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Pacto social, urgencia nacional


El sostenimiento de políticas públicas y de reformas estructurales, sean de carácter social, políticas o económicas, depende siempre del nivel de credibilidad y apoyo de los asociados.
Si revisamos las últimas encuestas, de la Princeton Survey Research Associated por encargo del Banco Mundial, y demás organismos investigativos de las instituciones financieras internacionales, nos percataremos que la opinión pública de América Latina está en contra de las reformas de mercado y las privatizaciones.
El 75% de los latinoamericanos piensa que las privatizaciones y las políticas de mercado han traído consigo mayor pobreza y desempleo a nuestros países.
De ahí que las mismas se hayan empantanado y disminuido desde 1998. Sin embargo, en abierto contraste de lo anterior, los orientadores de la opinión pública, las grandes corporaciones de televisión, radio y prensa, alienadas a sus intereses económicos, las alientan y promueven sin ningún asomo de ética ni moral social.
Luego del banquete de Washington (consensus), hoy tenemos en el menú de las IFIs, cuatro tareas a cumplir, a fin de preservar la capacidad de pago de la deuda: Procurar reducir la vulnerabilidad de los factores externos, creando reservas (tipo fondo fiduciario), fortalecer la supervisión y regulación financiera, así como aumentar el ahorro interno.
Todo está muy lejos de quedar ahí. Estas coordenadas vienen acompañadas de una nueva oleada de reformas que profundizan las ya conocidas, donde se incluyen la flexibilización laboral, las mayores privatizaciones y la apertura total de los mercados. Y como hemos quedado muy maltrechos con las primeras, nos recomiendan otras que denominan "de segunda generación", que beneficiarán a los panameños a futuro, tales como: la seguridad social, la reforma judicial, la Constitución política y la reforma tributaria.
Si estamos vivos para entonces, debemos promover la equidad a través de una reforma educativa donde los indígenas tengan igualdad de oportunidades y acceso a la tecnología e Internet, y toda la nación hable buen inglés, a fin de atender las exigencias de los mercados internacionales y el turismo.
Se me olvida, debemos repartir muchos títulos de propiedad a los campesinos, pequeños productores, invasores de la propiedad ajena o del Estado, y ver dónde quedan unos realitos para insertarlos en el crédito bancario... ¡Qué ironía!
Los panameños nos hemos pasado los últimos 50 años de ensayo en ensayo, buscando en las corrientes liberales (de Samudio) hasta el neoliberalismo de Chapman, la fórmula mágica y las tecnologías apropiadas para nuestros servicios y la agroindustria, sin lograrlo.
Las privatizaciones no han sido otra cosa que el despojo de nuestra riqueza estratégica (aguas y posición geográfica, así como recurso humano adiestrado) al servicio de poderosos monopolios privados que extraditan a sus cuentas internacionales los recursos líquidos que le servían al Estado para flexibilizar sus presupuestos e inversiones sociales.
No debemos extrañarnos que la teoría del transitismo interoceánico que privilegia nuestra economía de servicios (en detrimento del agro y la industria nacional) concentren en las riberas del Canal (Panamá y Colón) el 76 % de la población total del país, y el 72% de todo el desempleo.
El liberalismo económico y sus nuevas concepciones están impregnados de individualismo, egoísta y mezquino. Propugnan por la ley del más fuerte y no reparan en someter el recurso humano y los conocimientos al gran capital financiero.
La lucha contra la pobreza, el desempleo y subdesarrollo exigen un nivel superior de ética, moral y humanismo. De ahí que se imponga la urgente necesidad de consensuar un gran Pacto Social, que resuelva pacíficamente la inequidad en la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, y la democracia pueda convertirse en cultura de convivencia nacional.

101 años de Panamá América

 
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