica en Boca de Cupe.
El Panamá América pudo comprobar que en esa población hay dos personas, entre éstas un menor de 14 años, que repentinamente quedaron paralizadas sin poder caminar. No saben a qué se debe su mal. Una es indígena y el joven es colombiano.
Contrariamente, los pobladores se quejan de que no hay seguridad policial cerca de su poblado y, por tanto, pueden ser presa fácil de los paramilitares.
Ya se ha dicho que en Punusa conviven dos etnias con costumbres muy distintas. Pero una de ellas, la latina, se ha adaptado de manera muy particular al estilo de vida de su comunidad receptora.
Un ejemplo de ello son Nora y Pepe, una pareja que destila por sus poros amor y empatía, aún en las circunstancias aciagas que le ha tocado vivir.
Tienen cuatro hijos de 19, 7, 2 y un año de edad. Llegaron en 1997 a Darién, cuando la primera incursión masiva de desplazados. No tienen aún estatus de refugiados y por eso tienen a Punusa por cárcel.
Trabajan sus montes y complementan su alimentación con animales que logran cazar, como monos y conejos.
Su vivienda está construida a la usanza indígena, asentada sobre horcones y sin paredes ni divisiones, a excepción de un pequeño cuarto donde la ausencia de camas salta a la vista.
Tampoco hay letrina ni baño. El río Tuira suple esas necesidades.
Muy cerca de Pepe y Nora vive Víctor Vargas, abuelo de Kelly, quien junto a sus amiguitos Erica Paola y Christian, se mostró muy interesada en aprender a cantar los pollitos. Formaron un coro y practicaron la canción para no olvidarla.
Vargas también huyó de Río Ciego (que desemboca en Salaquí), Colombia. Vivía tranquilo en su finca donde criaba puercos, gallinas y vacas.
Un día, el 24 de febrero de 1997, empezaron los bombardeos del ejército a la comunidad. La tierra temblaba y con ella los pobladores.
Fueron evacuados hacia Pavarandó en Antioquia. Pasado un tiempo, el gobierno llegó a un acuerdo con los evacuados y regresaron a sus tierras, sólo para encontrarse en un lugar totalmente inseguro.
Los paramilitares incursionaron, mataron a algunos y saquearon sus fincas. Decidieron salir en burros. Su esposa no aguantó. Estaba recién operada y murió. Fue sepultada en un pueblo cercano.
Se encaminaron a Darién y se introdujeron en la trocha del río Susugantí, que llega a Punusa, recorrida en parte por este medio.
Allí vive ahora, cinco años después, en calidad de refugiado temporal. “En silencio estamos presos”, dice en alusión a que no puede salir de la población a vender los productos que cosechan con tanto esfuerzo. Como alternativa los venden a la orilla del río, pero con resultados no muy halagüeños.
Allá en Punusa quedaron todos llevando un estilo de vida de supervivencia, pero convencidos de que sólo unidos, pese a las diferencias culturales, pueden lograr sobrevivir.
En esta ocasión, nuevamente surgen nombres de " allegados" al Organo Ejecutivo para ocupar la posición que quedará vacante en la Sala Penal de la Corte, al vencérsele el 31 de diciembre próximo, el período al magistrado José Manuel Faúndes. El actual Contralor General de la República, el Ministro de Gobierno y Justicia, un viceministro, una integrante de la Defensoría de Oficio se anuncian ya y se promueven como futuro Magistrado porque, según cada uno de ellos: "reúno las condiciones".
La situación que vive el Organo Judicial a raíz de los dos últimos nombramientos de magistrados, ha sido y es analizada constantemente por los profesionales del Derecho, pero es sufrida cotidianamente de mil maneras -y como nunca- por las personas naturales y jurídicas. Estamos muy lejos de alcanzar el objetivo planteado por el hoy Presidente de la máxima corporación, cuando en el discurso de su toma de posesión -el pasado principio de enero- aspira a que: " el desempeño de la judicatura descanse sobre una actuación fundada en la integridad y transparencia, capaz de merecer la confianza nacional".
Cobra entonces -nuevamente- especial importancia el Manifiesto dado a la luz pública, hace casi un año, bajo el título de "Un Organo Judicial independiente: un compromiso de Estado" por un número plural de organizaciones, gremios y asociaciones profesionales, académicas y laborales, entre las cuales contamos al Colegio Nacional de Abogados; la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá; la Federación Nacional de Servidores Públicos; el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus 28 organizaciones; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Panameño por los Derechos Humanos, el Instituto de Criminología; la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología; el Centro de Asistencia Legal Popular, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la Universidad Santa María La Antigua; la Universidad para la Paz y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
En ella leemos que: "Preocupados por la actual percepción ciudadana sobre la falta de independencia de quienes deben ejercer la sagrada misión de administrar justicia en nuestro país, y tomando en cuenta que un sistema eficaz e imparcial de Administración de Justicia es fundamental para preservar el Estado de Derecho, mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión, el crecimiento económico y la justicia en la Nación panameña, las organizaciones abajo firmantes, queremos compartir con la opinión pública nuestra posición sobre la próxima designación y ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
"Reconocemos que la responsabilidad en la escogencia de estos funcionarios, según lo establece nuestra Constitución Política, corresponde de manera privativa al Organo Ejecutivo y su ratificación al Legislativo. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a los órganos Ejecutivo y Legislativo para que en esta nueva oportunidad que se brinda se le devuelva la credibilidad y confianza al país con ocasión de la próxima designación y ratificación de dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
"Consideramos que, además de los requisitos establecidos en nuestra Carta Magna, cuyo sistema merece de manera urgente una reforma o una reglamentación, los candidatos o candidatas en el futuro inmediato deben contar, entre otros atributos, con el siguiente perfil:
Independencia de criterio: Debe ser una persona independiente de los intereses de los partidos políticos. Los magistrados designados deben sentir que su designación obedece a su capacidad y ejecutorias como juristas y no a su vinculación política.
Integridad: Debe conocer, ser consciente y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en el ejercicio de funciones públicas y privadas, debe haber actuado en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley.
Éticos: Debe ser una persona con probada conducta ética en su vida pública y privada y debe estar dispuesto al escrutinio de la misma.
Profesionales: Haber ejercido el derecho con experiencia y éxito demostrado a través de su actividad profesional como jurista, educador o funcionario judicial.
Académicos: Su formación académica debe ser excelente, y contar con una demostrada habilidad en la investigación jurídica".
"Conociendo la importancia que en la sociedad tiene el Órgano Judicial, para garantizar la seguridad y certeza jurídica que requiere la inversión nacional y extranjera, somos de opinión que la selección rigurosa que haga el Ejecutivo de los candidatos debe tomar en cuenta, además de la formación jurídica, una trayectoria prístina y un apego permanente a los ideales de justicia, lo que significa una probada independencia de criterio, ya que en el ejercicio de sus funciones estos funcionarios deben decidir negocios jurídicos de la mayor importancia" El manifiesto concluye diciendo que: "Confiamos en que quienes dirigen los destinos de la República, contribuyan a que se concilien los más caros anhelos de justicia, que con justificación la ciudadanía demanda". Ojalá y las cúpulas del arnulfismo y el PRD en sus negociaciones de repartición de posiciones, no olviden nuevamente las aspiraciones de cambio y que la " dedocracia" no vuelva a imponerse.
Como consecuencia de esa premisa, ni los panameños ni los colombianos pueden comprar comida ni ropa en El Real o en Yaviza para llevar a Punusa, como tampoco aceite o sal, porque se piensa que es para la guerrilla.
Tanto es así que una joven fue torturada por la Policía, que la acusaba de guerrillera. Le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y casi muere asfixiada. No volvió a salir de Punusa por estar aterrorizada.
Si los nativos transportan en sus botes a algún desplazado, tienen problemas con los agentes policiales, sin importar que ese desplazado esté enfermo o tenga una cita médica en Boca de Cupe.
El Panamá América pudo comprobar que en esa población hay dos personas, entre éstas un menor de 14 años, que repentinamente quedaron paralizadas sin poder caminar. No saben a qué se debe su mal. Una es indígena y el joven es colombiano.
Contrariamente, los pobladores se quejan de que no hay seguridad policial cerca de su poblado y, por tanto, pueden ser presa fácil de los paramilitares.
Ya se ha dicho que en Punusa conviven dos etnias con costumbres muy distintas. Pero una de ellas, la latina, se ha adaptado de manera muy particular al estilo de vida de su comunidad receptora.
Un ejemplo de ello son Nora y Pepe, una pareja que destila por sus poros amor y empatía, aún en las circunstancias aciagas que le ha tocado vivir.
Tienen cuatro hijos de 19, 7, 2 y un año de edad. Llegaron en 1997 a Darién, cuando la primera incursión masiva de desplazados. No tienen aún estatus de refugiados y por eso tienen a Punusa por cárcel.
Trabajan sus montes y complementan su alimentación con animales que logran cazar, como monos y conejos.
Su vivienda está construida a la usanza indígena, asentada sobre horcones y sin paredes ni divisiones, a excepción de un pequeño cuarto donde la ausencia de camas salta a la vista.
Tampoco hay letrina ni baño. El río Tuira suple esas necesidades.
Muy cerca de Pepe y Nora vive Víctor Vargas, abuelo de Kelly, quien junto a sus amiguitos Erica Paola y Christian, se mostró muy interesada en aprender a cantar los pollitos. Formaron un coro y practicaron la canción para no olvidarla.
Vargas también huyó de Río Ciego (que desemboca en Salaquí), Colombia. Vivía tranquilo en su finca donde criaba puercos, gallinas y vacas.
Un día, el 24 de febrero de 1997, empezaron los bombardeos del ejército a la comunidad. La tierra temblaba y con ella los pobladores.
Fueron evacuados hacia Pavarandó en Antioquia. Pasado un tiempo, el gobierno llegó a un acuerdo con los evacuados y regresaron a sus tierras, sólo para encontrarse en un lugar totalmente inseguro.
Los paramilitares incursionaron, mataron a algunos y saquearon sus fincas. Decidieron salir en burros. Su esposa no aguantó. Estaba recién operada y murió. Fue sepultada en un pueblo cercano.
Se encaminaron a Darién y se introdujeron en la trocha del río Susugantí, que llega a Punusa, recorrida en parte por este medio.
Allí vive ahora, cinco años después, en calidad de refugiado temporal. “En silencio estamos presos”, dice en alusión a que no puede salir de la población a vender los productos que cosechan con tanto esfuerzo. Como alternativa los venden a la orilla del río, pero con resultados no muy halagüeños.
Allá en Punusa quedaron todos llevando un estilo de vida de supervivencia, pero convencidos de que sólo unidos, pese a las diferencias culturales, pueden lograr sobrevivir.
