PAFCO, COOSEMUPAR, el gobierno y BNP
El lunes 30 de junio de 2003, los obreros de Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), subsidiaria de Chiquita Brands, asumieron la operación de miles de hectáreas sembradas de banano luego que la empresa manifestara que no podía mantener funcionando en forma rentable las plantaciones habida cuenta de las constantes confrontaciones laborales (1998 y 2000) y la situación de los mercados internacionales.
Los obreros, agrupados a través de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), obtuvieron tal logro gracias al apoyo del Gobierno Nacional y, en particular, del financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Panamá (BNP). Chiquita Brands también facilitó la transacción con un contrato de suministro que le garantiza la colocación de la fruta.
Menos de un año después, el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP) y el BNP, intervinieron COOSEMUPAR, como parte del acuerdo que firmó la junta directiva provisional del Sindicato de Trabajadores (SITRACHILCO), promotora inicial de COOSEMUPAR, con la Comisión de Alto Nivel nombrada por el gobierno anterior, a raíz de la denuncia de irregularidades en la administración y diferencias entre la dirigencia sindical. Domiciano Cárdenas fue designado como interventor.
Desde entonces, el interventor ha tenido las riendas de la operación de las fincas bananeras y recientemente más de dos mil obreros acordaron en asamblea general solicitar al Gobierno Nacional que se renegocie el contrato con el Estado y el BNP, ya que las finanzas de COOSEMUPAR están en situación precaria. En otras palabras, ahora los trabajadores se han dado cuenta que PAFCO y Chiquita Brands no mentían cuando les decían que estaban perdiendo dinero. ¿Quién los convenció que ellos sí podían explotar las fincas en forma rentable? ¿Por qué sus bolsillos serían más profundos que los de Chiquita para soportar las pérdidas? ¿Qué les permite producir la fruta mejor que Chiquita?
El gobierno anterior fue cómplice al aceptar la propuesta de los trabajadores. El BNP fue irresponsable en prestarle dinero de sus depositantes para esa aventura. Ahora, ocurrirá lo que en su momento debió ocurrir: el gobierno asumirá la operación de las fincas hasta tanto encuentre a un operador que cuente con la capacidad técnica y financiera para producir y mercadear la fruta en los mercados internacionales. La provincia y el país que debe subsidiarla habrá perdido ya tres años desde que Chiquita anunció que regresaría las fincas.
Los obreros, agrupados a través de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), obtuvieron tal logro gracias al apoyo del Gobierno Nacional y, en particular, del financiamiento otorgado por el Banco Nacional de Panamá (BNP). Chiquita Brands también facilitó la transacción con un contrato de suministro que le garantiza la colocación de la fruta.
Menos de un año después, el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP) y el BNP, intervinieron COOSEMUPAR, como parte del acuerdo que firmó la junta directiva provisional del Sindicato de Trabajadores (SITRACHILCO), promotora inicial de COOSEMUPAR, con la Comisión de Alto Nivel nombrada por el gobierno anterior, a raíz de la denuncia de irregularidades en la administración y diferencias entre la dirigencia sindical. Domiciano Cárdenas fue designado como interventor.
Desde entonces, el interventor ha tenido las riendas de la operación de las fincas bananeras y recientemente más de dos mil obreros acordaron en asamblea general solicitar al Gobierno Nacional que se renegocie el contrato con el Estado y el BNP, ya que las finanzas de COOSEMUPAR están en situación precaria. En otras palabras, ahora los trabajadores se han dado cuenta que PAFCO y Chiquita Brands no mentían cuando les decían que estaban perdiendo dinero. ¿Quién los convenció que ellos sí podían explotar las fincas en forma rentable? ¿Por qué sus bolsillos serían más profundos que los de Chiquita para soportar las pérdidas? ¿Qué les permite producir la fruta mejor que Chiquita?
El gobierno anterior fue cómplice al aceptar la propuesta de los trabajadores. El BNP fue irresponsable en prestarle dinero de sus depositantes para esa aventura. Ahora, ocurrirá lo que en su momento debió ocurrir: el gobierno asumirá la operación de las fincas hasta tanto encuentre a un operador que cuente con la capacidad técnica y financiera para producir y mercadear la fruta en los mercados internacionales. La provincia y el país que debe subsidiarla habrá perdido ya tres años desde que Chiquita anunció que regresaría las fincas.
